Por Victoriano Martínez
A propósito de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anula el cobro de inscripción de una alumna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en caso de que se hiciera efectiva la educación gratuita en el nivel superior, ¿qué proporción del presupuesto que hoy ejerce perdería la Universidad y qué monto representaría?
Lo primero que tendría que definirse es el alcance de esa gratuidad de la educación, es decir, si anula la totalidad de los ingresos propios de la UASLP o si sólo se limita al caso de los cobros de inscripciones y posiblemente algunas otras cuotas por cuestiones académicas como exámenes profesionales o exámenes a título, para quienes haya reprobado algunas materias.
Entre enero y octubre de este año, la UASLP tuvo ingresos totales por 2 mil 937 millones 684 mil 474.76 pesos, de los cuales 574 millones 388 mil 605.38 pesos, el 19.55 por ciento, correspondieron a ingresos propios. De quedarse sin posibilidad de ingresos propios, la UASLP perdería prácticamente dos de cada diez pesos en sus ingresos.
Una pérdida que está muy por encima de lo que el gobierno estatal le había proporcionado en ese mismo periodo a la UASLP, 250 millones 38 mil 33 pesos, equivalentes al 8.51 por ciento.
Aun si el gobierno estatal hubiera cumplido a octubre con las ministraciones a las que estaba obligado, que tendrían que haber sido 458 millones 722 mil 905 pesos, sería una cantidad inferior a lo que perdería la UASLP con la gratuidad, pues representa el 15.62 por ciento de los ingresos en ese periodo.
De los 574 millones 388 mil 605.38 pesos que tuvo la UASLP como ingresos propios en los primeros 10 meses de este año, 224 millones 448 mil 851.57 pesos correspondieron a algún tipo de inscripción, a licenciaturas, cursos o maestrías (como en el caso de la estudiante que ganó el amparo).
Si ese concepto fuera el único que quedara excluido con la gratuidad, la UASLP perdería un ingreso equivalente al 7.64 por ciento.
Si la gratuidad incluyera cualquier tipo de examen académico, por los que entre enero y octubre ingresaron a la UASLP 20 millones 832 mil 737.49 pesos, el porcentaje del presupuesto que perdería aumenta al 8.35 por ciento, una cantidad muy similar a la aportación estatal.
¿Cuál sería el efecto de una pérdida de ingresos de esa proporción? La crisis que se advirtió en las semanas pasadas por el incumplimiento en las aportaciones del gobierno del estado corresponde casi a una representación de lo que representaría para la operación de la UASLP: una deuda por 208 millones 684 mil 872 pesos no cubierta habría paralizado a la Universidad tres quincenas.
Una reducción por 245 millones 281 mil 589.06 pesos de diez meses más lo que se acumularía en los dos últimos meses del año, por lógica simple podría tener un efecto similar, salvo que sería un faltante a contemplar desde la definición de la aplicación del presupuesto. Es decir, tendrían que tomarse medidas para evitar el paro.
“Vamos a tener que empezar a cerrar cursos, ya no podemos pagar maestros hora clase, y sería un decrecimiento en la calidad educativa”, dijo el rector Alejandro Zermeño Guerra.
Una alternativa para dar viabilidad a la gratuidad pareciera estar contemplada en al Convenio Marco de Colaboración 2016 SEP-UASLP-Gobierno del Estado. En la Segunda Cláusula ese documento prevé que el monto de las ministraciones federales y estatales se iguales, es decir, que la aportación estatal se empareje con la federal y cada uno aporte el 50 por ciento del subsidio a la UASLP.
“Asimismo “LA SEP” y “EL EJECUTIVO ESTATAL” están de acuerdo que los recursos que se asignen a “LA UNIVERSIDAD”, se realicen buscando un esquema de financiamiento equitativo ideal, que con el tiempo logre que “EL EJECUTIVO ESTATAL” aporte hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los recursos, siempre y cuando cuente con suficiencia y autorización presupuestal o en su caso con la autorización del Congreso del Estado”, dice una parte de esa cláusula.
Este año la aportación federal fue de 2 mil 483 millones 540 mil 533 pesos. Si la aportación estatal fuera igual, la gratuidad de la educación superior en la UASLP estaría garantizada. Una cláusula a la que Zermeño Guerra apostó cuando propuso al Congreso del Estado en 2023 que se tomaran las medidas legales para lograr para la UASLP la autonomía presupuestaría.
En diez años el Convenio Marco de Colaboración ha avanzado muy poco en ese objetivo.
En cuatro años, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha mostrado una voluntad opuesta a ese objetivo, a pesar de que cada año ha firmado el Anexo de Ejecución, en el que estampó su firma, pero sin valor, porque no asumió el compromiso hasta este año que fue presionado por las otras dos partes firmantes.
La actitud revanchista desde la gallardía por haber sido obligado a cubrir las ministraciones a las que se comprometió, con un acto de humillación hacia Zermeño Guerra al hacerlo posar como beneficiario de un programa social y con un Congreso del Estado que lo convocó a una reunión que se podía prever de linchamiento, presagian que la autonomía presupuestaria está muy lejos.
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzó en establecer bases para la gratuidad en la educación superior, Gallardo Cardona y sus sumisos diputados han dejado claro que con ellos no se puede contar.
