Desiree Madrid
El líder del transporte urbano en San Luis Potosí, Margarito Terán López, informó que el sector analiza solicitar un nuevo aumento a la tarifa del transporte público para el próximo año, motivado por el incremento en los costos operativos y la necesidad de renovar parte de la flota.
La revisión, explicó, se sustenta en el artículo 93 de la Ley de Transporte que establece los indicadores económicos para definir los incrementos, aunque los empresarios plantearán al Gobierno del Estado una negociación que incluya la compra de nuevas unidades, lo que podría implicar una tarifa “un poco mayor” para cubrir la amortización.
El posible aumento llegaría después del ajuste aplicado en enero de 2025, cuando la tarifa pasó de 11.00 a 12.50 pesos, el incremento más alto en los últimos diez años. A pesar de ello, los transportistas argumentan que el alza de los combustibles, los costos de mantenimiento y el encarecimiento de las refacciones han vuelto a presionar las finanzas del sector.
Terán López aseguró que todavía no hay una propuesta formal, ya que se espera la cotización de los nuevos autobuses para definir el monto que presentarán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o directamente al gobernador.
El dirigente adelantó que los concesionarios buscan renovar alrededor del 10 por ciento de la flota, lo que equivale a unas 100 unidades nuevas de un total de mil 200 camiones que actualmente circulan en la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Los nuevos vehículos, afirmó, tendrían mejores condiciones técnicas y menores emisiones contaminantes, aunque reconoció que sin un incremento tarifario será difícil concretar la renovación. “Los ingresos actuales no alcanzan para mantener ni modernizar el servicio”, sostuvo.
Terán López admitió que el servicio es deficiente, pero que los costos de operación justifican un ajuste. Según sus estimaciones, el combustible representa el 52 por ciento del ingreso bruto de cada unidad, con un gasto mensual de hasta 80 mil pesos por camión.
A ello se suma un déficit de operadores cercano al 40 por ciento, pues muchos conductores abandonan el trabajo debido a los bajos ingresos y las jornadas de hasta 16 horas diarias sin pago de horas extra.
Ante este panorama, el sector ha solicitado al Congreso del Estado la posibilidad de establecer un subsidio al transporte, con el propósito de mantener su carácter social y evitar que el costo total del servicio recaiga en los usuarios.
“El transporte es un servicio público, no un negocio particular; si el Estado quiere que siga siendo accesible, tiene que ayudarnos a sostenerlo”, señaló el dirigente.
En materia de seguridad, Terán López afirmó que la instalación de cámaras y botones de pánico en las unidades ha reducido en un 98 por ciento los hechos delictivos, incluidos robos y casos de acoso.
Dijo que el material grabado se entrega a las autoridades cuando lo solicitan, aunque las quejas ciudadanas persisten:
“Recibimos entre una y dos diarias, la mayoría por retrasos o porque los operadores no se detienen”.
Consideró que la falta de personal y las fallas mecánicas explican parte del problema, pero que los usuarios “han mostrado más cuidado con las unidades nuevas”.
El análisis tarifario deberá realizarse oficialmente a inicios de 2026, cuando la SCT emita su actualización anual basada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y los costos del combustible.
Mientras tanto, el gremio del transporte mantiene su postura: el servicio necesita recursos para sobrevivir, y los usuarios podrían volver a resentirlo en sus bolsillos.
