Desiree Madrid
El periodista Alberto González Hernández, director del medio El Gran Diario de la Huasteca, presentó una denuncia penal en contra del secretario general del Ayuntamiento de San Antonio, Estanislao de Jesús Martell Vega, por presuntos actos de abuso de autoridad, intimidación, coacción y ataques a su labor periodística.
La querella fue ingresada el 25 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, y busca que se investigue el comportamiento del secretario en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con el documento presentado por el comunicador, la denuncia se fundamenta en un audio que recibió y que corresponde a una reunión interna del Ayuntamiento realizada el 24 de noviembre.
En dicha sesión participaron diversos directores y personal operativo, entre ellos el titular de Protección Civil, el director de Comunicación Social, el secretario técnico y otros colaboradores municipales.
Según la declaración del periodista, a partir del minuto 13 de la grabación, Martell Vega comenzó a referirse a él con expresiones insultantes, agresivas y con información falsa, lo que podría representar un intento deliberado de intimidarlo y desacreditarlo frente a otros servidores públicos.
El periodista anexó citas textuales de lo que asegura son frases emitidas por el secretario general. Entre las expresiones directas se encuentran: “No me tomaste ni una pinche foto hablando” y “Ese hijo de su puta madre no me puso”.
También señala comentarios indirectos que considera estigmatizantes, como “quién está disfrutando del recurso, él”, así como las acusaciones de que “ellos son oportunistas como lo han sido siempre” y que hay “esos cabrones que los 15 y 30 sacan la tarjeta y sacan la lana”. Según González, estas expresiones fueron hechas públicamente dentro de la reunión y habrían tenido la intención de exponerlo y desprestigiarlo.
En la denuncia, González Hernández argumenta que estos señalamientos constituyen agresiones dolosas y una forma de violencia institucional, ya que el funcionario habría usado su investidura para lanzar descalificaciones personales en un entorno laboral gubernamental.
Detalla que las expresiones no solo dañan su reputación, sino que lo colocan en una situación de vulnerabilidad, en un contexto donde el ejercicio periodístico en la región enfrenta tensiones y riesgos. El uso de presuntas imputaciones falsas sobre ingresos o actividades irregulares incrementa la amenaza hacia su integridad.
Como parte de las pruebas, el periodista entregó a la Fiscalía el audio original en formato USB, donde supuestamente se escuchan de manera íntegra las expresiones denunciadas.
Solicitó que se realicen peritajes especializados para verificar la autenticidad del material y determinar la identidad de quienes intervienen en la grabación, además de que la autoridad investigue la posible responsabilidad del secretario general y que, en su caso, se apliquen las sanciones previstas por la ley.
En la misma querella, González también solicitó medidas de protección para garantizar su seguridad personal bajo el argumento de que los hechos denunciados tienen relación directa con su labor informativa.
Considera que la estigmatización pública por parte de un servidor público de alto nivel en el municipio constituye un riesgo que justifica acciones inmediatas de resguardo. Además, requirió que se le repare el daño moral y profesional que derivó de las expresiones difundidas dentro de la reunión del Ayuntamiento.
Para el periodista, el caso busca dejar precedente sobre el uso indebido del poder público para intimidar o desacreditar a integrantes de la prensa.
En el estado de San Luis Potosí las condiciones laborales del periodismo siguen siendo frágiles y los mecanismos de defensa mantienen cierta inoperancia, tal como en días anteriores se presento en el diagnóstico sobre la política estatal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado de San Luis Potosí en la última década (2013-2023) por Educiac.
