Desiree Madrid
La secretaria de Finanzas del Estado, Ariana García Vidal, presentó las líneas generales del presupuesto estatal para 2026; la meta de 70 mil millones de pesos en ingresos se mantiene firme pese a la reducción prevista en las participaciones federales.
La funcionaria explicó que el Gobierno del Estado ha definido prioridades claras al destinar incrementos estratégicos a sectores como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y el Congreso del Estado.
También se contemplan recursos para la reforma comercial y para cubrir consultas y regularización de servicios personales del Poder Legislativo.
Uno de los desafíos financieros más complejos es la carga que representa la nómina de telesecundarias, estimada en alrededor de 2 mil 200 millones de pesos por año. Aunque la Federación aporta entre 600 y 800 millones, el Estado debe asumir la diferencia, lo que en la práctica termina siendo un esquema de costo compartido casi “mitad y mitad”.
Esta presión presupuestal se origina en bonos y prestaciones históricas que la Federación dejó de reconocer desde la federalización de la nómina. Pese a ello, García Vidal afirmó que el gobierno estatal mantendrá su respaldo para que los maestros puedan hacer valer sus derechos adquiridos ante la Federación.
Para sostener los ingresos sin recurrir a mayor carga fiscal, la secretaria fue categórica: no habrá nuevos impuestos ni incrementos a los existentes en 2026. La estrategia se centrará en fortalecer la eficiencia administrativa, mejorar procesos internos y cerrar espacios al “coyotaje”.
El énfasis estará en trabajar más estrechamente con las empresas y promover entre los contribuyentes una cultura de pago más ordenada y puntual, en lugar de aumentar gravámenes.
Otro pilar de la recaudación será el impuesto ecológico, aunque por ahora no existe una cifra consolidada. La secretaria de Finanzas estima que la recaudación ronda los 60 millones de pesos, pero advirtió que este primer año se maneja con cautela y flexibilidad debido al periodo de transición.
Para 2026, la fiscalización será más rigurosa, pues se espera que la industria ya cuente con todas las herramientas necesarias para calcular correctamente sus aportaciones.
En relación con los compromisos de fin de año, García Vidal rechazó la idea de que los créditos solicitados recientemente se usarían para pagar aguinaldos, pues esos recursos fueron destinados exclusivamente al tema de pensiones, por lo que el Estado pudo cerrar adecuadamente el ejercicio y está listo para cubrir los aguinaldos de diciembre sin necesidad de contratar nueva deuda.
Sobre un supuesto anuncio del Oficial Mayor relativo a un recorte de nómina, la secretaria reconoció que la pregunta la tomó por sorpresa, pues no estaba informada de tal decisión, además de que la administración de la nómina y las economías derivadas de ella corresponden directamente a la Oficialía Mayor, y Finanzas solo recibe el impacto de esos ajustes a nivel presupuestal.
