Por Victoriano Martínez
Desde el mediodía del pasado 28 de noviembre, la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) delibera para determinar quiénes ocuparán las vacantes en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de tres integrantes numerarios y cinco integrantes supernumerarios.
Desde 2017, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción estableció una renovación escalonada de los integrantes del CPC por la que cada año terminaría su periodo uno de los integrantes numerario y, en consecuencia, se iniciaría el proceso de selección de un solo sucesor.
No obstante, desde los primeros nombramientos el organismo se convirtió en un centro de disputas por lograr entre mayor protagonismo y control de las acciones públicas del CPC, que prácticamente no ha habido una anualidad completa en la que esa representación ciudadana en el SEA haya contado con todos sus integrantes al mismo tiempo.
Es esa circunstancia la que explica por qué existen tres vacantes en las posiciones numerarias y cinco para el caso de los integrantes de igual número de posiciones supernumerarias.
El primer CPC se nombró en septiembre de 2017, justo a unos meses de que en el Congreso del Estado se presentó el escándalo de las extorsiones de los diputados a los Ayuntamientos para limpiar sus cuentas públicas a cambio de moches, lo que generó muchas expectativas sobre el papel de los integrantes del CPC del SEA.
Ocho años después, la renovación del órgano de representación ciudadana dentro del SEA despierta tan poco interés, que a la convocatoria para nombrar a ocho de sus integrantes sólo han respondido cinco aspirantes.
O una de dos: los aspirantes ya tienen asegurado un puesto y la deliberación del Comité de Selección sólo definirá qué posición le da a cada uno, o valora con rigor a los aspirantes y declara desiertas no sólo las tres posiciones para las que no alcanza la respuesta a su convocatoria… sino también alguna otra por los antecedentes de los candidatos.
De darse el primer caso (a cada candidato una posición) hay entre los cinco aspirantes al menos uno que pone a prueba al Comité de Selección para evaluar si su trayectoria les permite ubicarlo como alguien que “se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas, o el combate a la corrupción”.
Se trata de Fabián Espinosa Díaz de León cuya última acción pública de dudosa legitimidad se dio con la firma de un contrato de arrendamiento de un terreno de la UASLP en Lomas Cuarta Sección para construir una Unidad Deportiva Universitaria, pero en los hechos pretendió edificar un gran centro comercial denominado Distrito Santa Fe.
Un engaño que ha llevado a la UASLP a iniciar el proceso de rescisión del contrato, ante el que Espinosa Díaz de León respondió con una denuncia penal contra la Universidad, el director de Astrolabio Diario Digital y el periodista Jesús Aguilar Flores por presuntos actos de extorsión.
Un caso con muchos indicios de abuso por parte de Espinosa Díaz de León que pudieron avanzar hasta que una revelación periodística sacó de la opacidad la maniobra y puso en alerta a las autoridades universitarias que, tras revisar el trato hecho con la empresa VEMSA, de Espinosa Díaz de León, decidió rescindir el contrato.
No contar con los candidatos suficientes para cubrir las ocho vacantes no debe significar que en automático los cinco aspirantes reciban un nombramiento.
La Comisión de Selección tendrá que evaluar muy bien los nombramientos y posiciones porque podría ubicar a Espinosa Díaz de León a dos años de presidir la representación ciudadana en el SEA, cuando sólo por sus antecedentes recientes se puede decir que tendrían que descalificarlo.
¿O de qué manera justificarían que un personaje que, con un caso que destaca y pudo ser posible por dar la espalda a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, cumple con el perfil para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción?
