Fernanda Durán
Durante la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral celebrada en San Luis Potosí el 5 de noviembre, el abogado Enrique Rivera Sierra planteó que el proceso de reforma electoral no debería limitarse a los comicios políticos, sino que debe incluir también la democratización de las instituciones públicas de educación superior mediante mecanismos de consulta, participación y transparencia.
Rivera Sierra recordó que, históricamente, las universidades han sido espacios donde se gestan los cambios democráticos, pero que muchas de ellas aún mantienen estructuras cerradas que “conservan aún estructuras de gobierno poco susceptibles al diálogo comunitario y a la renovación interna”.
Señaló que el espíritu de la reforma electoral es, precisamente, cerrar las brechas entre las instituciones y la sociedad, por lo que el ámbito universitario es el entorno natural para ensayar los modelos más progresistas de democracia directa.
“Las universidades no solo son espacios de enseñanza democrática, la ejercen. Son espacios donde la pluralidad, la deliberación y el voto libre deberían ser ejercicios cotidianos”.
El ponente destacó que en los últimos meses, San Luis Potosí ha enfrentado tensiones y desencuentros al interior de la vida universitaria que evidencian la necesidad de reconstruir los canales de diálogo y representación dentro de las propias comunidades académicas, conflictos que son un reflejo de la distancia que aún existe entre las estructuras institucionales y la base social a la que deberían responder.
Desde esa lectura, Rivera propuso que la Ley General de Educación Superior incorpore un nuevo título de “democracia universitaria participativa”, que reconozca el derecho de las comunidades universitarias a decidir la conducción de sus instituciones bajo tres principios esenciales: consulta, participación y transparencia.
Entre las obligaciones específicas que planteó, se incluyen lo siguiente:
- Consulta previa, libre e informada de la comunidad universitaria ante cualquier modificación sustantiva a las leyes o estatutos internos.
- Elección directa, secreta, libre y universal de las autoridades universitarias, con voto ponderado y transparente.
- Creación de comisiones universitarias de elección autónomas, integradas por la propia comunidad, encargadas de organizar los procesos internos bajo los principios de certeza, legalidad y equidad.
Rivera enfatizó que estas medidas no implican una intromisión estatal en la autonomía universitaria, sino el reconocimiento de un derecho colectivo.
“No se trata de que el Estado intervenga en la organización de las universidades. Se trata de que el Estado reconozca, garantice y promueva el derecho de las comunidades universitarias a decidir mediante mecanismos de democracia directa la conducción de sus propios destinos”.
El académico explicó que este modelo de participación fortalecería la legitimidad de las autoridades universitarias, fomentaría la rendición de cuentas y consolidaría la autonomía como una garantía de libertad y no de privilegio.
“La autonomía entendida como una garantía de libertad, no de privilegio para la opacidad”, afirmó, debe servir para promover la responsabilidad institucional y la transparencia ante la comunidad.
Rivera sostuvo que la democracia no debe limitarse al ámbito político-electoral, sino que debe extenderse a todos los espacios donde se ejerce poder y representación.
“Si la reforma electoral logra también ser picaporte para abrir las puertas del autogobierno universitario al pueblo que la sostiene, habremos dado pasos históricos agigantados. Habremos llevado la democracia del discurso a las aulas, del aula a la conciencia y de la conciencia al país que queremos construir”.
