Fernanda Durán
El Congreso del Estado abrió este miércoles un nuevo capítulo en la discusión sobre violencia digital y protección de la intimidad sexual, con la presentación de la iniciativa impulsada por la diputada Jessica Gabriela López Torres para reformar el Código Penal del Estado.
La propuesta busca modernizar y ampliar el alcance de la Ley Olimpia aprobada en 2020 al incorporar nuevas conductas, tecnologías emergentes y criterios de prevención, luego de que activistas advirtieran que el marco jurídico actual es insuficiente frente al incremento de agresiones cometidas en entornos digitales.
Durante el anuncio, la diputada López Torres explicó que la intención central es transformar el Capítulo IV del Título Cuarto del Código Penal, que actualmente se denomina “Difusión ilícita de imágenes”, para reconocerlo como “delitos contra la intimidad sexual”.
Señaló que el objetivo es sancionar no sólo la publicación de contenido íntimo, sino también “la grabación, almacenamiento, comercialización, alteración o manipulación de material íntimo sin consentimiento”, además de reconocer estas conductas como posibles modalidades de extorsión.
López Torres subrayó que el delito vigente “no prevé que esta difusión o creación de imágenes pueda considerarse como una modalidad de extorsión”, lo que dificulta la actuación de las autoridades ante agresores que presionan a sus víctimas para obtener dinero, favores o silencio.
Añadió que la reforma surge de un trabajo conjunto con activistas digitales y mujeres defensoras, en un contexto en el que “estados como Zacatecas tenemos recientemente problemáticas de delitos contra la intimidad sexual”, lo que demuestra la urgencia de actualización legislativa.
A la presentación acudió por primera vez al Congreso potosino la activista Olimpia Coral Melo, quien recordó que la Ley Olimpia aprobada en 2020 “no fue una reforma trabajada directamente con nosotras”, motivo por el cual nunca había asistido al recinto.
No obstante, celebró la disposición actual del Poder Legislativo: “me alegra que ahora sea hashtag ahora sí, no sin nosotras”.
Olimpia expuso que las modificaciones planteadas en San Luis Potosí corresponden al estándar que ya ha sido adoptado en México y otros países de América Latina.
“No solamente hemos hecho 39 leyes en el mundo”, señaló, pues el cambio principal es renombrar el delito como “violación a la identidad sexual”, pues jurídicamente “el bien tutelado al que se refiere es la sexualidad”.
La activista también pidió dejar atrás el enfoque limitado a la “difusión”, porque “la producción no consentida” —como cámaras escondidas, grabaciones clandestinas, alteración con inteligencia artificial o capturas no autorizadas— también constituye violencia digital.
“No hay que romantizar la Ley Olimpia”, advirtió, al enfatizar que aun con una legislación sólida no habrá justicia si las fiscalías, las instituciones y las empresas tecnológicas no asumen su responsabilidad.
Las diputadas presentes coincidieron en que la actualización legislativa debe aprobarse sin colores partidistas.
López Torres sostuvo: “los partidos políticos salimos sobrando cuando se trata de derechos y de agenda de las mujeres”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis. Según adelantó Olimpia, defensoras digitales regresarán “en el próximo periodo ordinario para finales de enero” para dialogar con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y los grupos parlamentarios con el fin de construir un dictamen de consenso.
Su llamado fue claro: “que esta mesa esté llena de diputadas y diputados de todos los colores (…) para dar una primera impresión de que tengan las herramientas las instituciones de procuración y administración de justicia”.
La reforma se construye sobre el antecedente de 2020, cuando la Ley Olimpia fue aprobada por unanimidad en San Luis Potosí, incorporando por primera vez la violencia digital al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Para activistas, el proceso de 2024-2025 es una oportunidad de llevar la legislación local al estándar internacional y atender rezagos persistentes en la procuración de justicia.
