Fernanda Durán
Mientras el Congreso del Estado se mantiene pendiente sobre la crisis financiera de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la solicitud de juicio político anunciada por el empresario Fabián Espinosa Díaz de León, las posturas entre las bancadas parlamentarias se mantienen divididas.
El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, calificó como “chantaje” las advertencias de la universidad respecto a una eventual suspensión de actividades por falta de recursos.
“Es que imagínate que ahora resulte que a lo mejor la insistencia de pago. A mi juicio del chantaje de decir ‘si no me pagan, se paran las clases’ me parece un chantaje”.
El legislador agregó que la UASLP, al manejar recursos públicos, tiene la obligación de transparentar su gasto.
“Yo no veo por qué la universidad que utiliza recursos públicos que provienen de la misma forma que cualquier ingreso público pudiera tener una negativa a dar una explicación. A mí sí me gustaría saber cuánto es lo que… así como les interesa cómo ganan los diputados, me gustaría saber cuánto ganan los rectores, el rector, los directores, los asesores”.
Serrano Cortés confirmó que, hasta el momento, no se ha citado a comparecer al rector Alejandro Zermeño Guerra, aunque el Congreso tiene facultades para hacerlo.
“Nosotros no lo hemos citado a comparecer. (…) No ha habido una propuesta formal para citarlo a comparecer. Sé por ahí que hay alguien que está promoviendo un juicio político. Es lo que se ha dicho en medios. Estaremos atentos para recibirlo. Pero en este momento nosotros no hemos abordado hoy el tema”, señaló.
Por su parte, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, consideró que el conflicto entre la universidad y la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. debe resolverse por la vía judicial y no política.
“Creo que hay una controversia en manera mercantil entre una entidad privada y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. (…) El camino y el procedimiento correcto es llevarlo a un juicio mercantil o civil”, expresó.
Añadió que la ley es clara respecto a quiénes pueden ser sujetos de juicio político y bajo qué causales: “Primero habría que recibir en su momento la solicitud y hacer un análisis profundo. Pero creo que el procedimiento es otra vía”.
Guajardo Barrera subrayó que, hasta ahora, el Congreso no ha recibido ninguna solicitud formal, “nosotros no tenemos ninguna documental para poderte hablar a profundidad sobre este tema en específico”.
En tanto, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, Gabriela López Torres, confirmó que el Congreso sí está facultado legalmente para llamar a comparecer al rector o para tramitar un juicio político, siempre y cuando exista una petición ciudadana sustentada en pruebas.
“Si la pregunta es, ¿podemos? Sí. Está en la ley, ahí se establece. Sin embargo, no se ha hecho”.
López Torres llamó a no partidizar el tema y que, antes que discutir sanciones, el Congreso debería exigir una solución al adeudo que el Gobierno del Estado mantiene con la universidad, el cual ha afectado el funcionamiento académico.
“Yo considero que una cosa no está peleada con la otra. Si hay que llamar a comparecer, si alguien quiere ejercer un juicio político, tiene que hacerse con pruebas, no nada más porque yo digo o porque yo creo (…) Mejor veamos que esté ya el pago de la Universidad Autónoma, que esto sí violenta los derechos humanos de los jóvenes al no recibir una educación de calidad y en las mejores condiciones”.
Respecto al debate sobre si la UASLP puede ser considerada un organismo constitucional autónomo, López Torres señaló que es un tema complejo y que revisará el contenido de la sentencia de la Suprema Corte que ha sido citada en medios.
“Tendría yo que leer exactamente la sentencia porque después dice una cosa y resulta que ustedes tienen otra información y no es como está señalado”.
