Simetrías del fango

Adriana Ochoa

El Tribunal Supremo de España sentó en el banquillo al fiscal general, Álvaro García Ortiz, lo juzgó por filtración de secretos, lo fulminó del cargo, lo multó y lo condenó a pagar una indemnización al afectado por mermar su derecho a la defensa con la publicación de esos datos.

El trasfondo de ese juicio tan distante es más grave: el señor García Ortiz instrumentalizó a la Fiscalía de su país para servir una guerra sucia contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de un partido opuesto al del presidente de España. El exfiscal ordenó la filtración de datos reservados sobre el acuerdo de conformidad de Alberto González Amador, la pareja de la alcaldesa opositora, en un caso de delitos fiscales. González Amador admitía las faltas para buscar un acuerdo. La revelación buscaba exponer a un adversario político.

La humillación pública para el fiscal peón del gobierno socialista fue total. El objetivo, confesado por el propio acusado, era simple: “ganar el relato”. O sea, la justicia convertida en herramienta de propaganda para el gobierno.

A miles de kilómetros de distancia, hay una perversa simetría entre el “lawfare” de primer mundo y la miseria política local. Esa misma obscenidad, en niveles de cacería provinciana y mucho más grave en términos de derechos humanos, se ha replicado en San Luis Potosí con la filtración a medios del video confesional del asesino de Jorge Eduardo Dávila Ramírez, el joven estudiante de Estomatología de la UASLP ultimado en un violento asalto callejero.

La divulgación de un material sensible de la carpeta de investigación no solo es un flagrante delito que viola el debido proceso y exhibe al sistema de justicia como un circo mediático, diseñado para calmar a las masas con sangre, en lugar de garantizar un juicio justo. Los abogados del homicida pueden alegar la merma de posibilidades de defensa para su cliente, pues el obsequio de una autoridad irresponsable así se los facilita.

El hecho de que el propio gobernador se vea obligado a condenar la filtración y a pedir a la fiscal, Manuela García Cázares, que investigue a los responsables, no debe tomarse como el requisito cumplido para calmar los cuestionamientos públicos. No cuando es el mismo poder que opera las tuberías de la Fiscalía.

La filtración de ese video para “acreditar” el rápido trabajo en la detención del homicida no es un accidente; es un patrón sistémico de uso faccioso del aparato de justicia. El precedente más claro, que desató una legítima movilización estudiantil en la UASLP, fue la filtración al diario Reforma de la denuncia de violación de una estudiante de Derecho de la misma universidad. Reforma es el abastecedor de servicios informativos de un diario propiedad del gobernador.

En ese caso, la información sensible y dolorosa de una víctima fue utilizada como arma para golpear políticamente a las autoridades universitarias, en largo desencuentro con el gobierno estatal. En ambos casos, el mismo patrón: información reservada se convierte en munición de prensa para “ganar el relato” local, para desviar la atención, o para presionar a quienes el poder considera insumisos.

La Fiscalía General del Estado no es el único eslabón de esta cadena de distorsión institucional. El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) funciona desde hace tiempo con la misma lógica: sus expedientes, sus observaciones, sus hallazgos, rara vez llegan a un tribunal a la vista de todos para ejercer verdadera justicia contra el desfalco. En cambio, son filtrados -a menudo “injertados” con sesgos o datos incompletos- para golpear a los adversarios políticos. Esta práctica, que se ha normalizado en el modus operandi del gobierno actual, convierte a dos instituciones clave para la procuración y fiscalización de justicia en simples terminales de golpeteo político.

Todo este fango nos conduce a la primera semana de diciembre, cuando la fiscal doña Manuela García Cázares deberá comparecer ante el Congreso del Estado. Si la historia y los antecedentes son la guía, será otro intercambio floral aburridísimo, con preguntas a modo y respuestas elocuentes que celebren la colaboración institucional. El ritual de la rendición de cuentas vacía.

Sin embargo, si en esta ocasión Doña Manuela se presenta sin dato de los responsables de filtrar la confesión videograbada del homicida material, el evento puede no ser el ritual de la rendición de cuentas vacía. El gobernador rápido se quitó la diana de las sospechas por la revelación de secreto y se la puso a ella, pidiéndole que investigue un delito que emana de su propia casa.

Hay además un momento provinciano particular, un juego de tronos de ixtle con los operadores más destacados del gobernador disparándose entre sí. La fiscal va a los terrenos de uno de ellos, un pragmático de vuelo migratorio y en la coordenada opuesta a donde se ubica a doña Manuela. Si la inacción la expone, su comparecencia podría dejar de ser un mero trámite para convertirse en la escenificación de un sometimiento.

En San Luis Potosí, la filtración del video de Jorge Eduardo Dávila Ramírez y el precedente de la filtración de la denuncia de la estudiante de Derecho son pruebas irrefutables de que la Fiscalía ha cruzado hace tiempo esa línea roja. La comparecencia de la fiscal García Cázares no es sobre cifras o estadísticas; es sobre el naufragio de una institución.

ROLLOS SUELTOS

SOBRESALTOS. La devolución de la terna para elegir director de la facultad de Derecho de la UASLP generó teorías conspiranoicas creativas, pero distantes de la realidad concreta. La verdad es menos elaborada: directores y algunos consejeros maestros recibieron la convocatoria para ir a votar con muy escasa (o nula) información sobre los proyectos de los contendientes, pero sí mucho ruido mediático de acusaciones, exclusiones y conductas impropias. El análisis legal del modo como se realizó la elección de la terna arrojó dudas sobre el apego estatutario y a la convocatoria.

SIN CONDICIONES. Los directoresexternaron su preocupación al secretario general de la UASLP: no se encontraban en condiciones de votar una terna salida de un proceso en el que se evaluó a los aspirantes con criterios no solo ajenos a la convocatoria, sino que tampoco se socializaron a todos los contendientes. Eso abría un margen muy amplio de inaceptabilidad de la derrota por parte de los que no quedaron y de oportunidad para impugnaciones viables.

LA SESIÓN. El secretario general propuso entonces que a nombre del Consejo Técnico Consultivo de Derecho asistiera a la sesión quien fungió como secretara técnica en ese proceso de selección de la terna. Abierta la sesión de Consejo Directivo, se formalizó la presencia de la docente para resolver ahí las dudas existentes.

PRUDENCIA. La transmisión de la elección fue suspendida porque el compromiso era hacer público el proceso de votación, no la comparecencia de la secretaria técnica. Transmitirla quizá habría sido muy esclarecedor para muchos, pero la Rectoría resolvió no exponer a juicio externo el proceso de la Facultad de Derecho. Fue una decisión prudente.

UNAS SÍ, OTRAS NO. La secretaria técnica explicó las decisiones del CTC que generaban dudas, algunas de manera puntual y convincente. Pero en otras confirmó que los consejeros de Derecho aplicaron parámetros que no estaban en la convocatoria, que han sido ajenos a otras elecciones y además no fueron socializados para todos los participantes. Se explicó que se tomaron por acuerdo, pero un acuerdo, por muy democrático que se vea, no puede pasar por encima de una convocatoria que obliga igual para todos. Y quien vota finalmente es el Consejo Directivo. Por esa razón se resolvió regresar la terna, con voto de mayoría a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

¿UN CUENCO TIBETANO? Consecuencia de ese consenso, que no fue fácil de encaminar y tuvo resistencias, más de una frustración escapó del saber estar promedio y agarró las polvorientas terracerías del alarido de venganza, el criminalizar “a la prensa”, el linchamiento moralino, la pataleta enrabietada y la búsqueda febril de quien las pague aunque no se las deba. La elección se repone y que sea para bien. Hiperventilar suele causar mareos, confusión mental y otros males.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.