Desiree Madrid
San Luis Potosí conmemoró el primer aniversario de la despenalización del aborto con un conversatorio que reunió a activistas, personal médico y representantes institucionales para evaluar el impacto de la reforma.
En el encuentro se reconocieron los avances logrados, pero también se subrayaron los pendientes en el acceso real a la interrupción del embarazo y a la justicia reproductiva integral. El consenso fue claro: la despenalización marcó el inicio de un desafío mayor, el de convertir el derecho en una realidad cotidiana.
La reforma legal ha significado un cambio profundo de enfoque al entender el aborto como un servicio de salud y no como un delito. De acuerdo con datos de IMSS-Bienestar, se han realizado poco más de 200 interrupciones legales y voluntarias del embarazo en el estado.
El doctor Luis Fernando Barraza Araiza, de esa institución, destacó que el principal logro ha sido la puesta en marcha del servicio en seis unidades médicas distribuidas en las regiones Centro, Media y Huasteca, lo que garantiza acceso más allá de la capital. Para los panelistas, este avance representa una reparación histórica y una disminución tangible en la criminalización de las personas con capacidad de gestar.
Uno de los factores que distingue el proceso potosino frente a otras entidades es la voluntad institucional y social para implementar la reforma. La licenciada Diana García, de IPAS LAC, señaló que este ambiente de apertura ha permitido incluso atender casos en etapas avanzadas del embarazo, algo que no ha sido posible en otras entidades, ni siquiera en la Ciudad de México tras casi dos décadas de despenalización.
Además, se resaltó la importancia del diálogo constante entre instituciones de salud, organizaciones civiles como IPAS y Abortistas MX, y las redes de acompañamiento, que han sido clave para fortalecer los protocolos y garantizar atención con perspectiva de derechos humanos.
Sin embargo, las barreras estructurales persisten. El doctor Carlos Adrián Chávez Herrera, del ISSSTE, reconoció que el miedo del personal médico a realizar los procedimientos aún es la principal limitante.
“Muchos temen incurrir en una falta”, explicó al referirse a que la objeción de conciencia y la permanencia del aborto en el Código Penal del Estado generan incertidumbre jurídica. Este desconocimiento del marco legal provoca que algunos profesionales se declaren objetores sin base, por lo que —coincidieron los ponentes— la capacitación continua y la difusión de información son urgentes para evitar que la objeción se convierta en una barrera de atención.
Otro reto importante es el acceso territorial. Para muchas mujeres y personas gestantes de comunidades rurales o indígenas, el costo indirecto de la atención como el traslado a hospitales de la capital, resulta prohibitivo.
El doctor Barraza propuso fortalecer el primer nivel de atención y ampliar las competencias del personal médico general y de enfermería. También se destacó la necesidad de reconocer el papel de las parteras —ya capacitadas en prácticas seguras— y de garantizar atención en la lengua indígena de las usuarias, pues la falta de comunicación es una forma de violencia estructural que limita el acceso efectivo a la salud.
Las ponentes Herma Araujo (IPAS LAC) y Laura Romero (Abortistas MX) coincidieron en que el actual sistema de causales resulta insuficiente y ambiguo; mantener el aborto dentro del Código Penal perpetúa la criminalización simbólica del servicio y genera dudas en el personal médico. Ambas insistieron en la necesidad de trasladar la regulación del aborto al ámbito sanitario, para que sea tratado como lo que es: un servicio esencial de salud pública.
Los panelistas enfatizaron que avanzar hacia una verdadera justicia reproductiva implica ir más allá del derecho a interrumpir un embarazo. Urgieron a fortalecer la educación sexual integral como política pública, garantizar el acceso universal a anticonceptivos modernos, y erradicar la violencia obstétrica en la atención médica.
Asimismo, subrayaron la importancia de incorporar la salud mental y emocional en los programas reproductivos y de construir políticas que respondan a las desigualdades sociales y territoriales que viven las personas en el estado.
El balance a un año de la despenalización es claro: el mayor logro ha sido el reconocimiento del aborto como un derecho y un servicio de salud, mientras que el desafío pendiente es transformar ese reconocimiento en acceso real y efectivo para todas las personas, especialmente aquellas que viven en contextos de marginación.
La jornada concluyó con un llamado a sostener el trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil para avanzar hacia políticas públicas centradas en la autonomía, el cuidado y la justicia reproductiva.
