María Ruiz
A más de un año de la tragedia ocurrida en el antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida y varias personas resultaron con heridas considerables, uno de los padres de las víctimas denunció públicamente lo que considera él y otras de las víctimas colaterales de este hecho como una ofensa y una falta de respeto hacia los afectados y hacia la sociedad potosina: la propuesta de los acusados para reparar los daños ocasionados.
De acuerdo con uno de los familiares, los señalados Nancy N., Ulises N. y Francisco N., a través de su defensa, ofrecieron como garantía por los gastos y daños una propiedad ubicada en la colonia San Leonel, en la capital potosina, con un valor estimado de 700 mil pesos.
Una de las familias víctimas considero que esta propuesta resulta “una ofensa pública dirigida a los potosinos y para las víctimas de esta tragedia”, pues se presenta “como si se tratara de una oferta de barata del Buen Fin”, cuando hay dos jóvenes que perdieron la vida y hay otros lesionados, algunos con secuelas de por vida y dos que aún no cuentan con una fe de sanidad médica, es decir, con un dictamen que permita saber si podrán recuperarse plenamente.
Una de las familias subrayó que la propuesta económica presentada por los hoy acusados “pretende tratar un hecho tan grave como si fuera una compra-venta común y corriente”, a pesar de que hay víctimas con lesiones permanentes y daños irreparables.
“Se les pide respeto y congruencia”, añadieron. “Tratan de hacerse responsables con una baratija”.
Los padres de las víctimas insistieron en que el valor del inmueble no corresponde al daño causado ni al sufrimiento de las familias afectadas.
En los documentos presentados ante el juez, se detalla que el inmueble ofrecido en garantía corresponde a una casa ubicada en la calle Taboada No. 554, en el Fraccionamiento San Clemente, adquirida en 1998 y con un valor catastral registrado en ese entonces de 80 mil 280.00 pesos, cifra que, aun con actualizaciones, no supera los 700 mil pesos actuales.
Audiencia intermedia confirmada
De acuerdo con los familiares, la audiencia intermedia del caso se llevará a cabo el 18 de noviembre a las 9:00 a.m., conforme lo determinó el juez.
“No es una salida alterna”, enfatizaron, aclarando que el proceso seguirá su curso judicial hasta que se determine la responsabilidad de los involucrados.
El caso se remonta al 7 de junio de 2024, cuando un hecho ocurrido dentro del antro Rich, ubicado en una plaza comercial al poniente de la capital potosina, dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos, además de exponer incumplimientos a las normas de operación y seguridad del establecimiento.
Por estos hechos, la Fiscalía vinculó a proceso a Nancy N., Ulises N. y Francisco N., bajo los delitos de homicidio culposo en comisión por omisión, corrupción de menores de personas sin capacidad de comprender el significado del hecho o resistirlo, en grado de tentativa, e incumplimiento de normas de funcionamiento.
Las familias de las víctimas insistieron en que no buscan venganza, sino justicia, y que lo mínimo que esperan es ser tratados con seriedad y humanidad por parte de los responsables.
“Tenemos víctimas con lesiones de por vida. Pedimos respeto y congruencia”, recalcó una de las familias afectadas , quienes consideran que la oferta de un inmueble “como si fuera una simple garantía de trámite” refleja falta de empatía y de conciencia ante el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos.
