Fernanda Durán
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) dará a conocer el lunes 1 de diciembre, ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, los 178 informes de auditoría correspondientes al ejercicio fiscal 2024, en los que se reporta un monto acumulado cercano a los mil 400 millones de pesos en observaciones pendientes de solventar; la cifra, aún preliminar, se concentra principalmente en municipios.
La secretaría técnica del IFSE, María de los Ángeles Sánchez, explicó que los informes incluyen auditorías financieras de cumplimiento y de desempeño, e incorporan únicamente las observaciones que subsistieron después de la etapa preliminar.
“Estos informes incluyen los resultados de las observaciones que subsistieron después de los informes de resultados preliminares y ya después de que la entidad tuvo una ocasión para entregarnos información”.
Sánchez añadió que el consolidado preliminar asciende a casi 1 mil 400 millones de pesos, aunque “todavía no es definitivo”.
El auditor superior del Estado, Rodrigo Lecourtois López, recordó que en la etapa preliminar las irregularidades superaban los 2 mil millones de pesos. La reducción se debe a que varios entes reintegraron recursos o entregaron documentación aclaratoria.
“Muchos regresaron dinero, ¿eh? Muchos incluso repavimentaron, muchos nos aclararon correctamente y nos trajeron toda su documentación y eso permitió bajar eso… Entonces esperamos reducir todavía más este monto”.
Entre los organismos que más lograron disminuir observaciones está la capital del estado.
Lecourtois subrayó que el aumento de observaciones no debe interpretarse como un logro del órgano fiscalizador, sino como un síntoma de fallas institucionales.
“A pesar de que es un logro que el instituto cada vez encuentre más observaciones, en realidad el logro es todo lo contrario… Porque se están encontrando bastantes irregularidades. La mayoría de estas irregularidades son en los municipios”.
Cuestionado sobre la percepción pública de que los reintegros evitan sanciones, el auditor argumentó que el objetivo principal es recuperar recursos públicos.
“Lo que nos interesa es que reintegren este dinero, que se convierte en dinero para los ciudadanos (…) tenemos dos terrenos ahorita que ya embargamos y que vamos a devolver a algunos ayuntamientos”.
Para evitar la prescripción de faltas graves, el IFSE ya ha presentado alrededor de siete denuncias penales desde etapas tempranas de la revisión “para evitar el tema de la prescripción”.
El plazo final para solventar observaciones vencerá en febrero y, a partir de entonces, el Instituto tendrá 60 días para emitir resultados definitivos.
“Después ya es un tema totalmente acusatorio en donde tienen que acudir con un abogado… y pues comienza ya un tema ya particular de cada funcionario”, explicó.
Respecto al caso de la UASLP, Lecourtois López indicó que no se ha presentado una denuncia penal “porque al final de cuentas se trata como de un ocultamiento de recursos, pero se va a seguir con todo el trámite de fiscalización hasta una sanción ante el Tribunal de Justicia Administrativa”.
Recordó que incluso cuando un ente solventa mediante reintegros, la responsabilidad administrativa subsiste.
“Ya no queda el monto, pero sí queda el hecho, y le corresponde a los órganos internos de control o bien al Tribunal de Justicia Administrativa”.
