Estela Ambriz Delgado
Agua para Tod@s, Agua para la Vida, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA), diversas contralorías autónomas del agua estatales, y comités comunitarios, desmintieron los beneficios que el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, asegura tienen sus iniciativas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y creación de la Ley General de Aguas (LGA).
Luego de que la dependencia desestimara las propuestas generadas en los parlamentos abiertos realizados en 16 estados de la República, que fueron entregadas a Morales López el 25 de noviembre, las organizaciones ciudadanas mantienen su lucha contra la imposición de estas iniciativas que, consideran, no garantizan el derecho humano al agua.
A través de un video, en el que participan representantes de dichas organizaciones, comunicaron a la población los principales aspectos de los que adolecen las propuestas.
María Eugenia Ochoa, de la Contraloría Autónoma del Agua de Puebla, explicó que la Conagua propone dos leyes, una LGA, pero sumamente escueta, la cual solamente plantea el derecho humano al agua en general, sin aterrizarlo ni darle operatividad.
Indicó que la propuesta solamente plantea hacerlo posible en seis etapas y cada una es de 10 años, es decir, que en 60 años se podría alcanzar el derecho humano al agua en todo el país; y también propone conservar la LAN, de carácter salinista, para lo cual el acceso universal al agua no queda garantizado de manera clara ni concreta.
Mientras la dependencia afirma que algunos de los beneficios de las propuestas es que permitirá también tener un sistema de condiciones más ordenado, transparente, con plena certeza para todos los usuarios y con cero tolerancia a la corrupción, Oscar Arredondo, de la CAA de la Ciudad de México, aseguró que la reforma no plantea ningún mecanismo que ordene o transparente el sistema de concesiones.
Señaló que, de hecho, la Conagua sistemáticamente ha negado todas las solicitudes de información que han presentado con relación a las supuestas irregularidades detectadas.
“¿Cómo podrían abatir la corrupción o acabar con ella, si ni siquiera permitirían la vigilancia pública de sus acciones?”, afirmó.
Respecto a la afirmación de Morales López de que las leyes darán mayores elementos para terminar con prácticas abusivas como el acaparamiento y la sobreexplotación —dado que termina con la concentración de varios títulos de concesión en una o varias personas—, Elizabeth Estrada de la CAA de Coahuila-Durango puntualizó que la propuesta busca conservar la redacción en la ley salinista LAN.
Especificó que se dice que podrá extinguir los volúmenes que no fueron utilizados durante dos años seguidos, porque la realidad es que las concesiones de uso industrial representan 3 mil 400 millones de metros cúbicos al año, que en 2023 tendrían que haber pagado 56 mil millones de pesos por derechos. Sin embargo, como reconoce la misma Conagua, tan sólo se recaudaron 12 mil millones, es decir, sólo se pagó el 20 por ciento de lo que se debió pagar.
Hizo mención de que por ello proponen obligar a la dependencia a recuperar volúmenes de los que no paguen, a fin de permitir que se reduzca la sobreexplotación de los acuíferos, como en el caso de la región lagunera y otros estados del país, y así también beneficiar a los pueblos indígenas, a los sistemas comunitarios y los núcleos agrarios, para que cuenten con agua al igual que los pequeños productores agropecuarios y sus familias.
Una propuesta lejana a las comunidades y la ciudadanía
Por otra parte, Ricardo Ovando, del Sistema Comunitario de Agua del Estado de México, dijo que es falso que la propuesta oficial de LGA reconozca jurídicamente a los sistemas comunitarios de agua, pues en primer lugar todo lo deja en manos de los congresos estatales, lo cual implica una incertidumbre jurídica que no contribuye a su correcto conocimiento.
En segundo lugar, no acepta las recomendaciones de la ley modelo de sistemas comunitarios de agua y saneamiento del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el cual establece que los sistemas deben ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho público, es decir, como autoridades del agua.
En tercero, ignora el mandato del artículo 4 constitucional que señala que es una corresponsabilidad de todas y todos los ciudadanos del país, junto con los tres niveles de gobierno, para hacer realidad los derechos humanos al agua y al saneamiento.
De igual forma, en el vídeo se retoma otra de las afirmaciones del funcionario en la que dice que este paquete de reformas es producto del diálogo y la escucha del Gobierno Federal con los diversos sectores sociales y productivos del país, además de mencionar a los foros organizados por el Poder Legislativo, “para fortalecer la iniciativa con las precisiones que den total certeza”, lo cual contrasta con falta de inclusión de las propuestas ciudadanas.
José Luis Bello, de la Asamblea Social del Agua de Puebla, apuntó que es especialmente alarmante la eliminación de la negativa ficta, con lo que ahora cualquier solicitud que la Conagua no resuelva en 60 días se convertirá automáticamente en una concesión, aún en los acuíferos sobre explotados, lo que será una bonanza para los bufetes coyote en las zonas sobre explotadas
Cuauhtémoc Jacobo, de la CAA de Yucatán, alertó que el proyecto de Conagua conservaría los consejos de cuenca que están integrados principalmente por los grandes concesionarios del agua que, en el caso de la Península de Yucatán, representa al uso agrícola, el grupo porcícola mexicano representa al uso pecuario, y la empresa Coca Cola al uso industrial.
“Pugnamos por una representación que integre a comunidades, ejidos, pueblos originarios afectados por la sobre extracción y contaminación del agua”.
Patricia Ávila, de la CAA de Michoacán, solicitó a las y los diputados presenten sus reservas en los aspectos más críticos y problemáticos de la iniciativa de la Conagua, pues es necesario que se prohíba la privatización de obras públicas, y de los servicios y sistemas de agua potable y saneamiento, con el fin de garantizar el derecho humano al agua y la accesibilidad para todos.
Por otro lado, indicó que es sustantivo que los consejos de cuenca sean representativos de la sociedad y del interés de la nación, con el fin de que se evite la arbitrariedad y la corrupción en este mismo y exclusión de sectores tan importantes como los pueblos indígenas y sectores del uso ecológico.
Agregó también que es importante que la contaminación del agua y la afectación a la salud, sea considerado como un delito con el fin de respetar derechos humanos.
“Se considere la importancia de que no se dé el sobreconcesionamiento ni el acaparamiento del agua, en el sentido de los derechos que han sido otorgados y que afectan a los sectores más importantes de la sociedad y, particularmente, que han generado situaciones de despojo y afectación ambiental; y en ese sentido es sustantivo que esta dinámica de sobre concesionamiento se rompa para garantizar la seguridad hídrica y la conservación de ecosistema y los derechos de los pueblos y sociedad en general”.
