Fernanda Durán
Un grupo de profesoras-investigadoras de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunciaron en rueda de prensa y mediante un oficio dirigido al rector Alejandro Zermeño Guerra, a la Secretaría General y al Consejo Directivo Universitario (CDU) que durante la asamblea académica del 5 de noviembre se registraron actos de violencia, abucheos y burlas contra una de ellas cuando planteó preocupaciones sobre la crisis institucional y la falta de perspectiva de género en el proceso para designar a la nueva dirección.
Informaron que estos hechos fueron turnados a la Defensoría de los Derechos Universitarios y acompañados de un escrito entregado a Rectoría y al CDU.
La doctora Elia Edith Argüelles Barrientos relató que en la asamblea convocada por el director interino, Jesús Javier Delgado Sam, al tomar la palabra en el Aula Magna Félix Fernández para expresar preocupaciones sobre la crisis institucional y la falta de participación de mujeres en la elección de la nueva dirección, fue interrumpida y abucheada por “cerca de 40 colegas, en su mayoría varones”, sin que el director interino interviniera para detener las agresiones.
“Fue un acto humillante hacia mi persona. En ningún momento el maestro Delgado Sam pidió orden ni respeto. Se violaron los estatutos de ética de nuestra institución y mis derechos humanos”.
La académica explicó que además el incidente constituyó una forma de violencia por discapacidad, al recordar que vive dentro del espectro autista, por lo que las burlas y gestos de desprecio afectaron su comunicación.
“No sólo fue un acto de discriminación por género, también lo fue por discapacidad”, señaló.
Argüelles añadió que presentó una queja formal ante la Defensoría de los Derechos Universitarios y pidió medidas precautorias para evitar que se repitan agresiones similares.
También criticó la falta de acercamiento posterior del director: “Después de la reunión nos lo encontramos en los pasillos y nos ignoró por completo”.
La doctora Violeta Méndez Carlo Silva tomó la palabra para aclarar que su grupo no busca confrontación política ni división interna.
“No queremos dividir a la facultad ni a la universidad. El hecho de pensar diferente no es polarizar”, sostuvo.
Afirmó que el debate universitario debe sostenerse en la diversidad de ideas y rechazó las acusaciones de que su postura promueva conflictos.
“Discrepar no debe hacernos sujetas a un linchamiento ni al escarnio público ni a la amenaza discreta”, enfatizó.
Las profesoras —entre ellas también María Suhey Tristán Martínez, Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, Roxana Montejano Villaseñor y Carla Monroy Ojeda— insistieron en que su intención es cooperar con la institución para fortalecer la seguridad universitaria, la igualdad y la rendición de cuentas.
Durante la conferencia, las profesoras también advirtieron sobre la necesidad de mantener la independencia universitaria frente a presuntas injerencias partidistas o políticas en la vida interna de la Facultad.
“El gobierno y la participación en la universidad sí es político, pero jamás debe ser bastión partidista”, enfatizó una de las doctoras.
A pregunta expresa, reconocieron que la influencia externa “es muy evidente”, aunque el debate debe centrarse en la academia y en la seguridad de los estudiantes.
En el oficio entregado al Consejo Directivo Universitario reiteraron que “ninguna autoridad ajena a la universidad debe intervenir o influir en sus procesos internos de decisión, gestión o elección de autoridades”.
La Facultad como “espacio misógino y machista”
La doctora María Suhey Tristán Martínez calificó el incidente como reflejo de un problema estructural en la Facultad de Derecho:
“Evidencia el problema de fondo. La facultad se concibe como un espacio misógino y machista en el que no sólo las estudiantes, sino también las profesoras, hemos vivido experiencias de violencia”.
Denunció que en las últimas semanas se ha intentado deslegitimar su trabajo académico y su exigencia de acciones afirmativas.
“No vamos a permitir que denosten nuestro ejercicio académico a partir de actos de misoginia y violencia”, advirtió.
Tristán recordó que todas las firmantes son doctoras y pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, con trayectoria en proyectos nacionales.
“No tenemos miedo. Creemos en la institucionalidad y en la voluntad del rector para que se actúe”, añadió.
Acciones afirmativas y participación de mujeres
Sobre la posibilidad de que una mujer dirija la Facultad de Derecho, Argüelles Barrientos explicó que el punto central no es imponer una candidatura femenina, sino garantizar igualdad sustantiva:
“El pliego petitorio estudiantil pedía considerar acciones afirmativas. No se trata de excluir a nadie, sino de garantizar equidad. Los estatutos permiten la participación libre de todos y todas”.
Por su parte, Tristán Martínez consideró preocupante que en la facultad “no se entienda lo que son las acciones afirmativas” y que se descalifiquen criterios reconocidos por la jurisprudencia nacional e internacional.
Afirmó que las profesoras planean registrarse en la convocatoria y dejar que el Consejo Técnico Consultivo evalúe los perfiles.
“Nosotras no estamos peleadas con que quede un hombre o una mujer —agregó la doctora Roxana Montejano Villaseñor—, nuestra lucha es porque se apliquen los criterios internacionales y se elimine la discriminación. No estamos promoviendo una dictadura feminista; ya hemos tenido diez directores varones, no tendría nada de malo que ahora fuera una mujer”.
Las académicas señalaron que, gane quien gane la dirección, deberá capacitarse en materia de género, y que esa formación debe extenderse a todo el cuerpo docente.
“Nosotras nos ofrecemos para diseñar y coordinar programas permanentes de capacitación en género, derechos humanos, juventudes e infancias”, expuso Argüelles.
Aclararon que buscan un cambio estructural en la universidad, no solo asociado a la coyuntura electoral.
“Normativa no significa justicia. El derecho es producto de las realidades sociales que vivimos”, subrayó.
En representación del grupo, Xóchitl Guadalupe Rangel Romero, profesora de la licenciatura en Criminología, explicó que la comunidad docente impulsa la creación de un corredor de seguridad y el programa “Uni sin Violencia”, enfocado en la prevención de agresiones dentro y fuera del campus.
“La seguridad también es corresponsabilidad. Requerimos el diálogo no sólo con las instancias universitarias, sino con las instituciones públicas. Lo que no podemos medir no podemos prevenir”, dijo, al subarayar la urgencia de colaboración entre el Estado, la universidad y la sociedad.
Exigencias institucionales
En el documento entregado a Rectoría y al Consejo Directivo Universitario, las profesoras solicitaron:
- Una evaluación independiente del sistema de vigilancia universitaria.
- La instalación de botones de pánico y corredores seguros.
- La implementación del programa “Uni sin Violencia” con tecnología de alerta en tiempo real.
- La profesionalización continua de docentes en perspectiva de género y derechos humanos.
- La participación de madres, padres y tutores en una cultura universitaria de prevención.
“El ejercicio de la autonomía universitaria no puede confundirse con impunidad”, sostienen en el texto, al exigir transparencia, rendición de cuentas y compromiso ético.
Finalmente, hicieron un llamado al Consejo Directivo Universitario para que revise los perfiles de las personas que integrarán la terna final de dirección y garantice una decisión con enfoque de igualdad.
“Pensar diferente no nos excluye de seguir un objetivo común”.
