Estela Ambriz Delgado
Durante el Foro Parlamento Abierto Ciudadano por la legislación hídrica que México necesita, quedó de manifiesto que la gestión deficiente del agua es lo que ha ocasionado la crisis hídrica permanente que se vive en la ciudad de San Luis Potosí, mientras que un mercado gris de concesiones ha contribuido a la sobreexplotación del acuífero.
En la apertura de la jornada de trabajo, organizada por el Consejo Hídrico Estatal (CHE), en coordinación con la Contraloría Nacional del Autónoma del Agua, y Agua para Todxs, la diputada Nancy Jeanine García afirmó que, como presidenta de la Comisión de Agua en el Congreso del Estado, tiene el compromiso de asegurar y garantizar el derecho humano al agua.
Asimismo, fortalecer la regulación de concesiones al evitar la privatización y proteger el agua como un bien común; fomentar la vigilancia social con el respaldo a iniciativas como las contralorías autónomas y sociales, a fin de afrontar desafíos asociados al calentamiento global, como sequías y lluvias de mayor intensidad, que afectan a productores agrícolas.
“Nos oponemos firmemente a cualquier iniciativa que busque la mercantilización del agua y en su lugar apoyamos un modelo de gestión pública y comunitaria, que asegure el acceso justo y equitativo al recurso hídrico y mantenerlo como un bien común que beneficie a la sociedad y no solo a intereses privados”.
Por su parte, el secretario del CHE, Edgar Piña Hernández, indicó que este foro se realiza como parte del trabajo de Agua para Todxs y la CNAA, en conjunto con diputados federales, para llevar a la ciudadanía la discusión de las iniciativas de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en diversas entidades, a fin de discutir las problemáticas regionales que, si bien son parecidas, tienen componentes distintos.
Dio inicio al evento al señalar que la crisis hídrica que se vive en el país, en algunos lugares como esta ciudad de manera permanente, es un problema de mala gestión más que de escasez estructural, pues incluso con el estrés hídrico permanente de este territorio por las cuestiones climatológicas, la escasez debería ser un poco menor si se supiera administrar mejor el recurso.
El también investigador explicó conceptos como el de cuenca hidrológica, que es una unidad territorial delimitada por una línea de máxima elevación, un parteaguas, y en donde se junta toda el agua en una zona territorial y se considera la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos del país.
Puntualizó que esto significa que la topografía y las características del territorio son las que definen las cuencas hidrológicas, y por ello es importante tener una gestión a nivel de cuenca, pues no es únicamente territorio sino los ecosistemas que hay en este, ya que la manera en que interactúan la vegetación tiene un impacto en el agua que se infiltra en el subsuelo.
En este sentido, subrayó que el agua es vital para todos los procesos ecológicos que permiten que los seres humanos tengan acceso a un medio ambiente sano y de calidad.
Sobre el concepto de acuífero, puntualizó que es una formación geológica o conjunto de formaciones geológicas, hidráulicamente conectadas entre sí, que son capaces de almacenar y transmitir agua subterránea, lo que es sumamente importante en el caso de San Luis Potosí, ya que en la mayor parte se depende del agua del subsuelo.
Advirtió que en el acuífero potosino los procesos de infiltración pueden durar inclusive miles de años, por lo que se habla de un recurso no renovable. Aunque se encuentra en veda desde la década de los 60, desde los 80 la sobreexplotación ha aumentado año con año junto con el crecimiento industrial.
Piña Hernández afirmó que esto da cuenta de la existencia de un mercado gris de derechos de agua, que permite la acumulación y el crecimiento desmedido sin respetar los límites naturales que puede soportar el ecosistema de la región.
Al respecto, hizo mención de la figura de Bancos de Agua, cuyo objetivo en teoría es ofrecer un espacio para que los titulares de concesiones y quienes necesitan sus derechos de agua puedan publicitar sus ofertas y demandas, al promover una asignación más eficiente del recurso y combatir el mercado informal.
Destacó que un ejemplo de la ausencia o mal manejo de esta figura es el estado, ya que para la utilización del sistema El Realito se debió haber dispuesto un banco de agua de acceso público para que todas las concesiones hídricas que se liberaron en Villa de Reyes pudieran ser ofertadas de manera pública.
Sin embargo, eso nunca sucedió y simplemente se permitió el tráfico de las concesiones liberadas para seguir dando viabilidad al crecimiento urbano industrial en la capital y sus alrededores, razón por la que es uno de los temas fundamentales en las propuestas de modificación a la LAN.
Piña Hernández detalló que del análisis del registro público de derechos de agua se encontró que Grupo Desarrollador CIMA acumuló derechos por más de 1 millón de metros cúbicos, lo que se considera acaparamiento, sobre todo de un acuífero en veda como el de San Luis Potosí, cuando se supone que no hay nuevos derechos de agua. A lo que se suma, el hecho de que el ex presidente de un consejo técnico local de aguas es ahora parte de la nómina de esta misma empresa.
“Es lo que ha facilitado el concesionamiento y la sobreextracción en todo el país (…) la libre transmisión de derechos y transferencia de derechos entre cuencas, que es parte de lo que permitiría la LAN como está actualmente. Sería el equivalente a un banco de concesiones que permitiría la transferencia de esos derechos entre cuencas, lo cual es contrario al derecho humano al agua; permitiría más la sobreexplotación en caso de extracción”, alertó.
Luego de esto, se conformaron las mesas de trabajo para analizar por temas estratégicos, entre los que estuvieron la no privatización del agua, sistemas de agua y saneamiento; derechos al agua para pueblos indígenas, ejidos, comunidades y pequeños productores; ordenamiento de concesiones y combate al acaparamiento; volúmenes para garantizar derechos humanos y colectivos al agua; y contaminación, fracking y protección de cuerpos de agua.
