Desiree Madrid
El Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Noé Lara Enríquez, confirmó que la familia del policía estatal asesinado recientemente en la capital potosina será incluida en el esquema de apoyos que la administración ha entregado a deudos de elementos operativos fallecidos en servicio.
La declaración ocurrió durante una entrevista en la que se le cuestionó directamente si, tras el homicidio del agente, los beneficios anunciados por el Gobierno del Estado —particularmente una vivienda y un apoyo económico derivado del seguro institucional— ya estaban asegurados para los familiares. Lara Enríquez respondió que sí, que el compromiso existe y que se cumplirá, aunque no precisó fechas, procedimientos ni detalles administrativos sobre cómo se materializará el beneficio en este caso específico.
Al profundizar en la experiencia previa con este tipo de apoyos, el funcionario señaló que hasta ahora se han atendido alrededor de tres casos de elementos estatales que han perdido la vida en hechos relacionados con su labor operativa.
Sin embargo, su explicación se mantuvo general y sin datos puntuales: no especificó los nombres de los agentes, las fechas en que ocurrieron los decesos, ni la situación actual de las gestiones que, según dijo, las familias realizan para recibir los apoyos. La falta de precisión deja abierta la incertidumbre sobre el avance real de esos trámites y sobre cuántos de ellos han concluido efectivamente con la entrega del beneficio anunciado.
En cuanto al contenido del apoyo, Lara Enríquez explicó que consiste en una vivienda —a la que se refirió como un “pie de casa”— y en el pago del seguro correspondiente. Aunque el funcionario describió este paquete como un respaldo para ofrecer un patrimonio básico a los familiares de los elementos caídos, dejó sin aclarar aspectos relevantes, como las características de las viviendas, los mecanismos de asignación, los criterios de selección o los tiempos estimados para su entrega.
Tampoco detalló cómo se financia este esquema, ni si existe un programa formalmente establecido para estos casos, o si los apoyos se gestionan de manera individual conforme ocurren los hechos.
El Oficial Mayor insistió en que estos beneficios están destinados únicamente al personal operativo, es decir, a los agentes que realizan funciones de seguridad en campo y que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de su trabajo cotidiano.
Subrayó que hasta ahora no se han registrado muertes de personal administrativo y que, por tanto, los casos en los que se han otorgado apoyos corresponden exclusivamente a policías que formaban parte de las labores operativas de la corporación.
No obstante, tampoco profundizó en si existe algún tipo de registro público, informe o lineamiento que delimite la entrega de estos beneficios por perfil laboral.
El reciente homicidio del elemento de la Guardia Civil Estatal volvió a colocar en el centro de la discusión pública la situación de los agentes estatales, quienes realizan labores de alto riesgo en un contexto de violencia persistente.
Aunque la confirmación de los apoyos por parte del Oficial Mayor ofrece una referencia sobre las acciones gubernamentales posteriores a estos hechos, la información disponible es limitada y depende principalmente de declaraciones generales sin documentación pública que las respalde.
