Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibió este martes 4 de noviembre tres iniciativas de reforma a la Ley Agrícola del Estado, impulsadas por el diputado Tomás Zavala González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de desarrollo rural, soberanía alimentaria y equidad de género.
Una de las iniciativas plantea reformar y adicionar disposiciones al artículo 44 de la Ley Agrícola, para establecer como política de Estado la priorización de los pequeños productores en condiciones de pobreza dentro de las estrategias de soberanía y seguridad alimentaria.
De acuerdo con el documento, esta modificación busca que los programas y recursos públicos incorporen criterios verificables de inclusión, bajo el argumento de que la soberanía alimentaria es inalcanzable sin la participación activa de los sectores más vulnerables del campo.
Señala que la propuesta no constituye una innovación disruptiva, sino una actualización ante la realidad económica y social que enfrenta el estado. La intención es que el diseño y evaluación de programas públicos incorpore de forma obligatoria criterios de inclusión hacia los productores más vulnerables.
En otra iniciativa, el legislador propone reformar la fracción XVI del artículo 7 de la Ley Agrícola para fomentar el uso de semillas, fertilizantes e insumos producidos en México.
Zavala fundamentó su propuesta en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la necesidad de reducir la dependencia de importaciones agrícolas, al señalar que el fortalecimiento de la producción local puede activar cadenas de valor nacionales —desde la minería y la industria química hasta la logística—, generando empleos, derrama económica y recaudación fiscal estatal y municipal.
“La manera más efectiva de competir globalmente es fortaleciendo la base productiva interna”, sostiene el documento, que además vincula esta política con el objetivo federal de reducir la importación de insumos y fertilizantes.
La tercera iniciativa propone adicionar una fracción VIII al artículo 29 de la Ley Agrícola para incorporar expresamente la igualdad de género como principio rector en la planeación y ejecución de políticas agrícolas.
El legislador argumentó que las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en la producción agrícola, la administración de recursos naturales y la cohesión social, pero enfrentan brechas estructurales en el acceso a programas públicos, proyectos productivos y financiamiento.
Con esta modificación, se busca garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a recursos agrícolas, programas y proyectos de impulso al campo, además de vincular jurídicamente a las autoridades para aplicar la perspectiva de género en las políticas del sector.
Las tres fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal, la última de ellas también a la Comisión de Igualdad de Género.
De aprobarse, las reformas obligarían a las dependencias estatales a incorporar criterios de prioridad social, impulso productivo nacional y perspectiva de género en la formulación de sus políticas y programas para el campo potosino, buscando un impacto directo en los sectores rurales históricamente marginados.
