Estela Ambriz Delgado
Consejeras indígenas acudieron a solicitar a la jueza María Lucrecia Martínez Galván, del Juzgado Séptimo de Distrito asentado en Ciudad Valles, que se ordene a la Secretaría del Bienestar el cumplimiento de las suspensiones a las comunidades amparadas para recibir el pago completo del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), quien se negó a atenderlas y sólo dio información al representante legal.
Angelina Reyes Hernández y Cenorina Bernal Fernández, representantes nahua y tének respectivamente en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), acudieron este 18 de noviembre a solicitar nuevamente que la jueza garantice el cumplimiento de las resoluciones a favor de las comunidades. Sin embargo, ella respondió que sólo podía recibir al representante legal de las consejeras.
Dadas las circunstancias, a través de su defensor se les indicó que la jueza argumenta ya haber requerido a las partes a que cumplan con las suspensiones, aunque no entregó prueba alguna de ello.
Reyes Hernández, quien acudía en representación de la comunidad de Piaxtla en el municipio de Tancanhuitz, manifestó que no se ha podido hacer uso del recurso, que desde el mes de septiembre debió ser cobrado.
“Ya tenemos muy poco tiempo y no se ha hecho nada, hubiéramos hecho los proyectos des de abril y ya estamos en noviembre segunda quincena y no se ha hecho nada. Exigimos a Bienestar e INPI que nos apoyen y desbloquen ese recurso”.
Señaló que la Secretaría de Bienestar y la representación estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) han amedrentado a las comunidades por el amparo interpuesto.
Detalló que la coordinadora Griselda Mezquida y Servidores de la Nación, así como el representante de INPI, Mario Godoy Ramos, intentan convencer y presionar a las autoridades comunitarias para que desistan de los amparos, asegurándoles que de inmediato desbloquearán sus cuentas.
“Nos comentan que fueron a una comunidad de Tanlajás y que les dijeron que si no desisten esto ya lo congelarían y no les darían hasta dentro de tres años”, mencionó la consejera.
En este sentido, Reyes Hernández apuntó que el mismo gobierno que les dio el apoyo ahora es el que les pone trabas, por ello le piden a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que instruya a la Secretaría del Bienestar a que los desbloquee.
“¿Cómo vamos a seguir apoyándola si ella no nos apoya? Dice que primero las comunidades, pero no es así. Nos ha dejado solos y no nos toman en cuenta como representantes indígenas”.
Indicó que, de no ser atendidos en sus demandas, las comunidades consideran recurrir a la manifestación pacífica y toma de instalaciones del Bienestar e INPI, pues la construcción de obras para abastecimiento de agua potable, vivienda, y pavimentación de calles, es urgente y no se realizan.
Por su parte, la consejera Cenorina Bernal Fernández, quien acudió en representación de la comunidad de San Pedro en el municipio de San Antonio, precisó que son cuatro las que se ampararon contra el recorte y hasta el momento están bloqueadas.
Además, dijo desde hace dos semanas acudieron al Juzgado Séptimo a hacer la misma petición para que puedan acceder a los recursos que les corresponden, sin obtener respuesta.
Manifestó que, ante las circunstancias ahora dudan de la autoridad, pues no ven que se agilicen y las comunidades están a la espera del recurso para trabajar. Además de que hay un desacato por parte de la autoridad, pues no cumple con la resolución judicial, aunque la jueza ordenó el desbloqueo y el pago de una multa.
Coincidió con Reyes Hernández en que la última alternativa es la manifestación pacífica, pues ya han recurrido a todos los medios legales y no les atienden.
