María Ruiz
Aunque el sector empresarial reconoce que la ruta planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para reducir de manera gradual la jornada laboral aporta certidumbre, también advierte que el proceso requiere definiciones de fondo para evitar impactos operativos y financieros, especialmente entre las micro y pequeñas empresas.
Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de Coparmex en San Luis Potosí, sostuvo que el anuncio realizado por el Secretaría Federal del Trabajo, sobre un esquema que arrancará en 2026 con la primera reducción de dos horas —y que seguirá cada año hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030—, “abre una ventana para planear, pero no resuelve todos los retos”.
Desde otra perspectiva, Ortuño llamó a no subestimar los costos de la transición:
“Para muchas empresas, particularmente para quienes trabajan con plantillas ajustadas, el cambio implica contratar más personal, reorganizar turnos y absorber cargas que, si no están acompañadas de apoyos reales, pueden comprometer su operación. Gradualidad sin instrumentos de respaldo es dejar a las Mipymes navegando solas”.
El dirigente patronal consideró que la propuesta “debe venir acompañada de incentivos fiscales, esquemas de capacitación y apoyos directos”, pues buena parte de las empresas potosinas integran cadenas productivas que operan 24/7.
“Si una compañía provee a la gran industria y debe cumplir con entregas continuas, necesariamente tendrá que ajustar turnos y contratar personal adicional. No es resistencia al cambio, es la realidad de la operación”.
Gerardo Ortuño también enfatizó que la certidumbre jurídica será clave en los próximos meses.
“Necesitamos que la autoridad defina con precisión cómo quedarán las jornadas diurna, nocturna y mixta. Hablar de reducción sin claridad en la reglamentación abre espacios a interpretaciones que podrían derivar en conflictos laborales”.
En paralelo, apuntó que un punto positivo de la iniciativa es que, al no imponer horarios rígidos, permite a las empresas adaptar la reducción de horas según sus necesidades. Sin embargo, insistió en que la “flexibilidad sin lineamientos claros puede convertirse en incertidumbre”.
El líder empresarial concluyó que esta reforma debe abordarse con visión integral:
“Todos compartimos la aspiración de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras. Lo que pedimos es que el proceso sea viable, ordenado y equitativo, para que no termine castigando a quienes generan empleo”.
La iniciativa, que sigue en revisión y deberá avanzar en su proceso legislativo, mantiene al sector empresarial atento a los detalles que definirán su implementación real.
