Desiree Madrid
La secretaria de Finanzas de San Luis Potosí, Ariana García Vidal, admitió que el pago de la nómina del sistema de telesecundarias aún es una carga financiera que el Estado no ha logrado estabilizar ni coordinar plenamente con la Federación.
En la entrevista, explicó que cubrir los salarios requiere un gasto aproximado de dos mil doscientos millones de pesos al año, cifra que describió como “en números francos”, mientras que los recursos federales destinados al tema se quedan muy por debajo.
“Nosotros nos regalan… un apoyo como de 600 millones, 800 millones”, dijo, al aclarar que el faltante debe ser absorbido directamente por el erario estatal.
García Vidal reconoció que los recursos federales llegan etiquetados para rubros distintos, pero aun así se desvían para pagar nómina, lo que complica otros compromisos.
“Lo podríamos utilizar en otro tipo de situaciones, pero se utiliza para pago de la nómina”, señaló.
Esto ha convertido al sistema de telesecundarias en un gasto inflexible que año con año presiona el presupuesto, lo que obliga al Estado a cubrir el déficit mediante gestiones adicionales o fondos extraordinarios.
Según dijo, cuando el apoyo federal es menor, la presión se vuelve inmediata: “Todo el excedente… lo paga el Estado”.
La funcionaria explicó que el origen del problema está en las diferencias entre lo que el Estado paga y lo que la Federación reconoce como válido. Tras la federalización de la nómina, varios bonos y prestaciones quedaron fuera de los registros federales, aunque todavía son parte del ingreso de los docentes.
“Traen bonos y traen algún tipo de prestaciones que ahora la Federación no quiere reconocer o ya no reconoce”, aseguró.
Esa disparidad ha provocado que, mientras los maestros exigen que se mantengan sus derechos, la Federación se niegue a absorber esos montos y el Estado tenga que seguir cubriéndolos.
Durante la entrevista, García Vidal dijo haber sostenido reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para intentar empatar datos, pero la conciliación sigue pendiente.
“Necesitamos conciliar la información que ellos tienen con la información que nosotros tenemos”, indicó.
El desfase oficial no solo afecta las cuentas públicas, sino que alimenta tensiones laborales, especialmente en un contexto donde los docentes de telesecundarias han reclamado el reconocimiento pleno de sus prestaciones y la falta de regularización federal.
La secretaria anticipó que la problemática se mantendrá en 2026. Al ser cuestionada sobre si el Estado continuará cargando con esa nómina, respondió sin titubeos: “Sí, claro”.
Explicó que la única variante es la disponibilidad del llamado Ramo 180, cuyos recursos pueden aliviar parcialmente la presión financiera, pero que son irregulares y no garantizan estabilidad.
“Este año fue un gran año… pero el año que yo inicié… nos fue muy mal”, dijo, calificando la experiencia como una “moraleja” sobre la dependencia de fondos inciertos para cubrir obligaciones permanentes.
García Vidal también reconoció que la falta de claridad en la información federal complica la planeación y obliga a una gestión constante, por lo que pese a la intención de sostener a los maestros, las diferencias con la Federación se mantienen sin una ruta clara de solución.
“Vamos a apoyar a los profesores… para que la Federación los pueda reconocer y no les quiten nada”, afirmó, aunque esto no resuelve el hecho de que, hasta ahora, el Estado asume gastos que no le corresponden de manera formal.
La funcionaria dejó entrever que este problema condiciona otras decisiones financieras del gobierno estatal, incluidas las relacionadas con créditos, cierres anuales y el margen para atender otras necesidades. La falta de reconocimiento federal de prestaciones históricas, sumada a un déficit que se repite cada año, mantiene a San Luis Potosí en un equilibrio frágil.
