Fernanda Durán
El representante de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, señaló que la falta de transparencia y control en la asignación de concesiones publicitarias en los puentes de la capital refleja una práctica constante de simulación y desinterés del Ayuntamiento de San Luis Potosí por atender las propuestas ciudadanas de supervisión.
“Nosotros, cuando recién entró el alcalde hace cuatro años, le propusimos un proyecto para que la Contraloría tuviera un gran trabajo en regular un sinfín de situaciones, entregara un padrón de proveedores público y metiera en cintura a la Oficialía Mayor. No les interesó lo más mínimo nuestra propuesta, porque sabían que su administración no iba a hacer las cosas bien”.
El activista recordó que, desde el inicio de la administración municipal, organizaciones civiles plantearon mecanismos para fortalecer la vigilancia y pluralidad en los comités de adquisiciones y concesiones, pero no fueron atendidos.
“Toda la vida han simulado que están abiertos a un comité donde deberían participar organizaciones y personas plurales. En este caso concreto, el Ayuntamiento tiene que entregarnos una perfecta justificación de estas contrataciones y rendir cuentas muy claras, principalmente el oficial mayor, el cual carga con un terrible cuestionamiento por diferentes situaciones”.
González Covarrubias subrayó que la opacidad no se limita a la publicidad exterior, sino que es una práctica extendida en las adquisiciones municipales.
“He visto actas del comité de adquisiciones y de compras donde realmente está ausente la vigilancia ciudadana. Debería ser plural, donde todos tuvieran acceso, y ese era uno de los puntos que se le proponían. En este, como en muchos otros casos, no tenemos certeza y nos deben aclarar mediante la ley la justificación”.
Advirtió además que, si las concesiones se han otorgado a un solo grupo económico a través de distintas razones sociales, podría tratarse de una violación a la normatividad en materia de contratación pública.
“Ese es el trabajo de la Contraloría. Para eso existen las auditorías y el Instituto de Fiscalización, que nos cuesta carísimo. Tendríamos que revisar qué marca la ley y qué trabajo ha hecho el Ayuntamiento para justificar estas actuaciones”.
El representante ciudadano advirtió que la concentración de contratos y servicios en manos de pocas personas o empresas es una constante dentro del Ayuntamiento.
“De todo lo que hemos revisado, todo cae en una sola persona. Estamos hablando de millones, no de miles. Hay contratos de nueve millones, y todo está así en el Ayuntamiento”.
Aunque reconoció que aún requiere documentar con precisión los montos pagados por las concesiones de publicidad en puentes —que ascienden a poco más de 850 mil pesos anuales por 18 espacios—, Ciudadanos Observando realizará comparativos con cotizaciones de otras empresas para revisar si existe una subevaluación del espacio público.
González Covarrubias insistió en que la omisión de la Contraloría Municipal agrava la percepción de irregularidad y encubrimiento.
“La Contraloría ha sido omisa ante el uso de empresas fantasma, de empresas fachada y adquisiciones con sobreprecios. Te pongo el caso de los parquímetros, donde hay un presunto desvío millonario, o el de las 27 camionetas que se intentaron desaparecer y que siguen circulando, aunque aparecen dadas de baja”.
También mencionó casos recientes que, a su juicio, demuestran la ineficacia de los órganos de control interno.
“Tenemos documentados más de 100 casos donde la Contraloría ha sido omisa. Te pongo otros: cuántas quejas hay de acoso sexual y laboral, y no ha habido realmente nada. Las víctimas nos buscan porque no ven que sus casos avancen, porque ni siquiera les creen”, lamentó.
Respecto a la Dirección de Comercio, señaló que también incurre en un trato desigual, “cómo se van sistemáticamente contra negocios chiquititos, mientras casos como la Arena Potosí se exponen sin permisos. Comercio, la Contraloría y la Oficialía son sumamente cuestionables por sus procesos y sus actuaciones”.
Finalmente, el activista consideró que corresponde al Instituto de Fiscalización Superior del Estado y a la Contraloría realizar las investigaciones necesarias.
“Para eso existe el organismo de fiscalización. Tienen que transparentar y hacer su trabajo, y si encuentran anomalías, proceder con sus facultades. La ciudadanía, por su parte, debe vigilar dentro de sus posibilidades y exigir cuentas claras”.
Una investigación de Astrolabio Diario Digital documentó cómo el Ayuntamiento de San Luis Potosí otorgó las concesiones de publicidad en 18 puentes peatonales y vehiculares a dos empresas: Grandes Redes de México y Urban Think, vinculadas a la familia Torres Corzo, conformando un monopolio publicitario en espacios públicos de alta visibilidad.
Aunque ambas pagaron en conjunto poco más de 850 mil pesos por los permisos de 2025, los montos contrastan con el valor comercial real de los anuncios y con la falta de transparencia en los procesos de asignación.
