Fernanda Durán
Ya comenzó una de las temporadas más previsibles del calendario político potosino: esa en la que el bolsillo ciudadano y el discurso legislativo se cruzan bajo la sombra del presupuesto. Es tiempo de cuotas, tarifas y leyes de ingresos, cuando algunos funcionarios asumen el costo de aprobar aumentos y otros intentan maquillarlos para no cargar con el desgaste público de justificarlos frente a un servicio deficiente.
En el caso del agua, el plazo legal para entregar las propuestas de cuotas y tarifas venció este 5 de noviembre, pero las tensiones entre diputados, organismos operadores y alcaldes se cocinaron semanas atrás. Desde la federación y desde la propia Comisión del Agua del Congreso, su presidenta, Nancy Jeanine García Martínez, de Morena, impulsó la revisión de tarifas con una premisa clara: el dinero no se está destinando a infraestructura, sino a nómina.
“Hay organismos donde suben mucho las nóminas o tienen demasiado personal administrativo que quizá no es tan necesario; se debe priorizar lo operativo y la inversión”, dijo la legisladora días antes del cierre del plazo.
Su planteamiento se acompañó de capacitaciones a organismos operadores sobre cómo presentar sus leyes de cuotas sin repetir fracciones de la Ley de Aguas o de Hacienda. Pero las reuniones no prosperaron. Varios diputados ni siquiera asistieron, y el tema quedó entrampado en una comisión plural que mezcla a Morena, PAN, PVEM, PRI y Movimiento Ciudadano.
Mientras tanto, desde el ámbito federal, la Conagua hizo pública una advertencia difícil de ignorar: San Luis Potosí ha ejercido apenas 26 millones de los 668 millones conveniados con la Federación para obras de agua y saneamiento, lo que refleja un rezago estructural en la coordinación municipal.
“Los 59 municipios recibieron 2 mil 697 millones de pesos del FAISMUN (…) de ese total, 668 millones se iban a aplicar en tema de agua, pero a la fecha solo se han ejercido 26 millones en todo el estado”, reconoció el director local, Darío González Castillo.
El señalamiento encendió las alarmas: los organismos, lejos de aprovechar recursos federales, siguen endeudados o desarticulados con sus ayuntamientos. Y aunque el diagnóstico parecía justificar un ajuste tarifario para equilibrar las finanzas, lo cierto es que el debate se transformó en un nuevo tablero de posiciones políticas.
El Consejo Potosino: la unión de los que no quieren aumentar
En ese vacío de consensos legislativos y con el reloj encima, 14 organismos operadores sorprendieron al anunciar la creación del Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua. El bloque, encabezado por Matehuala, Ciudad Valles, Rioverde y Tamazunchale, decidió entregar sus iniciativas sin aumento para 2026, en un gesto que los propios directores calificaron como un “acto de responsabilidad técnica”.
“Hemos aceptado el reto de enviar al Congreso nuestro proyecto de cuotas y tarifas sin aumento”, afirmó Juan Carlos Pérez, director de Matehuala, quien explicó que la prioridad será “eficientizar” la operación y buscar otros esquemas de financiamiento.
La narrativa del nuevo consejo—presentada en rueda de prensa como una estrategia de eficiencia y unidad regional—también tiene su lectura política: más de la mitad de sus integrantes gobiernan municipios del Partido Verde, aliado del gobernador Ricardo Gallardo. En la práctica, el anuncio blindó al bloque oficialista de las críticas por posibles aumentos, al tiempo que desplazó el costo político hacia el Interapas, el organismo metropolitano más cuestionado del estado.
El Interapas, la piñata perfecta
Mientras los municipios del interior presentaban su “no aumento” con tintes de empatía y disciplina financiera, el Interapas—que atiende a San Luis Potosí capital, Villa de Pozos, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro—aprobó un ajuste inflacionario conforme al Índice Nacional de Precios al Productor (INPP).
La medida, calificada desde hace algunos días por el propio alcalde Enrique Galindo como una “necesidad para evitar déficit”, fue suficiente para reactivar las viejas amenazas de desincorporación impulsadas por el Partido Verde.
La diputada Martha Patricia Aradillas, también integrante de la Comisión del Agua, celebró públicamente que los organismos del interior no aumentaran tarifas y pidió que Interapas siguiera el mismo ejemplo:
“Esperemos que aquí en San Luis Potosí y con el Interapas ocurra lo mismo, sobre todo porque sabemos que falta agua en muchas colonias… no puede proponerse un incremento cuando no se está prestando el servicio de manera eficiente”.
La declaración llegó acompañada de un boletín del Congreso que reforzó el discurso: “Demuestran sensibilidad y empatía con la población”.
A esa narrativa se sumó el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien aprovechó el arranque de obras en Villa de Pozos para lanzar un nuevo ataque político contra el Interapas: lo acusó de “cobrar sin dar agua”, prometió pipas gratuitas y volvió a proponer su desaparición.
“¿Quieren o no quieren que se acabe el Interapas? Queremos agua, pero para tener agua hay que desaparecer al Interapas”, dijo ante vecinos inconformes en Los Silos, en medio de reclamos por desabasto.
La escena—una mezcla de mitin, reclamo y promesa—encajó con la estrategia que desde 2022 impulsa el gobierno estatal: separar a Soledad de Graciano Sánchez del Interapas y crear su propio organismo operador, un proceso que podría formalizarse hasta mediados de 2026.
En esa misma línea, el gobernador alentó incluso a su diputada aliada de Villa de Pozos, Martha Aradillas, a recabar firmas para concretar la desincorporación de Pozos aunque este solamente está integrado al organismo mediante un convenio. Todo, mientras calificaba al Interapas como un “lastre” para las familias del municipio.
Más allá de las posturas, lo que se revela en este escenario es que el agua ha dejado de ser un tema técnico para convertirse en un símbolo de poder y desgaste. Los municipios que anuncian “no aumento” obtienen oxígeno político, aunque siguen dependiendo de subsidios estatales; el Interapas carga con la etiqueta de ineficiente y, a cambio, el gobernador capitaliza el enojo ciudadano para justificar su ruptura.
La diputada Nancy Jeanine García lo reconoció indirectamente:
“Hablar de aumento es difícil porque pega políticamente, pero ya escuchamos a los organismos y sabemos de sus carencias”.
La paradoja es que todos tienen razón parcialmente: el Interapas ha sido incapaz de garantizar abasto regular, pero también opera con infraestructura obsoleta, carencia de medición y rezago financiero; los organismos del interior presumen responsabilidad, aunque muchos subsisten con tarifas de 60 pesos mensuales, inviables para renovar redes o cubrir energía eléctrica.
Cada noviembre, el debate se repite: los organismos presentan sus leyes, los diputados evitan los costos, los boletines hablan de “sensibilidad social” y el ciudadano sigue con tandeos o pagando pipas. El gobernador convierte el desabasto en mitin; los legisladores, en consigna.
El Consejo Potosino puede ser un avance en coordinación técnica, pero también un blindaje político. Si no se traduce en eficiencia, en infraestructura y en cuentas claras, el agua seguirá siendo lo mismo que hasta ahora: un recurso escaso y un argumento inagotable para la campaña permanente.
A pesar de que los integrantes del nuevo Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua insistieron en que su intención es “despolitizar el tema del agua” y convertirlo en un asunto técnico, su postura inevitablemente forma parte de la cascada de politización que rodea cada decisión sobre tarifas.
Los pronunciamientos de “no aumento” se alinearon con el discurso del Partido Verde y con el del gobernador, justo en el momento en que el Interapas se convirtió nuevamente en blanco de críticas. El gesto, presentado como un acto de responsabilidad, también opera como un movimiento político que protege a los gobiernos municipales afines al oficialismo del desgaste que implica hablar de incrementos, mientras deja al organismo metropolitano como el antagonista perfecto.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
