Fernanda Durán
A Villa de Pozos apenas le habían pasado 406 días de vida institucional —un año, un mes y diez días— cuando volvió a colocarse en el centro del huracán político de San Luis Potosí. Un municipio recién creado que debería estar concentrado en construir administración, servicios y certidumbre, pero que hoy está sumido en un vacío de poder, un relevo forzado y una disputa que confirma, sin matices, que Pozos terminó convertido en el botín político más controversial de los últimos años.
La renuncia de Teresa Rivera, entregada al Congreso a las dos de la tarde del martes 11 de noviembre, solo formalizó lo que desde hace semanas era un secreto a voces: Pozos estaba gobernándose a tropezones, entre tensiones internas, acusaciones cruzadas y una falta de coordinación que nunca fue corregida. Rivera se despidió en su oficio alegando “motivos de carácter personal”, pero el municipio que deja atrás dista muchísimo de la cortesía institucional del documento.
Un municipio que nació fracturado
Villa de Pozos fue creado el 23 de julio de 2024, pero su nacimiento estuvo lejos de ser un acuerdo comunitario. Fue un proceso atropellado, con suspensiones judiciales, resistencias vecinales, incertidumbre jurídica y un decreto legislativo que impuso un Concejo sin elección popular. Un modelo transitorio que, en teoría, debía sostener el municipio mientras se consolidaba la estructura administrativa.
Ese sueño no se cumplió.
En julio pasado, a un año de su municipalización, los propios concejales reconocían lo evidente: los desafíos superaban por mucho a los avances. Drenaje, agua potable, recolección de basura, alumbrado, seguridad, estructura administrativa… todo lo esencial seguía sin resolverse.
Las asperezas entre integrantes del Concejo, y entre el propio Concejo y el Ejecutivo estatal, eran señales de una institución que nació con fracturas profundas. Y aunque la historia local suele olvidarlo, la municipalización de Pozos no fue una concesión política reciente, sino el resultado de una lucha de más de 70 años marcada por esfuerzos continuos y peticiones formales —como las de 1995 y principios de los 2000— junto con movimientos sociales que buscaban recuperar su autogobierno. Para 2023, la demanda volvió a cobrar fuerza hasta concretarse, esta vez, bajo un arreglo impulsado por intereses partidistas en el que todos los colores encontraron espacio y cada uno aseguró un puesto para sus militantes.
El municipio sin cabeza
Con la salida de Rivera y la licencia de la diputada Martha Patricia Aradillas, el tablero se reacomodó en cuestión de horas. Y con ello también revivieron los señalamientos: versiones de presuntos intentos para impedir que Aradillas fuera designada presidenta concejal, acusaciones de que algunos regidores habrían recibido ofrecimientos de 200 mil pesos por oponerse, y listas completas en redes sociales donde se señalaba a concejales como supuestos beneficiarios o intermediarios.
Los nombrados —Maribel Lemoine, Dante Alan Carreón, Gaspar Méndez, Lauro Espinoza Nava, Julie Carillo, Gerardo Ávila— negaron los hechos. Otros aseguraron no tener información sobre esta acción. Nadie aceptó nada, pero el desgaste político ya se estaba trabajando.
Mientras tanto, la gobernabilidad se desmorona. Un dato ilustra el caos: el regidor Víctor Nájera, presidente de la Comisión de Comercio y Espectáculos, reconoció públicamente no tener información alguna sobre el caso de “El Zacatón”, la planta de hidróxido de calcio clausurada en 2023 y cuya operación denuncian los vecinos ¿Será desinterés total o falta de comunicación con la dirección de comercio?
No importa total, la omisión no es menor: la clausura quedó documentada en la administración de Enrique Galindo, y su estado legal debió entregarse al municipio en el proceso de transición. Si hoy nadie sabe quién permitió o toleró su aparente funcionamiento, la ingobernabilidad no es un diagnóstico: es una confirmación.
Un consejo dividido y la nueva pelea por el poder
Este jueves, a las 10 de la mañana, la Comisión de Gobernación votará la renuncia de Rivera. Pero la verdadera disputa comenzará después.
Todo apunta a una pugna interna del Partido Verde, el mismo que designó a Rivera y el mismo que ahora ve en Aradillas una oportunidad de recuperar control político en un municipio que se convirtió en símbolo de desgaste.
El problema es que la urgencia política está chocando con la ley y las interpretaciones de algunos concejales regidores.
El Congreso insiste en que le corresponde designar a la nueva presidenta concejal, pero de acuerdo con integrantes del Concejo, la Ley Orgánica del Municipio Libre establece que:
• El Concejo Municipal tiene las mismas atribuciones que un Ayuntamiento (art. 45).
• Ante la ausencia temporal o definitiva del presidente municipal, el propio Concejo, no el Congreso, debe nombrar al interino o sustituto (art. 43).
• El Congreso puede revocar mandatos, pero no designar sustitutos (art. 42).
Además, también citan la Constitución estatal para señalar que una diputada o diputado en funciones no puede asumir cargos municipales sin separarse del cargo bajo los plazos constitucionales (art. 118).
Estas interpretaciones —que están siendo discutidas tanto al interior del Concejo — anticipan que cualquier intento del Congreso por nombrar directamente a la nueva titular podría derivar en una acción de inconstitucionalidad y profundizar la crisis institucional.
Pozos: un municipio en vilo mientras sus habitantes esperan algo tan básico como gobierno
Mientras la clase política decide quién se queda con la silla vacía, los concejales convocan a ruedas de prensa, el Congreso se prepara para votar, y las redes hierven con versiones encontradas, Pozos sigue sin agua suficiente, sin alumbrado confiable, sin recolección de basura eficaz y sin seguridad plena.
Un municipio sin gobierno efectivo, sin coordinación, sin claridad jurídica… y ahora sin cabeza.
Y lo más grave: un municipio donde las ambiciones partidistas pesan más que los ciudadanos que lucharon más de 70 años por recuperar su identidad municipal.
Pozos nació con esperanza, pero creció en manos de grupos políticos que, en apenas 406 días, lo convirtieron en un laboratorio de improvisación, conflicto e intereses cruzados.
Hoy, cuando el Congreso vote la renuncia de Rivera, no estará resolviendo un trámite: estará definiendo si Villa de Pozos entra por fin a una etapa de orden institucional… o si se hunde aún más en la disputa de quienes ven en el municipio más joven del estado la joya más codiciada del mapa político potosino.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
