Siete víctimas que exhiben los alcances de la manipulación estadística sobre homicidios

Por Victoriano Martínez

Desde que el 23 de noviembre se reportó el hallazgo de siete cuerpos en los límites zacatecanos con el territorio potosino y la aprehensión de cuatro integrantes de la Guardia Civil estatal de San Luis Potosí la investigación se mantiene en una misma línea: la pretensión de que el multihomicidio se registre como ocurrido en Zacatecas.

“Creemos que todo apunta a que están intentando achacar a Zacatecas algún tipo de violencia que no está ocurriendo aquí”, dijo Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno del Estado de Zacatecas, al día siguiente de reportado el hallazgo.

En nueve días, las investigaciones se han centrado en la disputa por determinar de qué lado de la frontera entre los dos estados ocurrió el crimen que incluso ha sido calificado de alto impacto por las autoridades, pero que no quedó registrado en el Informe Diario de Seguridad que reportan las corporaciones locales a la Federación.

Ese día, los gobiernos estatales y las fiscalías de San Luis Potosí y Zacatecas no reportaron al gabinete de seguridad del Gobierno Federal el caso, lo que habría modificado la cifra de homicidios de 65 que se contabilizaron a 72 para el 23 de noviembre.

En el caso potosino, no es la primera vez que no se reporta la muerte de una persona originaria de Zacatecas en territorio potosino.

Apenas el 28 de agosto se reportó en medios el hallazgo del cuerpo de Aida Karina Juárez Jacobo, madre de Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida desde junio pasado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, pero las autoridades potosinas no lo reportaron al gabinete de seguridad federal.

Los días 27, 28 y 29 de agosto, San Luis Potosí aparece en el Informe diario de seguridad aparece con cero homicidios, a pesar de que el caso de Juárez Jacobo fue de relevancia.

¿Qué tan confiable se pueden considerar las estadísticas estatales sobre homicidios dolosos si ya se conocen dos casos de impacto y de relevancia mediática en los que la información no es reportada? ¿Serán los únicos casos que se ocultan a los fines estadísticos?

En la disputa por afirmar que el multihomicidio ocurrió en uno y no en el otro territorio, han salido a relucir versiones de que supuestamente los cuerpos fueron dejados frente a la alcaldía de Santo Domingo, lo que incluso fue publicado ese domingo en páginas web de información como Claroscuro Media.

Las autoridades zacatecanas incluso informaron de un predio en ese mismo municipio sobre el que solicitaron a la Fiscalía potosina una intervención en la que ya los peritos potosinos recabaron diversos indicios que de manera preliminar acreditan que el lugar es una escena del crimen, aunque no se ha establecido la relación con el multihomicidio.

“Las corporaciones del estado de Zacatecas son las que están ahí moviendo el tema para que no les cuenten sus muertos”, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el lunes pasado.

La respuesta de Reyes Mugüerza fue indicar que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ya cuenta con “pruebas que pueden ser contundentes” acerca de la participación de los elementos de la Guardia Civil potosina detenidos en la zona, al menos, en la acción de “mover los cuerpos”.

Una disputa en la que, nueve días después, surgió un gesto de prudencia. Reyes Mugüerza afirmó que resulta “sano” y “muy conveniente” que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para evitar más “dimes y diretes”.

Manuela García Cázares, fiscal general del Estado, dijo que está en disposición de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) si esta decide atraer la investigación por el hallazgo de los siete cuerpos.

Dar con los responsables necesariamente implicaría una reconstrucción de hechos que ubicaría el sitio en el que se cometió el multihomicidio.

Nueve días centrados en la disputa por señalar mutuamente que los hechos se dieron en el otro territorio deja ver la irresponsabilidad de las autoridades de ambos estados por anteponer las estadísticas “positivas” al cumplimiento de su obligación constitucional de dar con los responsables.

¿Será la única forma en que se busca manipular las estadísticas para proyectar una imagen de avance en el combate al crimen?

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