Desiree Madrid
El contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Martínez, informó que la Contraloría concluyó la etapa de investigación interna sobre el caso del antro Rich y que el expediente ya fue remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), instancia encargada de resolver si hubo o no responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados.
Aguiñaga puntualizó que, a partir de este punto, la determinación final del caso ya no depende de la dependencia a su cargo.
El funcionario detalló que la investigación interna identificó a tres trabajadores estatales como presuntos responsables administrativos. La Contraloría propuso al Tribunal una sanción de inhabilitación por 10 años, aunque esta medida es únicamente una recomendación formal y será el TEJA quien resuelva si corresponde imponerla o no, de acuerdo con los elementos del expediente.
Aguiñaga reconoció que, pese a la propuesta de sanción, los tres funcionarios continúan en funciones dentro de la administración estatal; no pueden ser separados de sus cargos mientras el Tribunal no emita una resolución definitiva y firme, ya que la ley garantiza sus derechos laborales hasta que concluya el proceso.
Respecto a la exigencia de información por parte de las víctimas, el contralor se refirió al amparo otorgado al padre del joven fallecido para obtener la versión pública del expediente.
Señaló que la Contraloría ya cumplió con la entrega de este documento, pero se realizó directamente al juzgado como marca el procedimiento legal, y no a los particulares.
Cuestionado sobre la existencia de una presunta multa al organismo por no entregar la información en tiempo, Aguiñaga negó que haya recibido alguna sanción.
Afirmó que no existe notificación de multa y recomendó revisar los estrados judiciales para verificar que no hay registro de penalización contra la dependencia.
De igual forma, el contralor evitó precisar los plazos en los que el TEJA podría resolver el asunto, pues el Tribunal mantiene carga de trabajo en diversos expedientes.
También se reservó el nivel jerárquico de los funcionarios involucrados, por lo que será el órgano jurisdiccional quien, en su momento, defina la responsabilidad y posibles sanciones.
