Fernanda Durán
Por más comunicados institucionales, sesiones extraordinarias y discursos de reconciliación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí parece empeñada en demostrar que la crisis detonada en octubre —esa que paralizó facultades, exhibió omisiones graves y obligó a reconocer fallas estructurales— no generó ningún aprendizaje profundo.
Cada proceso posterior, y en particular la elección de la Dirección de la Facultad de Derecho, evidencia que las lógicas de poder que permitieron aquella crisis no sólo siguen intactas, sino que han vuelto a operar con total normalidad.
Porque si algo ha dejado claro este proceso, es que los grupos que históricamente han controlado los espacios de decisión en la universidad conservan sus mecanismos tradicionales: el adultocentrismo disfrazado de experiencia, las redes de amiguismo normalizadas como mérito académico y una resistencia sistemática a abrir paso a prácticas democráticas reales.
Lo más grave es que estas dinámicas reproducen el mismo patrón que mantuvo oculta y desatendida la violencia de género que detonó las protestas estudiantiles de octubre.
Este miércoles, el Consejo Directivo Universitario recibió nuevamente la terna para dirigir la Facultad de Derecho. La misma terna. La misma que se devolvió hace dos semanas por inconsistencias en expedientes y dudas legítimas sobre el procedimiento. La misma que dos de sus integrantes evaluaron desde su posición como consejeros. La misma que el alumnado rechazó por razones verificables: opacidad, inequidad, falta de perspectiva de género y la incongruencia de un proceso donde quienes evalúan son, simultáneamente, aspirantes.
Que la terna regresara idéntica ya se anticipaba desde las declaraciones del rector Alejandro Zermeño y del director interino Jesús Javier Delgado Sam. Pero la preocupación es más profunda: no sólo volvió la terna; volvieron también los mecanismos de protección interna que han mantenido cerrada la vida política universitaria por décadas.
El caso de Luz María Lastras es un ejemplo particularmente revelador. Tanto en sus publicaciones como en los documentos que entregó al Consejo Directivo Universitario, exhibe una postura que no solo reproduce las viejas dinámicas jerárquicas de Derecho, sino que las refuerza. Su denuncia contra la encargada de la Defensoría de Derechos Universitarios, Olivia Salazar no se limita a manifestar inconformidad con un trámite: se dirige a desacreditar la capacidad profesional de la funcionaria, cuestionar su antigüedad, su criterio jurídico y su autonomía.
En su escrito la retrata como “recién egresada”, con “falta de visión clara del derecho” y prácticamente subordinada a otras autoridades, lo que revela una comprensión profundamente vertical del ejercicio del poder universitario.
La maestra Lastras denunció a la Defensoría por considerar que la funcionaria se negó a recibir una queja relacionada con la colocación de carteles ofensivos dentro de la facultad. Según su propio relato, la defensora estimó que el contenido de los carteles estaba amparado por la libertad de expresión y no constituía materia para una denuncia formal, pero en lugar de tramitar el recurso por la vía institucional ordinaria —como cualquier universitario tendría que hacerlo—, Lastras optó por solicitar el inicio de un procedimiento sancionatorio para intentar remover del cargo a la funcionaria.
El salto inmediato hacia la vía punitiva muestra una visión del conflicto donde la crítica estudiantil se interpreta como afrenta personal, y donde la autoridad universitaria se ejerce desde la censura, no desde la mediación.
El respaldo exprés que un grupo de docentes ofreció a la terna tampoco envía una señal alentadora. El documento entregado al CDU con firmas duplicadas, nombres ilegibles y signatarios involucrados en antecedentes de violencia, revictimización o prácticas administrativas cuestionadas— sugiere más un intento por cerrar filas alrededor de un grupo político que un ejercicio de responsabilidad académica.
Es la reedición de un patrón histórico en la UASLP: proteger al círculo de siempre, incluso cuando la comunidad denuncia irregularidades estructurales.
Mientras esto ocurre, docentes quienes dentro de la facultad señalaron violencia, discriminación o sesgos de género fueron desplazadas. Derecho continúa siendo un espacio donde denunciar implica exponerse, y donde la presión social busca disciplinar a quienes se atreven a romper la inercia.
El caso de la maestra Iraís confirma que el problema es institucional, no circunstancial. Su denuncia por acoso laboral lleva más de un año y medio sin resolución. Cuando el tema llegó al Consejo Directivo, la respuesta fue nuevamente burocrática y evasiva. Si ni siquiera una integrante del propio Consejo obtiene claridad sobre el estatus de su proceso, ¿qué puede esperar una estudiante que enfrenta violencia de género o un docente sin red política interna? La llamada comisión de justicia universitaria sigue siendo un órgano opaco cuya integración, funcionamiento y criterios permanecen fuera del alcance de la comunidad.
La universidad está exactamente en el punto donde comenzó la crisis:
— Con grupos de poder que se protegen entre sí.
— Con estudiantes cuya voz sigue siendo secundarizada.
— Con mujeres que denuncian violencia y reciben hostilidad.
— Con procesos internos que se aplican discrecionalmente.
— Con una institucionalidad que administra el conflicto, pero no lo transforma.
La UASLP perdió la oportunidad de reconfigurar su vida interna en el momento más urgente. La terna volvió; las dinámicas volvieron; la impunidad también. Y la institución parece decidida a continuar como si nada hubiera pasado.
La pregunta que queda abierta es si esto ocurre en la universidad pública más grande del estado, la que forma juristas, maestros, periodistas, científicos y futuros servidores públicos, ¿qué puede estar ocurriendo en otras instituciones donde no hay escrutinio mediático ni protestas estudiantiles que obliguen a transparentar lo mínimo? Lo que hoy sucede en la UASLP no es sólo un reflejo de su crisis interna; es un espejo del riesgo que corre toda la educación superior cuando la autoridad normaliza la violencia y protege más a los grupos de poder que a su propia comunidad.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
