Por Victoriano Martínez
El Congreso del Estado tiene la facultad de “fijar los ingresos y egresos del Estado con base en los presupuestos anuales que el Ejecutivo deberá presentar”, de acuerdo con la fracción XI del artículo 57 de la Constitución Política del Estado.
Conforme a la fracción VII del artículo 80 constitucional, el gobernador del estado debe presentar “iniciativas de, Leyes de Ingresos; y del Presupuesto de Egresos” para el siguiente año a más tardar el 20 de noviembre de cada año.
Constitucionalmente, la relación es clara: el Poder Ejecutivo presenta las iniciativas sobre lo que prevé como ingresos y egresos para el siguiente año, y quien los fija, con base en esas propuestas, es el Poder Legislativo. Es decir, los diputados deben tomar como base lo que el gobernador propone, lo que no significa que lo deban aprobar tal cual, como si de una orden se tratara.
Una relación ante la que sorprende que el diputado Héctor Serrano Cortés como presidente de la Junta de Coordinación Política, anuncie que iniciarán conversaciones para “que se incluya como un rubro adicional en el presupuesto precisamente el tema de las consultas, que más o menos es de ocho millones de pesos”.
¿Hasta dónde es cortesía conversar con la Secretaría de Finanzas como parte del Ejecutivo para que se incluya un rubro adicional y hasta dónde un acto de sumisión con el que buscan tomarle el parecer a la dependencia estatal como si el Legislativo no tuvieran la facultad de “fijar los ingresos y egresos del Estado”?
Como cortesía, las conversaciones tendrían que tener un sentido más de un mero aviso sobre lo que requiere adicional el Congreso del Estado y que se va a incluir y no el de una forma de buscar que se incluya esa partida adicional.
El Congreso del Estado envió al Ejecutivo una propuesta de presupuesto para 2026 en la que requería de 340 millones 154 mil 545 pesos (página 449), un aumento de 22 millones 951 mil 395 pesos que representa un 7.24 por ciento contra lo aprobado para este año.
En su propuesta de Presupuesto, el Ejecutivo le asignó 326 millones 719 mil 245 pesos, es decir, un aumento de apenas 9 millones 516 mil 95 pesos, un 2.45 por ciento sobre el presupuesto aprobado.
Si se toman en cuenta los 9 millones 900 mil pesos que los diputados se autorizaron el 11 de noviembre al modificar el Presupuesto de Egresos para que el Ejecutivo atendiera “situaciones extraordinarias”, en la iniciativa de presupuesto 2026 realmente se le asigna un 0.12 por ciento menos.
Al someter a conversaciones con la Secretaría de Finanzas aumentar en la iniciativa ocho millones de pesos más para su presupuesto, los diputados exhiben que renuncian a su facultad de ser quienes fijan los montos de los ingresos y egresos, incluso para atender sus propios requerimientos que consideran urgentes para atender la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si no ejercen esa facultad para establecer modificar la propuesta para sus propios compromisos legales, poco se puede esperar que revisen con detalle las asignaciones en las distintas áreas de la administración pública para evaluar si se atienden las prioridades de cada sector y con base en ese tipo de valoraciones realizar las adecuaciones desde ahora a la iniciativa del Ejecutivo.
El Ejecutivo somete a la aprobación del Legislativo la distribución del gasto no como un mero trámite burocrático para que los diputados lo aprueben, sino para que éstos ejerzan su condición de representantes populares, analicen que se atiendan de la mejor manera los intereses de sus representados y hagan los ajustes necesarios.
Pero tal es la sumisión de los diputados al Ejecutivo que son incapaces de ejercer sus facultades para garantizar la realización de sus propias obligaciones.
Al no representarse ni a sí mismos y su obligación de proteger la dignidad de la institución que encabezan, no sólo anulan al Poder Legislativo, sino que eliminan la división de poderes y le dejan al Ejecutivo abierto el paso a la discrecionalidad que deviene en un desorden en las finanzas que los obliga a más actos de sumisión como la reforma para “situaciones extraordinarias”.
