Abelardo Medellín Pérez
A una semana de que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí anunciará el proyecto financiero y legal para resolver la problemática de la Dirección de Pensiones, no queda claro si el anuncio público, con todo y su relumbrón, fue un compromiso de solución o una pantalla para evitar suspicacias ante el fin del año.
El anuncio público de este nuevo intento de rescate trajo consigo todo tipo de jactancias, promesas y reparto de culpas. Por un lado, se afirmó que el gobierno no ha dejado de pagar las aportaciones completas a la dirección; por otro, se anunció que la administración presentará una reforma legislativa para modificar el sistema pensionario del estado y, además, aprovechó para señalar a los sindicalizados como los responsables de su propia debacle.
La rueda de prensa, dirigida por el titular de la dirección, Arturo Coronado Puente, y el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, pese a lo dicho, no dio el ancho como para disipar los apuros que provoca el saber que los cuatro fondos que integran la dirección están quebrados, y administrar sus obligaciones es cada vez más costoso y complicado.
Dos fueron los grandes errores del secretario y el director: como ya es costumbre, no pudieron confirmar la existencia de su deuda, y como si esto fuera una decisión de un grupo y no de un gobierno, dejaron de fuera a los representantes de los sindicatos que, muy probablemente, serán los primeros interesados en enterarse de los extremos de la reforma.
Hasta junio de 2024, la Dirección de Pensiones admitía que el gobierno mantenía un adeudo de 4 mil 843 millones 594 mil 115.92 pesos; hoy, el discurso de la administración (o al menos del gobernador), es que la deuda ya fue saldada, pero las cifras presumidas por el secretario en la rueda de prensa no apuntan a que en efecto se haya saldado.
Para haber cubierto la deuda, el gobierno tuvo que haber pagado más de 284 millones de pesos los últimos 17 meses desde junio del año pasado, suma a la que se añadiría el promedio de 250 millones de pesos mensuales que cuesta pagar las pensiones de los trabajadores.
Es decir, que desde el año pasado el gobierno tuvo que haber pagado más de 500 millones de pesos al mes para cubrir la deuda y mantenerse al corriente con los pagos.
Esto no solo es difícil de creer por la cantidad de dinero, sino por lo callados que estuvieron desde Palacio durante ese periodo. ¿Se supone que comenzaron a pagar la deuda y al mismo tiempo dejaron de publicar el documento con el que podían presumir su cumplimiento?, ¿empezaron a pagar la deuda y se les ocurrió jactarse de ello hasta que al gobernador se le ocurrió la canaleta de que ya no era un moroso?
Luego está la cifra que ofreció el secretario: 12 mil 600 millones de pesos pagados a pensiones desde que inició la administración en 2021. Tal cantidad equivale a pagos de más de 261 millones de pesos al mes, es decir, poco más de lo necesario para cubrir el costo de las pensiones de los cuatro sectores.
El problema con la cifra es que, si de verdad el gobierno estuvo pagando tal cantidad, ¿por qué acumularon 3 mil 646 millones 866 mil 274.2 de pesos en deuda desde que inició la administración y hasta el año pasado?
Las inconsistencias y los discursos demagógicos apuntan a que la rueda de prensa de hace unos días no fue para dar testimonio del pago, sino para abonar a la ocurrencia del gobernador sobre que ya ha atendido el problema.
Luego está el tema de la reforma. En cambios estructurales y de gran calado, no hay atajos, el consenso y los acuerdos deben ser el punto de partida, no una ausencia colateral.
Que el gobierno anuncie una reforma y al mismo tiempo señale a los sindicatos como objetos de culpa, solo siente un precedentes desastroso para lo que serán (si es que las celebran) las mesas de trabajo rumbo a dicha reforma.
El gobierno de Gallardo Cardona no tiene los mejores antecedentes tratando con sindicatos; desde que empezó su administración comenzó a despedir injustificadamente a trabajadores sindicalizados, los reprimió violentamente en protestas y en general los ve como una resistencia indeseable con la que ni siquiera tiene la capacidad de negociar.
¿Cómo va sentarse a la mesa para proponer una reforma que requiere aumentar aportaciones, reducir privilegios, echar abajo derechos adquiridos y limitar beneficios, si lo poco que tiene para ofrecer es una mala fama de matón?, ¿esa es la estrategia, amenazar con la “fuerza del estado” y rezar para que los trabajadores no tomen Palacio de Gobierno en una manifestación multitudinaria?
Si la pretensiones de una reforma es una realidad, el gobernador tiene poco tiempo para comprender que la diplomacia no es una cortesía obligada con los de arriba, es una virtud que se ejercita con todos los sectores. Todos. Porque gobernar sin entender esto, es una promesa de fracaso para cualquier plan que requiera la comprensión de un tercero.
No hay culpables únicos en un problema tan complejo; cierto es que los sindictaos deberán ceder para que el sistema funciones a largo plazo y, al mismo tiempo, el gobierno deberá plantearse quién negociará la iniciativa y si de verdad se siente tan implacable como para emprender una reforma justo en vísperas del año electoral.
Lo único claro a estas alturas es que, a la fecha, no hay una sola prueba de que los discursos y ruedas de prensa hayan alcanzado para pagar efectivamente la deuda, y que ante el compromiso adquirido, no es buena señal que la administración priorice la propaganda de iluciones, antes que los acuerdos con los sectores interesados.
Una vez más, las Pensiones potosinas están más cerca del limbo que de la certeza.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
