Me siento como en casa

Antonio González Vázquez

El 14 de septiembre de 2022, en la tribuna del pleno del Congreso del Estado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona les dijo a las y los diputados que “me siento como en casa”. Les agradeció la aprobación de todas sus iniciativas presentadas durante su primer año del sexenio.

Con motivo de la presentación del Primer Informe de actividades de la LXIII legislatura, les compartió que más allá de que los colores de los partidos los pueden separar, hay algo que “nos une más fuerte: el amor profundo a San Luis Potosí”.

En ese entonces, mientras que la presidenta de la mesa directiva, la priista Yolanda Josefina Cepeda Echevarría, afirmaba que la legislatura y San Luis Potosí “estamos viviendo un gran momento”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Luis Fernández Martínez afirmaba que era muy difícil rechazar las iniciativas del gobernador porque “todas son en beneficio de la ciudadanía”.

Al igual que su antecesora, la LXIV legislatura está bajo el control absoluto del gobernador. La oposición a sus designios es mínima.

Antes como ahora, la actual legislatura obedece al ejecutivo.

En su quinto año de gobierno, Gallardo Cardona podría jactarse otra vez de que en el Congreso “me siento como en casa”.

Sea por mayoría o unanimidad, las propuestas del ejecutivo avanzan en una circunstancia que es semejante a la de la anterior legislatura de las “casi unanimidades”.

La fracción gallardista en el Congreso termina por imponerse durante las votaciones en comisiones o en el pleno. Algunos se abstienen y otros se oponen, pero nunca marcan diferencia, lo cual supone la inexistencia de una oposición real.

Las bancadas del Partido Verde Ecologista de México, Morena, Partido del Trabajo, con la suma de las minorías del PRI y PNA conforman una maquinaria que no le falla a Ricardo Gallardo.

22 de las y los 27 diputados, forman el bando afín al gobernador.

En el papel, las fracciones de Morena, PRI y PNA son oposición, pero en los hechos son aliados sumisos de la Gallardía.

Durante la semana pasada, el Congreso del Estado aprobó con premura dos asuntos trascendentes: la designación de la nueva persona titular del Concejo Municipal del Ayuntamiento de Villa de Pozos y las adiciones al Código Penal del Estado en materia de “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.

Ambos casos del interés del ejecutivo.

Ante el hecho de que María Teresa de Jesús Rivera Acevedo nunca logró el control del Concejo Municipal de Villa de Pozos, la Gallardía decidió hacerla a un lado. Primero impuesta y después, eliminada de ese espacio de poder del Verde.

Bajo el hecho de que Villa de Pozos es verde, en su lugar, designaron a la diputada con licencia, Martha Patricia Aradillas Aradillas.

Tipificar como delito el “uso de la inteligencia artificial para provocar alarma social” fue una iniciativa presentada el 4 de noviembre por el diputado Héctor Serrano Cortés.

Según la propuesta, se trataba de tipificar como delitos la “difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial” y la “manipulación institucional mediante inteligencia artificial”.

Literalmente desde el arranque de su administración, el gobernador ha condenado en múltiples ocasiones el uso de las redes sociales por parte de “pseudoportales en redes sociales y pseudo periodistas” que, según él, se dedican a atacarlo.

Ricardo Gallardo no tolera la crítica. Tal animadversión motivó la iniciativa de su personero en la legislatura que, con esos dictámenes aprobados refrenda la aberrante sumisión al ejecutivo.

Morena es el partido más embarrado del lodazal por su alianza electoral con un grupo diametralmente opuesto a los principios de la cuarta transformación.

Convalidan al gobernador en el contexto de una alianza institucional que ya provoca una división interna. Es tal la contradicción que las bases del movimiento repudian a la Gallardía, mientras que sus representantes populares y dirigentes se niegan a ver el daño de esa alianza.

Con las elecciones locales y federales de 2027, la ausencia opositora trae consigo el riesgo de que la legislatura entrante siga siendo la casa del gobernador y de su eventual sucesora o sucesor por el Verde.

Mis apuntes

La marcha de batas blancas. Una semana después del asesinato de Jorge Dávila Ramírez, sus familiares, amigos y compañeros de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizaron una marcha silente por el centro histórico de la ciudad para exigir justicia. Entre sus demandas, que los gobiernos estatal y municipal protejan a una población altamente vulnerable ante los desmanes de la delincuencia. Pidieron esclarecer el crimen y la detención de los autores del mortal intento de robo en las inmediaciones de la zona universitaria. A diez días del homicidio doloso, la Fiscalía General del Estado no ha informado del avance en las investigaciones ni mucho menos a dado con los responsables.

La burla continúa. El gobierno estatal se había comprometido a que el pasado viernes 14 de noviembre se liquidaría el adeudo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. No cumplió. Por la mañana del sábado, directivos de las escuelas y facultades compartieron un mensaje con docentes y administrativos: Actualización. No ha caído el pago. Esperan que ocurra el lunes. Sigamos en espera y con cautela. Trascendidos publicados en algunos medios afines al gobierno, anticiparon que el pago era un hecho y que este lunes se concretaría en una reunión entre el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona. La burla continúa porque se había asegurado que se realizaría antes de finalizar el mes de octubre. Luego, fijaron la fecha del pasado viernes 14 y no cumplieron.

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