Fernanda Durán
La Comisión del Agua del Congreso del Estado entró este martes en la fase clave del análisis de las iniciativas de leyes de cuotas y tarifas que enviaron los organismos operadores para el ejercicio fiscal 2026, en una sesión donde se confirmó que, pese a los anuncios públicos de “cero aumento” hechos por un bloque de organismos, casi todos plantearon incrementos en sus propuestas formales.
Al abrir el punto del orden del día, la presidenta de la Comisión, diputada Nancy Jeanine García Martínez, informó a sus compañeros que ya se realizó una primera revisión de las iniciativas recibidas el 5 de noviembre y que el diagnóstico no es alentador, ni en forma ni en contenido.
Explicó que, aun con las capacitaciones previas y el prototipo de iniciativa que se les entregó, “presentan nuevamente sus iniciativas de una manera fuera del formato solicitado… incluso con variables en cada uno de los conceptos y todos tienen aumento a excepción de Cárdenas”, lo que anticipa un análisis complejo y tardado.
El asesor técnico de la Comisión detalló que los 21 organismos operadores existentes en el estado presentaron propuestas, aunque Tanquián lo hizo de forma extemporánea, el 6 de noviembre.
Recordó que la fracción tercera del artículo 96 de la Ley de Aguas establece que, si la iniciativa no se entrega a más tardar el 5 de noviembre, debe tomarse como vigente la ley de cuotas y tarifas del ejercicio en curso, aun así, dejó abierta la posibilidad de que la Comisión decida si será estricta o flexible con ese caso específico.
El secretario también recordó el esfuerzo hecho para simplificar y homologar las leyes locales: se les proporcionó un prototipo de iniciativa reducida, eliminando artículos ya contenidos en la Ley de Aguas, la Ley de Hacienda para los Municipios y el Código Fiscal del Estado. Sin embargo, varios organismos desoyeron esos lineamientos.
“Están obviando nuevamente su iniciativa con 59, 60, 65 artículos, cuando la ley debe de tener sus 24, 25 artículos”, destacó, al señalar que uno de los primeros criterios a definir será si la Comisión ajustará esas iniciativas al nuevo esquema o aceptará, de facto, el desorden normativo.
En materia tarifaria, el secretario técnico de la comisión recordó que la ley obliga a que cualquier ajuste se calcule con base en el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) del sector agua potable; para el proceso de 2026 debe tomarse el acumulado de enero a septiembre, porque las iniciativas se entregan antes del 5 de noviembre. Ese indicador marca un incremento de referencia de 4.93 por ciento.
Pese a los anuncios de “congelamiento” de tarifas, 11 organismos se acercaron a ese parámetro técnico y solicitaron incrementos en torno al 4.9 por ciento, mientras que otros se desviaron por arriba o por debajo; en algunos casos con propuestas de hasta 20 por ciento de aumento en ciertos conceptos como Ciudad Valles, que envió dos propuestas, o Ciudad del Maíz. La disparidad, coincidieron, refuerza la necesidad de fijar criterios uniformes desde el Congreso.
Uno de los puntos más sensibles de la sesión fue la incongruencia entre el discurso público y las iniciativas oficiales. García Martínez recordó que un bloque de 14 organismos acudió al Congreso a entregar sus propuestas anunciando que no solicitarían aumento para 2026, pero el análisis técnico reveló lo contrario.
“Hubo 14 organismos que manifestaron cero aumento… la realidad es que no traen cero aumento, sí traen aumento”, recalcó.
La diputada subrayó que esa contradicción no solo complica el trabajo de dictaminación, sino que coloca al Congreso en una posición compleja frente a la opinión pública.
Los legisladores integrantes advirtieron el riesgo de que, si el Congreso respeta los incrementos vinculados al índice inflacionario, los organismos culpen a los diputados de haber “aprobado aumentos”, pese a que ellos mismos los solicitaron.
El diputado Rubén Guajardo Barrera propuso abordar el tema con transparencia: difundir una tabla clara con los porcentajes presentados por cada organismo y explicar que el Legislativo busca un equilibrio.
Sugirió incluso una rueda de prensa previa al Pleno: “esto es lo que se presentó (…) estamos haciendo un análisis para no pegarle a la ciudadanía, y el Congreso va a ser muy responsable”, planteó, con la intención de que el costo político no recaiga únicamente en la legislatura.
Como acuerdo preliminar, la Comisión resolvió que se emitirá un boletín informativo desde este mismo martes y, la próxima semana, se organizará una rueda de prensa para exponer públicamente qué organismos solicitaron aumentos y de qué magnitud, antes de que se sometan los dictámenes al Pleno.
Paralelamente, se enviarán oficios a los directores de los organismos operadores y a los alcaldes para hacerles saber que no cumplieron con los formatos ni con la metodología acordada en las capacitaciones, y advertirles que, en próximos ejercicios, se exigirá mayor apego a la norma.
En lo técnico, la sesión cerró con una ruta de trabajo clara, aunque aún incompleta. Por un lado, la Comisión perfila homologar todos los conceptos comerciales, industriales y públicos al 4.93 por ciento del INPP, ajustando tanto a los organismos que pidieron menos como a los que pretendían aumentos de dos dígitos.
Por otro lado, se decidió dejar en pausa cualquier definición sobre el servicio doméstico, particularmente en vivienda popular, media y residencial.
La idea, explicó García Martínez, es que los organismos envíen información detallada sobre la clasificación de sus usuarios domésticos para explorar un esquema diferenciado: no aumentar la tarifa en vivienda popular e incluso valorar el tratamiento de la vivienda media, mientras que la vivienda residencial sí podría ajustarse al índice.
El propio asesor reconoció que esto será viable solo en los organismos que ya cuentan con una estratificación socioeconómica; en aquellos donde todo se cobra bajo un solo concepto de “servicio doméstico”, definir quién paga y quién no implicaría riesgos de inequidad y posibles impugnaciones legales.
Al término de la comisión, en entrevista, la presidenta recordó que la Comisión del Agua puede trabajar hasta el 31 de diciembre para concluir los dictámenes, pero deberá hacerlo coordinada con las Comisiones de Hacienda, que también utilizarán el INPP como referencia en la Ley de Ingresos de los municipios.
En ese margen, insistió, el reto será doble: proteger a los usuarios de un impacto excesivo en el servicio doméstico y, al mismo tiempo, evitar que los organismos sigan operando en números rojos, bajo leyes desordenadas y promesas públicas que no corresponden a lo que entregan por escrito.
