José de Jesús Ortiz
Ante las resoluciones adversas que considera de consigna emitidas por tribunales e instancias locales, la defensa jurídica del extitular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, no descartó que pudieran solicitar que el caso penal sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También, el abogado defensor Alejandro Manríquez Laguna, titular del despacho MLegal, advirtió que en tanto no se resuelva la demanda de amparo que se promovió en contra de la sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal de Enjuiciamiento, el exfuncionario estatal debe continuar con la medida cautelar de resguardo domiciliario, por lo que no debe reingresar a prisión.
“Nosotros buscaríamos que el caso sea atraído por la Suprema Corte o incluso que en su momento sea atraído por instancias ya superiores, porque el doctor es claro en su mensaje: él no se va a echar la culpa y jamás va a aceptar un acuerdo, prefiere mil veces que lo condenen injustamente, y así tenga que ir a instancias internacionales no se puede permitir que se sigan cometiendo ese tipo de injusticias”, advirtió.
Dijo que se trata de un caso trascendente y de interés público, que involucra recursos públicos: “supuestamente fue desviada una cantidad no menor que son de 32 millones 732 mil 800 pesos, que estamos hablando que se encuentra inmiscuidos exservidores públicos y servidores públicos aún en servicio, de los cuales ninguno fue investigado que declararon en el juicio como testigos sin un criterio de oportunidad, que no se hizo una investigación científica y exhaustiva y por tanto no puede existir una prueba científica y exhaustiva para condenar a una persona solo por chismes”.
En ese contexto, puntualizó que la posibilidad de que la Suprema Corte pudiera intervenir en el caso del doctor Miguel Ángel Lutzow es una facultad legal del máximo tribunal de justicia y dijo que para ello esperarían a que hubiera una resolución de la demanda de amparo presentada este miércoles ante el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y en caso de que fuera adversa entonces se buscaría que la Corte atendiera el caso.
Detenido en mayo de 2022 por su probable participación en la compra de un plaguicida para combatir el dengue durante la pandemia de covid-19 —cuando se desempeñaba como director de Salud Pública, de los Servicios de Salud en el Estado— y luego de un juicio en que se presentaron diversas insuficiencias en la investigación y contradicciones de los testigos, Lutzow Steiner fue sentenciado en octubre de 2024 por el delito de uso abusivo de funciones y se le impuso una pena de cinco años y tres meses de prisión. Pese a las múltiples anomalías denunciadas en la Secretaría de Salud en la época en que estuvo al frente Mónica Rangel, fue el único exfuncionario detenido y procesado por esa compra.
En entrevista, Alejandro Manríquez denunció que los tribunales e instancias locales que han intervenido en el caso lo han hecho por consigna, desechando de forma sistemática los recursos interpuestos por la defensa y retrasando resoluciones que afectan el derecho a una justicia expedita.
“Tenemos jueces de papel que desconocen el litigio penal o que, si lo conocen, entonces están recibiendo instrucciones de alguien. Y como creo que sí conocen el proceso penal y saben que están haciendo mal, por consiguiente, lo más probable es que estén recibiendo instrucciones porque hasta un estudiante de Derecho sabe que lo que están haciendo se llama incongruencia procesal”.
Reiteró que Lutzow Steiner no cometió el delito por el cual fue sentenciado en octubre de 2024 y señaló que todo el proceso penal y el juicio oral estuvo lleno de irregularidades que vulneran el debido proceso.
Además de la demanda de amparo presentada este jueves, la defensa jurídica del extitular de la Secretaría de Salud presentó también un recurso de revocación ante magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado luego de que el pasado martes se desechara la apelación promovida para modificar la medida cautelar de prisión domiciliaria impuesta en febrero de este año.
En el escrito de revocación, se denuncian diversas irregularidades y se acusa de mala fe a los magistrados de la Primera Sala del Tribunal que desde febrero pasado, cuando se interpuso la apelación, tuvieron para resolver y lo hicieron apenas esta semana luego de que se confirmara la sentencia condenatoria por parte de la Quinta Sala del mismo tribunal, un fallo que “atenta contra el derecho humano de acceso a la justicia en su vertiente de recurso efectivo”.
En el documento se denuncia a los magistrados Rogelio Javier Salazar Zavala, Lizet Paola Morales Monter y Liliana Elizabeth Aguilar Gómez —de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado—, de coludirse con el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de Justicia, en un “linchamiento gubernamental o bien, que desconocen el proceso penal acusatorio y oral”.
Agrega: “Tuvieron que haber remitido el caso —el recurso de apelación— a la Quinta Sala, quien es la que conoce del tema principal, aunque hubiera sido solo un trámite administrativo, dado que el resultado hubiera sido el mismo. No obstante que, tuvieron mucho más de seis meses para resolver, pone en evidencia que existen intereses que a ustedes les da temor contravenir por cuidar su trabajo y su sueldo”.
“… Aun y cuando fue confirmada mi sentencia condenatoria por la Quinta Sala, esta no ha causado estado, y/o puede ser considerada como firme, derivado de la demanda de amparo directo que interpuse, por lo que aún gozo de la presunción de inocencia y tengo el derecho humano a recurrir y de que sea atendida mi solicitud de poder enfrentar mi proceso penal en libertad”.
“Esta resolución —de los magistrados de la Primera Sala— es una tontería y una estupidez procesalmente hablando, porque precisamente ellos debieron entrar al estudio o, en su caso, haber remitido esa apelación a la Quinta Sala para que fuera quien lo resolviera. Lo que hicieron fue esperar a que se resolviera el recurso de apelación con la finalidad de pronunciarse con respecto a la medida cautelar y salirse por la tangente; incurren en responsabilidad administrativa y penal por el retraso del fallo con respecto a recursos que se supone que tendrían que ser expeditos y que no lo están haciendo”, cuestionó Manríquez Laguna.
