Desiree Madrid
El secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, y el director de la Dirección de Pensiones del Estado, Luis Arturo Coronado Puente, reconocieron que el sistema estatal de pensiones de San Luis Potosí atraviesa una crisis estructural derivada de años de descapitalización, desvíos de recursos y desequilibrios entre las aportaciones de los trabajadores y el monto de las pensiones.
En rueda de prensa, ambos funcionarios aseguraron que, pese al déficit, los pagos se mantienen al corriente y que el Gobierno del Estado prepara una reforma profunda para garantizar su sostenibilidad.
Torres Sánchez recordó que, al inicio de la actual administración en 2021, varios fondos se encontraban prácticamente vacíos, en especial el de maestros, debido a una combinación de retenciones no entregadas, inversiones irregulares e incluso saqueos directos de funcionarios, algunos de los cuales ya enfrentan procesos penales.
Según el secretario, se detectaron fondos invertidos fuera del país, algunos en quiebra o inexistentes, y parte del dinero se perdió en operaciones vinculadas a personas señaladas por nexos con la delincuencia organizada.
El funcionario detalló que desde septiembre de 2021 el Gobierno del Estado comenzó a pagar la deuda acumulada con la Dirección de Pensiones, y desde entonces ha destinado más de 12 mil 600 millones de pesos en concepto de aportaciones, rescates y pagos atrasados, cifra que incluye 1 mil 200 millones de pesos adicionales que se entregarán a fin de año.
“Al día de hoy no existe ningún adeudo por parte del Poder Ejecutivo”, aseguró Torres Sánchez, quien calificó esta inyección de recursos como “extraordinaria”, ya que incluye montos que debieron ser aportados por la administración anterior.
Por su parte, el director de Pensiones, Luis Arturo Coronado, explicó que la nómina mensual de pensionados ronda los 900 millones de pesos, con pagos puntuales el día 25 de cada mes. Sin embargo, admitió que el sistema es insostenible.
“En el caso del sector burócrata, recaudamos 60 millones de pesos mensuales en cuotas, pero el costo de la nómina es de 140 millones; tenemos un déficit mensual de 80 millones”. Situación similar que ocurre con los fondos de telesecundarias y de la sección 52 del magisterio.
Coronado añadió que las aportaciones actuales, del 7 por ciento al 14 por ciento según el sector, resultan insuficientes frente a las obligaciones. Además, existen pensiones que superan los 140 mil pesos mensuales, otorgadas sin topes proporcionales al salario base, lo que agrava el desequilibrio.
“Hay personas que se pensionan desde los 46 años y viven en promedio 25 años más; en su vida laboral aportaron apenas lo equivalente a un año de su pensión”, ejemplificó.
Ante esta situación, el funcionario consideró urgente una reestructura del sistema, vigente desde 1959, que homologue las aportaciones y eleve la edad mínima de retiro.
“En otros estados y países el rango va de los 60 a 75 años; aquí podríamos empezar con un mínimo de 55”, planteó.
Torres Sánchez añadió que la reforma se elaborará con especialistas y será consultada con los sindicatos antes de ser presentada, aunque no hay una fecha próxima.
“No se ha hecho una modificación de este tipo en 50 años y debe hacerse con mucha responsabilidad”.
Los funcionarios confirmaron también que los créditos otorgados por Pensiones permanecen suspendidos, ya que se requiere un fondo de alrededor de 400 millones de pesos para reactivarlos.
En cuanto a los casos de corrupción, Coronado informó que se han recuperado dos inmuebles como parte de la reparación del daño, valuados en conjunto en unos 25 millones de pesos, y que los exfuncionarios implicados siguen sujetos a proceso judicial.
Aunque la administración estatal sostiene que los pagos están al día, el propio director reconoció que en algunos meses se trabaja para cubrir rezagos parciales.
“Vamos al corriente; los compromisos se generan un mes y se cubren en el siguiente”, señaló.
La reforma al artículo 28 de la Ley de Pensiones, aprobada el año pasado, obliga al Estado a ser responsable solidario en caso de colapso financiero del fondo, lo que —según los funcionarios— ha permitido garantizar los pagos.
La Dirección de Pensiones agrupa actualmente a más de 9 mil pensionados en cuatro sectores principales: burócratas, telesecundarias, maestros y empleados de la propia dirección. Pese a los esfuerzos de rescate, las autoridades admitieron que, si no se modifican las condiciones actuales, el sistema volverá a enfrentar un déficit creciente.
“Hay que ser conscientes: si no reformamos ahora, el problema regresará cada año”, advirtió Coronado.
El Gobierno del Estado pretende con esto sanear las finanzas de Pensiones y sentar las bases para un nuevo modelo, aunque la magnitud del deterioro acumulado obliga a reconocer que el sistema actual no es sostenible sin cambios estructurales en edad, aportaciones y control financiero.
