Fernanda Durán
El Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reconoció que no tiene claridad sobre quién integra la comisión que analiza el expediente de la maestra Iraís Valenciano Calvillo por violencia de género, a pesar de que el procedimiento lleva más de un año y medio sin resolución, y de que la propia docente solicitó que su caso sea turnado a la Abogacía General para definir una sanción contra el agresor.
Durante la sesión, el secretario general recordó que el 16 de septiembre de 2025 el entonces director de la Facultad de Derecho, Germán Federico Pedroza Gaitán, pidió retirar del orden del día dos expedientes ―entre ellos el de la Facultad de Ciencias de la Comunicación―, para que fueran revisados por una comisión especial. Desde entonces, los casos quedaron “en stand by” a la espera de un informe que nunca se presentó al pleno del CDU.
La directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Adriana Ochoa, explicó que la maestra Iraís ya cuenta con el reconocimiento de “calidad de víctima” y con un trabajo previo de la Defensoría de Derechos Universitarios; incluso relató que en la administración anterior se había avanzado en la posibilidad de un desagravio público, pero que el asunto “ha ido de un tema a otro, de un fracaso a otro”, por lo que la solicitud ahora es que la Abogacía General reciba el expediente y, con base en el Estatuto, proponga la sanción correspondiente al agresor.
Varios consejeros se pronunciaron a favor de esa ruta para darle certidumbre y celeridad al caso. Consideraron que, tras más de 16 meses de trámite, lo urgente es que una instancia con capacidad técnica revise qué se ha hecho y qué falta, y que se priorice a la víctima frente a los tiempos internos de la institución para evitar que el procedimiento siga prolongándose sin una resolución clara.
Sin embargo, desde la mesa directiva se advirtió que la Abogacía General no tiene actualmente facultades sancionatorias en materia administrativa dentro del Estatuto Orgánico, por lo que transferirle directamente la decisión implicaría una reforma normativa.
En su escrito, Iraís Valenciano recordó que el propio Estatuto Orgánico faculta a la Abogacía General y al Órgano Interno de Control para revisar procedimientos administrativos y emitir dictámenes jurídicos, por lo que solicitó que su expediente fuera turnado a esas instancias para valorar el actuar de la Comisión Institucional de Justicia Universitaria y proponer una sanción al agresor.
No obstante, en la discusión del Consejo Directivo Universitario se sostuvo que para que la Abogacía General pueda “sancionar” sería necesaria una reforma al Estatuto, mezclando la figura de acompañamiento y dictamen que ella planteó con la idea de trasladarle la facultad sancionadora que hoy recae en el propio Consejo.
Ante ese argumento, otra parte del Consejo defendió que primero se conozcan los resultados de la comisión encabezada en su momento por el director de Derecho y que el CDU decida con base en ese trabajo.
Tras más de 40 minutos de discusión, la mayoría votó por mantener el acuerdo de septiembre: pedir a esa comisión que entregue sus conclusiones en la próxima sesión para que el Consejo pueda analizarlas y, en su caso, determinar si el asunto se resuelve ahí mismo o se turna posteriormente a la Abogacía General. La vía de enviar de inmediato el expediente a dicha oficina fue desechada.
El momento más tenso se produjo cuando tomó la palabra la propia maestra Iraís, quien también forma parte del CDU. La docente pidió saber quiénes integran la comisión que revisa su caso y, al no obtener una respuesta precisa, señaló que sólo tenía identificadas a dos personas y “ninguna de ellas es abogada”.
Cuestionó que se haya votado sobre su expediente sin que quede claro quién está sesionando ni con qué perfil técnico, y que el proceso, que ya lleva un año y medio, le ha causado “una gran dificultad” emocional.
A la confusión se sumó que otra integrante del Consejo dijo haber sido nombrada para esa comisión, pero nunca fue convocado, mientras que la consejera maestra de la Facultad del Hábitat relató que su participación se limitó a una reunión individual con el exdirector de Derecho para revisar un caso relacionado a su facultad, que se revisa a la parte del caso de la maestra Iraís.
Esto llevó a más voces a exigir que se presente el acta de integración, se precise quiénes participaron realmente y se transparente el avance del trabajo, pues hasta ahora no se conocen dictámenes formales ni minutas.
En paralelo, se notificó al CDU la renuncia de la presidenta de la Comisión Institucional de Justicia Universitaria (CIJU), instancia que originalmente conoció del caso y de otros expedientes. Aunque se informó que la comisión ya había entregado dictámenes en dos asuntos, su salida abona a la percepción de inestabilidad en los mecanismos internos de justicia de la UASLP.
La maestra Iraís ya había enviado el 11 de noviembre un escrito al Consejo en el que acusó retrasos injustificados, irregularidades en las notificaciones, revictimización y un uso de lenguaje subjetivo en el dictamen de la CIJU, además de pedir que su expediente fuera revisado por la Abogacía General y por el Órgano Interno de Control.
Con la decisión de posponer una vez más la definición de su caso y esperar el informe de una comisión cuya integración ni siquiera fue aclarada en la sesión, el CDU dejó en el aire tanto la ruta de sanción al agresor como la promesa de garantizar un proceso claro, especializado y libre de revictimización para la docente.
