Fernanda Durán
La comparecencia de la fiscal general del Estado, María Manuela García Cázares, ante el Congreso de San Luis Potosí dejó un doble plano: por un lado, un informe cargado de numeralia sobre reducciones en delitos de alto impacto, combate al narcomenudeo y fortalecimiento de laboratorios forenses; por el otro, cuestionamientos de diputadas y diputados sobre desapariciones, tortura, violencia familiar, comunicación social y falta de personal, en varios casos quedaron sin respuestas específicas ni la intención o posibilidad de una contrarréplica.
En su intervención inicial, la fiscal sostuvo que los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran “una tendencia a la baja en delitos de alto impacto”, como “la reducción de la incidencia del homicidio doloso en este año 2025 de un 47.75 por ciento en comparación con el año 2024”, lo que colocó a San Luis Potosí “en noviembre de 2025 con nueve homicidios dolosos, cifra notablemente por debajo de la media nacional que fue de 54.5 por ciento”.
Indició que una disminución de alrededor de 37 por ciento en robo de vehículo y un incremento del 61 por ciento en carpetas por delitos contra la salud, acompañado de un aumento de 95 por ciento en personas vinculadas a proceso por narcomenudeo.
También subrayó la actuación de la vicefiscalía científica, los cateos en Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona y Villa de Reyes, así como el aseguramiento de “más de 65 kilogramos de marihuana, 734 gramos de metafetamina, 726 gramos de cocaína, armas de fuego y granadas”.
Presumió la acreditación internacional de los laboratorios de genética, química y balística forense, que habrían permitido desahogar “53 mil 213 dictámenes, lo que representa un incremento del 23 por ciento respecto del periodo anterior”, así como la judicialización de 746 carpetas por violencia contra la mujer y la emisión de 5 mil 280 medidas de protección. Sin embargo, en esta parte no se desglosaron comparativos de sentencias condenatorias, tiempos de investigación ni número de casos rezagados.
El tema de desapariciones fue planteado por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, quien recordó que “la desaparición de una persona no es una estadística, es una herida abierta que atraviesa hogares, comunidades y territorios enteros” y pidió avanzar en la creación de una fiscalía especializada en búsqueda de personas, además de preguntar por acciones concretas, compromisos institucionales y plazos.
García Cázares respondió que la desaparición “es un tema relevante a nivel nacional” y que actualmente existe una unidad especializada, pero derivado de la reforma del 16 de junio de 2025, “todo el país deberá de contar con una fiscalía especializada en esta materia” y en San Luis Potosí “tendremos que pasar, migrar, de la unidad a una fiscalía especializada que conlleva a ser la sexta fiscalía especializada con la que contaría la Fiscalía General de Justicia del Estado”.
Destacó que se requerirá que el Congreso apruebe la ley respectiva y que la Fiscalía ya previó incremento y ampliación presupuestal. Ninguna de las dos partes precisó fechas ni metas de reducción de rezagos, aun cuando en el Congreso ya existe una iniciativa y una previsión de recursos para esa nueva fiscalía.
En materia de búsqueda, la fiscal mencionó la firma de un convenio con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Secretaría General de Gobierno, y otro con el Fondo de Población de las Naciones Unidas que permitió el envío de muestras a Alemania para obtener perfiles genéticos, con “una posibilidad de 10 coincidencias de perfiles hasta este momento”.
Argumentó que la base de datos está en movimiento y que se siguen recabando perfiles de familiares. Durante la comparecencia no se detallaron cuántos de esos posibles cruces se han traducido en identificaciones formales, ni la situación de las familias que siguen esperando resultados.
Otro eje fue la comunicación institucional. La diputada Frinné Azuara Yarzábal preguntó si la Fiscalía cuenta con una estrategia para evitar desinformación e incertidumbre en investigaciones de alto impacto, ante casos en los que “los días pasan, a veces semanas” sin actualizaciones públicas; a lo que García Cázares afirmó que “la Fiscalía General del Estado cuenta con una dirección de comunicación social” y que “eso ha permitido también que la Fiscalía tenga una comunicación clara con los medios de comunicación”.
Declaró que “en el año que se informa se han emitido por parte de la fiscalía mil 600 boletines” y que existen ruedas de prensa y mensajes en redes sociales, si bien sostuvo que hay investigaciones que por “su delicadeza” no permiten informar más que de manera general.
La exposición omitió cualquier referencia a las filtraciones de videos y datos contenidos en carpetas de investigación, así como al señalamiento del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 del INEGI, que ubicó a la FGE entre las instituciones que se negaron a entregar información sobre personal ministerial, pericial y policial.
Sobre tortura, la diputada panista Mireya Vancini consultó qué ha hecho la institución en esa materia, luego de que la propia institución ha informado, en boletines, que algunos casos son investigados por otras áreas; la funcionaria indicó que “la Fiscalía especializada en materia de tortura fue en el mes de marzo de este año cuando inició sus actividades”, que la unidad antes adscrita a la fiscalía en derechos humanos “migró a otro inmueble” y que se le dotó de personal médico, peritos y criminalistas.
Señaló que la fiscalía de tortura atrajo las carpetas iniciadas desde diciembre de 2017, que el personal culminó una capacitación con el INACIPE y que se aplica el Protocolo de Estambul, lo que ha permitido que “actualmente ya haya judicializado diversas carpetas”, pero no se proporcionaron cifras de cuántas investigaciones han concluido en sentencias, en no ejercicio de la acción penal o en archivo.
El diputado Crisógono López Pérez, de Nueva Alianza, centró su intervención en la violencia familiar y sus efectos en niñas, niños y adolescentes. Preguntó “¿qué se está haciendo?, ¿cómo se ha atacado el fenómeno delictivo que es la violencia familiar en todo el estado de San Luis Potosí?”. La titular del organismo respondió que se trata de “un tema por demás prioritario”, que se trabaja desde la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, y que con recursos federales se ha contratado personal para avanzar en la judicialización de carpetas.
Enfatizó que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya no permite perdón de la víctima ni acuerdos reparatorios para dar por concluidos estos casos, y que las medidas de protección se otorgan tras valorar condiciones de riesgo, en coordinación con el Sistema DIF, la Guardia Civil y refugios.
A pesar de que en su mensaje inicial habló de un aumento de 23 por ciento en la judicialización de carpetas por violencia contra la mujer y del crecimiento de 7 por ciento en las medidas de protección, durante el intercambio no se dieron detalles sobre reincidencias, incumplimiento de medidas o la proporción de asuntos que llegan a sentencia.
La diputada del PT, Diana Ruelas, cuestionó cómo ha priorizado la Fiscalía la implementación de tecnologías y métodos científicos frente a una delincuencia que utiliza herramientas cada vez más sofisticada, por lo que la fiscal respondió que la institución se encuentra “en constante modernización para abatir las diversas de diversas maneras de la manera como operan los grupos criminales”, que se han modernizado los laboratorios de la vicefiscalía científica y que el equipamiento bajo normas internacionales permite “dar una mayor confiabilidad sobre los dictámenes que emite la propia fiscalía científica”.
Atribuyó a estos avances la desarticulación de bandas, la realización de cateos y la integración de carpetas de investigación. Sin embargo, no se precisó cómo se garantiza el acceso de todas las regiones del estado a esos servicios periciales ni el impacto de los recortes o topes presupuestales en la operación cotidiana de los laboratorios.
Desde Morena, el diputado José Roberto García Castillo preguntó “¿cuáles son los protocolos vigentes que aplican la fiscalía especializada para la atención de investigación y persecución de delitos contra las mujeres?”. La fiscal describió que se aplican “protocolos especiales de investigación”, entre ellos “el protocolo para la investigación de juzgar con perspectiva de género” y el protocolo para feminicidios, que se encuentra en actualización; también se utilizan protocolos nacionales y locales para niñas, niños y adolescentes y el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de perspectiva de género.
Aseguró que espera concluir la actualización del protocolo de feminicidio antes de que termine el año.
Finalmente, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira preguntó si la Fiscalía cuenta con personal suficiente y qué planes existen para reforzar áreas prioritarias, a lo que reconoció que “yo creo que nunca hay un personal que abarque a satisfacción, sobre todo porque la fiscalía labora las 24 horas y durante todo el año”, aunque en noviembre se lanzaron convocatorias para Ministerio Público y Policía de Investigación, sujetas a la autorización del Secretariado Ejecutivo y a exámenes de control y confianza.
Refirió que la convocatoria cierra el 31 de diciembre, que la capacitación tomará “casi medio año o más de medio año” y que la contratación dependerá del presupuesto aprobado para 2026, con énfasis en áreas saturadas como la fiscalía especializada en atención a las mujeres y la unidad de combate al narcomenudeo.
Al concluir, la funcionaria reiteró que “todos estos avances son el reflejo de una institución en una transformación constante” y que la dependencia “reitera su firme compromiso de seguir trabajando por la justicia, la seguridad y la dignidad de cada potosina y potosino”.
