Fernanda Durán
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, confirmó que el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 entregado por el Ejecutivo no contempla recursos para realizar las consultas indígenas y ciudadanas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Legislativo desde 2023, por lo que iniciarán negociaciones con la Secretaría de Finanzas para incorporar una partida adicional.
De acuerdo con Serrano, la propuesta del Ejecutivo mantiene prácticamente el mismo nivel de gasto del ejercicio en curso y solo considera “un incremento del 3 por ciento en promedio”, lo que deja fuera la previsión para las consultas obligatorias. El diputado admitió que, con este escenario, el Congreso no podría cumplir con los procesos ordenados por la Corte.
Explicó que el Legislativo requeriría alrededor de 8 millones de pesos para atender la resolución judicial que les exige realizar consultas previas, libres e informadas en materias que impactan a pueblos y comunidades indígenas.
“Lo que estamos ahorita es… va a entrar en las conversaciones con la Secretaría que se incluya como un rubro adicional en el presupuesto precisamente el tema de las consultas, que más o menos es de 8 millones de pesos”.
El legislador añadió que insistirán en que el recurso se agregue durante el análisis presupuestal en comisiones, ya que la necesidad está plenamente identificada pero “en este momento no está contemplado” en el aumento proyectado.
Hasta ahora, el Congreso ha operado sin una partida específica para consultas, pese a que su ausencia ya ocasionó que la Suprema Corte invalidara reformas aprobadas en legislaturas anteriores.
A pesar de que el Congreso solicitó un incremento para 2026, el proyecto del Ejecutivo mantiene prácticamente el mismo nivel de recursos que en 2025: 326.7 millones de pesos, de los cuales el 86.7 por ciento se concentra en servicios personales.
El Legislativo había planteado una necesidad mayor —340.1 millones— para solventar obligaciones crecientes, pero ni la propuesta estatal ni la legislativa incorporaron una partida específica para consultas ni ampliaciones operativas, por lo que el Congreso entrará a discusión presupuestal con un margen limitado y sin capacidad financiera para cumplir con mandatos como las consultas ordenadas por la Suprema Corte.
