Por Victoriano Martínez
La iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026 (página 44) está marcada por dos puntos que tienen que ver con incumplimientos de las autoridades estatales que en esta ocasión se muestran muy “previsores”: las aportaciones a la UASLP como parte del Convenio Marco de Colaboración con la SEP, y la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.
Para este 2025, el presupuesto autorizado fue por 65 mil 561 millones 137 mil 543 pesos, en tanto que para 2026 se proponen 70 mil 461 millones 70 mil 275 pesos. Un incremento del 7.47 por ciento.
De las doce partidas asignadas en los primeros artículos del Presupuesto de Egresos, resulta bastante notorio el efecto que tuvo la crisis a la que se vio amenazada la UASLP por el incumplimiento de las ministraciones por parte del gobierno estatal al Convenio Marco. Para 2026 se le asignó un presupuesto que creció en un 68.72 por ciento.
La disputa entre la UASLP por ese incumplimiento pasó de no ser deuda porque se le entregaba la parte proporcional mensual de los 300 millones de pesos asignados en el presupuesto estatal, a reconocerlo como deuda y pagarla para hacer efectivo el anexo de ejecución del Convenio Marco de Colaboración.
Esta madrugada (captura de pantalla a la 1:20 horas), el tablero de cumplimiento de la SEP reportaba el pago de 206 millones 155 mil 546 pesos con lo que daba por cumplida la ministración de 47 millones 432 mil 641 pesos correspondientes a noviembre, pero aún señalaba un adeudo por 208 millones 684 mil 872 pesos.
Una circunstancia que repercutió en la definición del presupuesto estatal asignado en esta ocasión para la UASLP que se estableció justamente en la cantidad fijada en el anexo de ejecución del convenio marco para este año, 506 millones 155 mil 546 pesos.
Se trata de una cantidad que no necesariamente corresponderá a lo que se establezca en el Anexo de Ejecución 2026, dado que la aportación estatal a la UASLP se ha incrementado en los últimos cuatro años en un promedio de 23.73 por ciento. Un 65.64 por ciento de 2021 a 2022, 16.35 por ciento para 2023, uno porciento para 2024 y un 11.95 para 2025.
Si el gobierno estatal se apega, como en años anteriores, a entregar sólo lo que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, el 2026 terminaría nuevamente con una deuda equivalente a lo que se incremente esa aportación en el convenio, a menos que no se presente ese incremento, lo que parece ser la intención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, según lo que prevé en el artículo cuarto transitorio de su iniciativa:
“Los ejecutores del gasto que tengan conocimiento de la suscripción de convenios, acuerdos o anexos de ejecución con autoridades federales durante el ejercicio fiscal 2026 en los que exista la obligación de la entidad de ministrar una aportación estatal, deberán comunicar a la brevedad el monto aprobado en el presente presupuesto de egresos, a efecto de que dichas autoridades federales lo incluyan como la aportación estatal disponible para suscribirlo”.
Una disposición con la que el gobierno de Gallardo Cardona pasa de aquel se firman los convenios porque hay que firmarlos, pero no porque necesariamente se deban cumplir, a buscar antes de firmarlos advertir a la Federación lo que aquí se presupuestó para que “lo incluyan como la aportación estatal disponible para suscribirlo”.
Aunque pareciera con dedicatoria para el caso de la UASLP, al referirse a “los ejecutores del gasto que tengan conocimiento de la suscripción de convenios” deja ver que puede haber otros que provoquen “situaciones extraordinarias” como las que provocaron la reforma al Presupuesto de este año para tratar de poner orden en las finanzas estatales.
“La Fiscalía General del Estado, con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2026, contempla una reserva de recursos por la cantidad de $4,696,305 (…), para la Fiscalía Especializada en la investigación y persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares”, señala el artículo quinto transitorio de la iniciativa de Presupuesto.
A la Fiscalía General del Estado se le asignó un presupuesto igual al de este año, lo que significaría que desde ya pudo funcionar la Fiscalía Especializada cuya inexistencia coloca en un incumplimiento al Estado desde el pasado mes de septiembre.
Y mientras para la Fiscalía Especializada en Desapariciones de Personas se fija una reserva presupuestal de 4 millones 696 mil 305 pesos, para una entidad fantasmal como la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se le vuelve a asignar un presupuesto de 25 millones 60 mil 259 pesos, producto de otro incumplimiento del Congreso del Estado: desaparecerla.
Un presupuesto 2026 marcado por los incumplimientos que, de cualquier modo, no garantizan que éstos no se prolonguen durante el 2026.
