Estela Ambriz Delgado
Agua para Tod@s, Agua para la Vida y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA), alertan sobre el intento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de perpetuar la “ley salinista”, con cambios mínimos, pues no se han incluido las propuestas generadas en los parlamentos abiertos realizados en 16 estados de la República.
Las organizaciones ciudadanas denunciaron que el proyecto legislativo de reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la creación de la Ley General de Aguas (LGA), propuestas por la Conagua, fue dictaminado por la misma dependencia sin integrar los proyectos que entregaron el 25 de noviembre al director general de esta, Efraín Morales López.
Lo anterior a pesar de que esas ideas fueron recabadas en parlamentos abiertos y audiencias públicas organizadas con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos locales de 16 estados.
Respecto al dictamen, las organizaciones señalaron que incluye un capítulo dedicado a “promover y fomentar” la privatización de obras hidráulicas, además de que permite la privatización de sistemas de agua y saneamiento a pesar de las desastrosas experiencias de esto, suscitadas en todo el país.
Indican también que la reforma permite la discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios, quienes actualmente sólo pagan derechos sobre el 20 por ciento de los volúmenes concesionados. Sumado a que se mantienen los Consejos de Cuenca, en donde sólo están representados los grandes concesionarios como única instancia de coordinación gobierno-ciudadanía.
Excluye el reconocimiento de los derechos de agua de las comunidades y pueblos indígenas, así como cualquier medida para corregir el sobre concesionamiento, o para prevenir la contaminación del acuífero o su destrucción por el uso de fracking para la extracción de hidrocarburos.
No obstante, Agua para Tod@s y CNAA buscarán que el Poder Legislativo defienda la Constitución, y a la vez se preparan para ser un contrapeso a la violación sistemática de derechos por parte de la Conagua, a través de actos y omisiones documentados en los foros que se realizaron en noviembre.
Sostienen que la LAN debió ser derogada y reemplazada por una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable, a través de una verdadera participación ciudadana y gubernamental, por lo que propusieron ajustes necesarios para garantizar el derecho humano al agua y sentar las bases para la seguridad hídrica en el campo, centrados en cinco puntos.
Entre estos, prohibir la privatización de obras hidráulicas federales y de sistemas de agua y saneamiento; obligar a la Conagua a recuperar los volúmenes para los cuales los concesionarios no han pagado derechos, dado que en los de uso industrial y servicios declaran menos metros cúbicos de los que usan; que se registren los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios, y se priorice su acceso a los volúmenes recuperados; el reemplazo de los actuales Consejos de Cuenca con Consejos Regionales ampliamente representativos; y tipificar la contaminación del agua como delito contra la salud.
