Fernanda Durán
La creación de una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada vuelve a ponerse sobre la mesa en un momento en el que San Luis Potosí enfrenta una crisis de desapariciones que no se ha detenido. Las familias buscadoras piden una institución que realmente investigue y dé resultados, mientras los datos oficiales y los análisis independientes muestran un problema que creció durante casi dos décadas sin que las instituciones lograran responder.
De acuerdo con el informe A quienes nos faltan, elaborado por Data Cívica, el estado registra 348 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes entre 2006 y 2025. La cifra supera a estados como Oaxaca, Querétaro o Chiapas, y refleja el tamaño del problema. Además, los reportes de desaparición crecieron 3,580% al comparar 2006–2010 con 2020–2024, un aumento mayor que el de Jalisco, Nuevo León o Ciudad de México. Aunque entre 2023 y 2024 se reportó una baja del 33.6%, la organización advierte que podría deberse a inconsistencias en los registros oficiales y, sobre todo, de la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el “censo”, que eliminó 10 mil 953 nombres del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Una depuración administrativa que reduce la estadística, pero no la problemática.
Con esta realidad de fondo, este 19 de noviembre el Congreso del Estado recibió una nueva iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares. Es un proyecto robusto, más completo que su antecesor, que propone modificar estructuras orgánicas, crear nuevas unidades técnicas y armonizar la legislación local con las reformas federales publicadas en julio de 2025. Sobre el papel, la iniciativa es lo que cualquier estado debería haber hecho desde hace años: profesionalizar la investigación, garantizar autonomía operativa y fortalecer una institución que hoy se sostiene con lo mínimo.
Sin embargo, San Luis Potosí no ha logrado dar ese paso, el Congreso detuvo la discusión previa con explicaciones confusas y contradicciones públicas. Las familias buscadoras lo han repetido hasta el cansancio: cuando la voluntad política falla, la búsqueda se vuelve simulación.
El conflicto escaló cuando se retrasó la votación para crear la fiscalía, Edith Pérez Rodríguez, vocera de Voz y Dignidad por los Nuestros, acusó a la diputada Gabriela López Torres de desconocer la ley y frenar un derecho que deriva directamente de la Ley General en la materia. La respuesta de la legisladora fue inmediata: negó haber bloqueado la iniciativa y sostuvo que su intención era “evitar una fiscalía de nombre” sin presupuesto. “Las instituciones jamás van a funcionar con buenas voluntades”, dijo, subrayando que no puede crearse una fiscalía sin un cálculo financiero real.
El argumento no es trivial, el Congreso sí ha cometido errores previos al crear instancias sin recursos suficientes. Pero tampoco es trivial que las familias, durante años, han visto cómo las limitaciones presupuestales se convierten en pretexto para no transformar lo urgente.
Las madres buscadoras saben de presupuestos; saben que sin reactivos, sin peritos, sin laboratorios acreditados, sin personal capacitado y sin estructura formal, el Estado no busca, simula. Y lo que ahora reclaman no es una fiscalía simbólica: reclaman un piso institucional que coloque la búsqueda de personas como una prioridad real.
Un ejemplo cercano de lo que ocurre cuando una fiscalía se crea solo en el decreto, pero no en la práctica, es la Fiscalía Especializada en Tortura, aprobada formalmente por el Congreso del Estado en marzo de 2023 para sustituir a la antigua unidad dependiente de la Vicefiscalía.
Sobre el papel, la reforma la dotaba de autonomía técnica y operativa, alineándola con la Ley General y con los estándares federales; sin embargo, a más de un año de su creación, quien realmente investiga, atrae y litiga los casos de tortura no es esa fiscalía especializada, sino la Fiscalía en Materia de Derechos Humanos.
Fue esta última la que logró, por ejemplo, la vinculación a proceso de dos ex policías por hechos ocurridos en 2013 en Matehuala, tras documentar golpizas y tratos crueles contra un detenido y llevar el caso ante un juez. Evidentemente existe una Fiscalía Especializada en Tortura, pero no existe su operación real, porque las investigaciones siguen dependiendo de otra área, lo que demuestra que crear fiscalías “de nombre” no garantiza que funcionen ni que respondan a la magnitud de la violencia que se pretende atender.
En este punto, vale la pena detenerse en el contenido de la nueva propuesta. A diferencia del intento anterior, esta iniciativa detalla la creación de unidades especializadas —de análisis de contexto, de búsqueda inmediata y de larga data, de atención a víctimas, de delitos cibernéticos y de coordinación Alerta Amber— y establece requisitos de capacitación conforme a estándares internacionales. También incorpora un capítulo completo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General y artículos específicos para definir las atribuciones, perfiles y autonomía de la nueva fiscalía.
Los transitorios son igual de reveladores. El decreto entraría en vigor en un plazo máximo de 60 días naturales, pero la operación completa dependerá de una ampliación presupuestal en 2026, un punto clave que, al menos ahora, ya se establece en la propia iniciativa. Mientras tanto, la Unidad Especializada seguirá operando, y la Fiscalía General deberá hacer ajustes reglamentarios y administrativos para evitar vacíos institucionales. Es un nuevo intento por ordenar, desde la ley, una estructura que siempre estuvo incompleta.
La pregunta es: ¿qué haría diferente esta vez?
El Congreso enfrenta tres dilemas que no puede seguir ignorando. El primero es de coherencia, durante meses ha sostenido públicamente que trabaja de la mano de las familias, pero sus decisiones, omisiones y contradicciones han alimentado desconfianza. El segundo es de responsabilidad, una fiscalía especializada no se construye con discursos ni con gestos simbólicos; se construye con recursos, personal y compromiso institucional. El tercero es de voluntad, si el Legislativo adopta esta nueva iniciativa solo para evitar la presión pública, sin garantizar su implementación real, repetirá el ciclo de instituciones vacías que tanto daño han hecho a las víctimas.
Lo que piden no es heroico ni extraordinario; es lo mínimo que debería ofrecer un Estado que reconoce la magnitud de su crisis. La desaparición de personas no es un asunto técnico, ni burocrático, ni de trámite legislativo. Es una urgencia humanitaria. Y si esta nueva iniciativa llega para cumplir lo que por años se ha pospuesto, el Congreso tendrá que demostrar que aprendió algo del desgaste anterior.
Si no es así, la fiscalía seguirá sin nacer. Y con ella, seguirán sin volver quienes aún esperan ser encontrados.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
