María Ruiz
Mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha reconocido que el aborto es un derecho constitucional, en estados como San Luis Potosí la legislación sigue considerándolo como un delito.
Esa contradicción, señalaron médicas y activistas en el foro Acceso al aborto: ¿seguro y gratuito? del Frente Marea Verde SLP, es el principal obstáculo para garantizar un acceso real y sin criminalización.
Que el aborto permanezca en el Código Penal significa que el Estado aún lo considera una conducta delictiva, no un servicio de salud. Aunque existan causales que permiten la interrupción legal del embarazo —como peligro de muerte o violación—, las mujeres y personas gestantes siguen expuestas a ser denunciadas, investigadas o juzgadas si interrumpen su embarazo fuera de esos supuestos.
La doctora Fabiola Amellall Luna Cano, de la Red de Médicas por el Derecho a Decidir, explicó que esta situación genera miedo y desconfianza, incluso dentro del personal médico.
“Mientras el aborto esté en el Código Penal, los servicios de salud seguirán actuando con temor. Muchos médicos prefieren negar la atención antes que arriesgarse a ser acusados”, advirtió.
El resultado, dijo, es un efecto paralizante: hospitales que dilatan la atención, mujeres que buscan opciones inseguras y autoridades que se excusan en la ley para no garantizar un derecho.
“El Código Penal no protege la vida; castiga la pobreza y la desigualdad”, señaló Amellall Luna. “Porque quienes pueden pagar viajan a otros estados o a clínicas privadas, y quienes no, enfrentan la criminalización”.
La licenciada Laura Romero, de Abortistas MX, coincidió en que mantener el aborto en el ámbito penal perpetúa la violencia institucional.
“De nada sirve que se despenalice parcialmente si las mujeres siguen sin poder ejercer el derecho en la práctica. Si está en el Código Penal, el mensaje es claro: el Estado sigue considerando que interrumpir un embarazo es un delito”, subrayó.
Romero recordó que en estados como Aguascalientes se han dado retrocesos legislativos, lo que demuestra la fragilidad de los avances si el aborto no se saca definitivamente del marco penal.
“Las leyes pueden cambiar con cada legislatura. Pero si el aborto se reconoce como un servicio de salud, deja de depender de la política y se vuelve un derecho exigible”, explicó.
Las activistas advirtieron que mantener el aborto en el Código Penal tiene tres consecuencias graves: criminaliza a las mujeres y a quienes las acompañan, lo que genera miedo y persecución; desincentiva al personal médico a brindar el servicio bajo la amenaza de sanciones y reproduce desigualdades sociales, pues sólo quienes tienen recursos pueden acceder a un aborto seguro.
En contraste, sacarlo del Código Penal implicaría reconocerlo como parte de la atención integral en salud reproductiva, sujeto a protocolos médicos, no a castigos. Sería garantizar que cualquier mujer o persona gestante pueda decidir sobre su cuerpo sin intermediación judicial ni miedo a ser encarcelada.
“El aborto no debe estar en el Código Penal porque no es un crimen, es una decisión; y mientras siga ahí, el Estado seguirá fallando a quienes más necesita proteger”, concluyeron las participantes del foro.
