Desiree Madrid
Docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí exigieron que sea el Consejo Directivo Universitario (CDU) quien asuma el proceso de elección de la nueva dirección, al determinar que el procedimiento realizado por el Consejo Técnico estuvo marcado por irregularidades, pérdida de documentos y criterios aplicados de forma discrecional.
Para el grupo académico, el mecanismo legal para que el CDU atraiga el caso existe y es indispensable activarlo para restablecer la confianza en una facultad que, aseguran, enfrenta prácticas arraigadas de opacidad.
La profesora Suhey Tristán expuso que su propia documentación —incluida su acta de nacimiento— fue extraviada pese a haber sido entregada en un sobre sellado, y que se aplicaron criterios contradictorios sobre antigüedad docente aun cuando presentó más de 80 constancias de docencia e investigación.
Señaló que resulta especialmente grave que estos problemas ocurran en una facultad dedicada a formar juristas, donde las prácticas deberían ajustarse a principios constitucionales y al respeto pleno del debido proceso.
Por su parte, la profesora Elia Edith Argüelles Barrientos afirmó que la inconformidad del grupo no es contra quienes integran la terna, sino contra la “opacidad con la que se condujo el proceso”.
Criticó que se aceptaran documentos que no estaban previstos en la convocatoria y que se utilizara el argumento del título profesional para descalificar a participantes pese a que el estatuto reconoce equivalencias académicas.
Recordó que en otras facultades de la UASLP han ocupado direcciones profesionistas de disciplinas distintas al Derecho, por lo que considera arbitrarias las descalificaciones públicas hacia quienes provienen de campos como la comunicación o la ciencia política.
El grupo resaltó que nunca antes un proceso había tenido tanta participación docente, ni se había detenido una elección por decisión del CDU, lo que confirma la magnitud de las anomalías.
Argüelles señaló que incluso se usaron criterios discrecionales en la recepción de documentos, como rechazar a una docente por haber llegado “dos minutos tarde”, cuando los retrasos se debieron a la propia operación administrativa del registro. Esto, dijeron, demuestra que el procedimiento nunca fue parejo para todas las personas participantes.
El profesor Vladimir Ibáñez señaló que el Consejo Técnico actuó como “juez y parte”, pues dos de las integrantes de la terna tienen vínculos directos con el director interino y con miembros del propio Consejo.
Afirmó que existe un bloque que ha buscado descalificar a las docentes participantes y generar un ambiente de división dentro de la facultad, por lo que Rectoría debe intervenir para desmontar estructuras de poder que llevan décadas reproduciéndose y que han impedido que la facultad avance académicamente.
Consideró que la elección del nuevo director debe partir de un proceso limpio, sin favoritismos ni presiones internas.
Por su parte, el profesor Edgar Durón Puente fijó la postura central del grupo al solicitar formalmente que el Consejo Directivo Universitario atraiga el proceso. El artículo 85 del Estatuto Orgánico contempla esta intervención en casos extraordinarios, como la vacancia provocada por la renuncia del director.
Citó textualmente la exigencia: “¿Qué solicitamos? Que sea el Consejo Directivo Universitario quien ejerza la facultad de atracción, que se lleve todos los expedientes y, en base a sus cualidades, elija al candidato más idóneo. Queremos que sea transparente, y eso tiene que garantizar la accesibilidad de los candidatos”.
El grupo advirtió que el Consejo Técnico pretende reunirse nuevamente para presentar una terna similar a la ya objetada por Rectoría, lo cual consideraron un retroceso. Insisten en que la única salida imparcial es que el CDU revise todos los expedientes y tome la decisión final, como lo prevé la normatividad universitaria.
Tristán aclaró que la supuesta reunión reciente con Rectoría, referida por autoridades universitarias, nunca ocurrió; la única sesión fue antes de integrarse la primera terna motivada por el caso de agresión sexual ocurrida al interior de la facultad el 17 de octubre, y desde entonces no han sido convocados.
Aseguró que lo que vive hoy la facultad muestra el peso de relaciones de poder internas que han desplazado a la academia, y que el estudiantado merece un proceso honesto, transparente y centrado en la educación. Con ello, reiteraron la petición de que el CDU tome el control de la elección para restablecer la legalidad del proceso.
