Desiree Madrid
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, explicó el contexto en torno a la detención de cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal en Zacatecas, luego de que las autoridades de ese estado los vincularan al hallazgo de siete cuerpos en la zona limítrofe.
El funcionario defendió la actuación de los agentes, pues su presencia en el lugar respondía a un protocolo oficial derivado de un reporte al 911, al mismo tiempo que hizo un llamado al gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y a las autoridades correspondientes a garantizar una investigación adecuada y profesional que permita aclarar los hechos y deslindar responsabilidades.
El secretario detalló que la tarde previa, el 911/C5 de San Luis Potosí recibió un reporte en el que se alertaba sobre la presencia de varios cuerpos en los límites con Zacatecas, un escenario similar a un caso reciente en Ahualulco, donde la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí determinó que las víctimas habían sido privadas de su libertad y de la vida en Pinos, Zacatecas, y posteriormente arrojadas en territorio potosino.
Bajo ese antecedente, se ordenó a dos bases de la Guardia Civil —la de Salinas y la de Villa de Ramos— acudir al lugar para corroborar si el hallazgo correspondía a San Luis Potosí o a Zacatecas y así determinar quién sería la primera autoridad respondiente.
Los agentes de Salinas y los de Villa de Ramos partieron desde sus respectivos municipios hacia la misma ubicación, una brecha conocida como El Salvador, que se ubica en los límites entre Villa de Ramos, Zacatecas, y Santo Domingo.
Según la versión del secretario, el grupo de Salinas llegó primero y encontró que personal de Zacatecas ya procesaba la zona; poco después arribó la unidad de Villa de Ramos. En ese punto inició un cuestionamiento hacia los agentes potosinos por el vehículo en el que viajaban —una unidad no balizada que aclaró Juárez Hernández es oficial y se encuentra bajo comodato con la Presidencia Municipal de Salinas—, utilizada de manera conjunta por la Policía Municipal y por la Guardia Civil Estatal.
Fue entonces cuando se notificó a San Luis Potosí que los agentes serían detenidos. Inicialmente, el asunto se presentó como una cuestión administrativa: la autoridad potosina debía comprobar que el vehículo era oficial y aclarar la ausencia de un oficio de comisión.
Los elementos de Villa de Ramos comunicaron que a sus compañeros se les informó que serían arrestados por circular en un vehículo civil y sin oficio de comisión, a pesar de tratarse de un auxilio oficial. Incluso lograron grabar un video del momento donde se escuchan voces que podrían pertenecer a policías de Zacatecas indicando que la detención era por el uso de un vehículo civil y manchas hemáticas en el vehículo, lo que el secretario mencionó como parte de un interrogatorio inicial.
Sin embargo, la situación cambió cuando se les notificó que la investigación quedaba a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; más tarde se difundió una postura donde se sugería que los elementos potosinos estaban vinculados con los siete cuerpos.
Sobre los señalamientos que apuntaban a que los agentes habrían trasladado los cuerpos hacia territorio zacatecano e incluso que el vehículo no balizado presentaba manchas de sangre, el secretario insistió en que, de manera oficial, no existe confirmación alguna de esto y que no puede asegurar si esa evidencia es real.
Reafirmó que los agentes únicamente respondieron al reporte del 911 y que, si el caso resultara similar al de Ahualulco, correspondería entonces a la Fiscalía de Zacatecas demostrar que los elementos estuvieron en su territorio cometiendo los hechos, cuando la información de San Luis Potosí indica que partieron directamente de Salinas hacia el auxilio.
Juárez Hernández defendió que los agentes estaban debidamente identificados y que todas sus armas se encuentran registradas ante la SSPC bajo licencia colectiva. Utilizaron la unidad no balizada, porque el resto del personal de esa base realizaba la puesta a disposición de un detenido por narcomenudeo con la patrulla oficial.
Asimismo, pidió que la investigación se conduzca con rigor y respeto al debido proceso, y que el gobernador de Zacatecas supervise personalmente el actuar de las autoridades involucradas para evitar que se responsabilice a personas que no estuvieron en el lugar de los hechos.
Aseguró que San Luis Potosí está listo para entregar toda la información necesaria —incluido el reporte al 911, el convenio de colaboración, el comodato del vehículo y la ruta de los elementos—, aunque hasta el momento la Fiscalía zacatecana no la ha solicitado.
Los cuatro agentes permanecen bajo disposición del Ministerio Público de Zacatecas, que cuenta con 48 horas para presentarlos ante el juez de control. El secretario dijo confiar en que esa audiencia permitirá esclarecer finalmente lo ocurrido.
En su conclusión, el funcionario afirmó que la coordinación policial entre ambos estados debe continuar, pero tomarán mayores precauciones y reforzarán la presencia operativa para evitar que un protocolo habitual de auxilio en la zona fronteriza termine por derivar, nuevamente, en la detención de elementos que acudieron a realizar su trabajo.
