Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría la reforma a los Decretos 0036 y 0037, correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025, con lo que se incrementa el gasto total del estado a 70 mil 524 millones 814 mil 600 pesos y se otorgan nuevas facultades a la Secretaría de Finanzas para realizar adecuaciones presupuestarias y cubrir pagos derivados de “situaciones extraordinarias” en el ejercicio fiscal 2025.
El dictamen fue avalado con 22 votos a favor y dos abstenciones de las diputadas Nancy Jeannine García y Gabriela López Torres, ambas de Morena.
Pese a los cuestionamientos sobre la falta de precisión en los criterios técnicos y la exclusión del rubro magisterial en los artículos reformados, no se presentó ninguna reserva antes de la votación, por lo que el decreto fue aprobado en sus términos originales y remitido al Ejecutivo estatal para su publicación.
El decreto aprobado incluye un artículo tercero transitorio que concede al Poder Ejecutivo un plazo de 20 días hábiles posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” para que la Secretaría de Finanzas realice las armonizaciones presupuestarias correspondientes en los anexos del Presupuesto de Egresos 2025.
El documento aprobado modifica los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 9 del Presupuesto de Egresos y adiciona los artículos 40 y 41, con los que se autoriza a la Secretaría de Finanzas a realizar adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la disponibilidad financiera ante el pago de pensiones, adeudos o emergencias.
El nuevo artículo 40 permite efectuar ajustes “que garanticen la disponibilidad financiera y presupuestal para enfrentar las obligaciones en materia de los trabajadores pensionados”, mientras que el artículo 41 la faculta a “pagar los recursos derivados de situaciones extraordinarias que podrían afectar negativamente la estabilidad financiera de nuestra entidad”.
Los incrementos aprobados contemplan 327.1 millones de pesos para el Congreso del Estado; 303 millones para el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE); 1 mil 459 millones para el Poder Judicial; 354.7 millones para el Consejo Estatal Electoral (Ceepac) y partidos políticos; y 506 millones de pesos como aportación estatal para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
En tribuna, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, en representación de Morena, respaldó la iniciativa presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de la Comisión de Hacienda, al decir que el mecanismo da flexibilidad al Ejecutivo para atender contingencias financieras.
“Morena votará a favor de la propuesta de reforma presupuestaria. Reconocemos la necesidad de otorgar a la Secretaría de Finanzas la facultad de realizar adecuaciones presupuestarias para hacer frente a adeudos y situaciones extraordinarias que pudieran impactar negativamente la estabilidad financiera del estado”.
El legislador agregó que su voto sería “un voto de confianza acompañado de un firme compromiso de fiscalización”, para que los recursos se destinen prioritariamente al pago de pensionados, maestros y la universidad.
El diputado Crisógono Pérez López, de Nueva Alianza, retomó en el pleno lo que ya había advertido en la sesión de Comisión: que el dictamen no incorporó de forma expresa los adeudos con el magisterio, pese a que la Secretaría de Finanzas y las diputadas oficialistas del Partido Verde le aseguraron que sí estarían incluidos.
“El propósito de esta propuesta es declarar la ampliación de recursos destinados al pago de conceptos que recaen principalmente en rubros tan sensibles como el pago a la universidad, el pago de pensiones y de derechos estatales, entre otros rubros. Pido respetuosamente que las adecuaciones presupuestales incluyan de manera expresa los pagos pendientes en dichos rubros, garantizando así la certeza jurídica y la transparencia en el destino del recurso público”.
Aunque insistió en que el espíritu de la reforma debía atender a los trabajadores de la educación, el texto aprobado no incluyó una mención específica a los adeudos del magisterio, ni en los artículos reformados ni en los transitorios.
Aun así, Pérez López votó a favor, apelando a “un acto de justicia presupuestaria y responsabilidad institucional”.
“Cumplirles no debiera ser una opción política, sino un mandato moral y legal (…) nuestros maestros no piden privilegios, sino reconocimiento pleno de derechos adquiridos y obligaciones legales”.
El diputado José Roberto García también respaldó la reforma, aunque llamó a la presidenta de la Comisión de Hacienda a precisar en la revisión de cuentas el destino del recurso correspondiente al sector magisterial, ausente en el articulado.
“Consideramos importante hacer un cuestionamiento respetuoso a la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda para que en el marco de la revisión de cuentas se explique con mayor detalle la asignación y destino del recurso correspondiente al sector magisterial”.
Aclaró que el acompañamiento de su bancada no implica un cheque en blanco:
“Nuestro voto a favor se basa en la responsabilidad institucional y en la confianza de las decisiones financieras, deben tener como centro el bienestar de la agenda”.
El diputado Emilio Rosas Montiel cerró el posicionamiento de Morena al resaltar los incrementos a la UASLP, al Poder Judicial y al Ceepac, así como los ajustes que según dijo permitirán al Congreso realizar consultas ciudadanas pendientes, como la de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
Aunque el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés negó que el ajuste tomará en cuenta presupuesto para consultas.
Tras las intervenciones, el resultado fue de 22 votos a favor y dos abstenciones, con gritos desde las butacas por parte de colectivos de movilidad y personas con discapacidad de “¡Consulta ya!” en referencia a la exigencia de cumplimiento de leyes pendientes.
El decreto fue aprobado sin modificaciones y remitido al Ejecutivo estatal para su publicación.
