María Ruiz
A un año de que el Congreso del Estado despenalizara la interrupción legal del embarazo (ILE), el acceso real a este derecho continúa siendo, según activistas feministas, una simulación burocrática.
La Colectiva ILE denunció que las cifras presentadas por los Servicios de Salud del Estado son confusas y no reflejan el número real de abortos voluntarios —es decir, aquellos decididos libremente por las mujeres dentro de las primeras doce semanas de gestación—, sino que agrupan todos los procedimientos bajo causales médicas o de riesgo, que ya eran legales antes de la reforma.
De acuerdo con los datos oficiales, entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 se realizaron 132 interrupciones del embarazo en hospitales públicos. Sin embargo, un 90 por ciento de esos casos fueron registrados por causales preexistentes: riesgo para la vida o la salud de la mujer, o malformaciones congénitas graves del producto.
Apenas un 10 por ciento, es decir, alrededor de 13 procedimientos, habrían sido realizados bajo la causal de decisión libre, la única incorporada a partir de la despenalización.
Para la Colectiva ILE, esta proporción es la evidencia más clara de la falta de transparencia en la aplicación de la ley.
“No se están reportando los abortos voluntarios como tales, sino que se clasifican bajo causales médicas. Eso distorsiona las cifras y oculta la realidad del acceso; es una forma de violencia institucional y de negación del derecho a decidir”, afirmaron las integrantes en rueda de prensa.
La organización explicó que las cifras oficiales no solo son opacas, sino que reflejan una práctica sistemática de obstaculización del servicio.
En muchos hospitales, dijeron, las mujeres que solicitan la ILE enfrentan dilaciones, interrogatorios innecesarios y derivaciones constantes que las obligan a desistir o a buscar alternativas fuera del sistema público. En otros casos, los médicos catalogan de “causal de salud” lo que en realidad es una solicitud por decisión personal, para evitar conflictos internos o el señalamiento de colegas objetores.
Uno de los principales problemas, subrayó la Colectiva, es la falta de personal no objetor. En el Hospital General de Ciudad Valles, por ejemplo, de 17 profesionales de la salud con capacidad de atender abortos, 10 se declararon objetores de conciencia, lo que deja al servicio con apenas siete personas disponibles para cubrir toda la demanda.
Situaciones similares se presentan en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez y en un hospital del sistema IMSS-Bienestar, donde además se ha denunciado que se exige a las víctimas de violación presentar una denuncia penal para acceder a la interrupción, un requisito que es ilegal y contraviene las normas federales de atención.
“Hay mujeres que llegan dentro del plazo legal, pero al ser rebotadas de una unidad a otra o por falta de médicos disponibles, terminan superando las 12 semanas y se les niega el procedimiento. Esa demora institucional es otra forma de negar el derecho”, explicó una de las voceras de la colectiva.
A esta situación se suma la falta de información pública clara. Según el colectivo, los Servicios de Salud no han respondido de forma completa a las solicitudes de transparencia, ni han detallado cuántos de los abortos realizados corresponden realmente a la causal de decisión libre. En su respuesta oficial, la dependencia únicamente desglosó los casos por tipo de causal médica, sin especificar el número de interrupciones voluntarias.
“Las cifras no cuadran con la realidad del aborto voluntario. Es una simulación administrativa que impide dimensionar cuántas mujeres están accediendo efectivamente al derecho reconocido por la ley”, señalaron. “Lo que vemos es una resistencia institucional a aplicar la ley. Las mujeres siguen encontrando puertas cerradas, personal objetor y trámites interminables. La despenalización fue un paso, pero el acceso real sigue siendo una deuda”.
Hasta ahora, la mayoría de las dependencias interpeladas por las activistas —incluidos los Servicios de Salud del Estado y la Secretaría de Gobierno— no han emitido una respuesta sustantiva.
La colectiva lamentó la falta de compromiso y la escasa argumentación en los pocos informes oficiales disponibles, que calificó como “una estrategia de encubrimiento para mantener el control moral sobre los cuerpos de las mujeres”.
A un año de la reforma, San Luis Potosí se mantiene, según la Colectiva ILE, en una zona gris entre la legalidad y la negación práctica del derecho.
