Desiree Madrid
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que durante su administración se ha llevado a cabo un proceso continuo de depuración dentro de la Guardia Civil Estatal (GCE), con bajas aplicadas a elementos que mantenían prácticas irregulares o que “no le han cumplido a la sociedad”.
De acuerdo con el mandatario, esta renovación ha permitido incorporar a más de 1 mil 200 nuevos agentes, de los cuales 268 ingresaron recientemente.
Además, se incrementó el número de mujeres en la corporación con la entrada de 450 cadetes mujeres a la GCE en este periodo, lo que Gallardo consideró un cambio relevante respecto a años anteriores, cuando la participación femenina era limitada.
Gallardo subrayó que la presencia de mujeres en la corporación ha tenido un papel relevante en las nuevas generaciones de elementos, pues en varias evaluaciones de tiro y eficiencia algunas agentes se ubicaron en los primeros lugares.
De acuerdo con sus declaraciones, este crecimiento refleja un esfuerzo por profesionalizar a la corporación y diversificar los perfiles que integran la estructura operativa, por lo que ahora existe un proceso de capacitación para todas y todos los agentes que busca elevar el nivel de desempeño de la corporación.
En cuanto a la depuración interna, el gobernador mencionó que se han detectado prácticas que calificó como “de la vieja escuela”, relacionadas principalmente con actos de corrupción.
Entre los casos señalados mencionó la solicitud de dinero a la ciudadanía, así como la presunta participación de algunos policías en conductas indebidas durante sus recorridos y detenciones.
Gallardo informó que recientemente se dieron de baja a dos elementos por este tipo de prácticas, proceso que se ha realizado de manera constante durante los últimos cuatro años con el objetivo de eliminar conductas irregulares dentro de la GCE.
El mandatario explicó que uno de los motivos para reforzar la depuración fue el cambio de facultades que recibió la corporación desde 2022, cuando se creó formalmente la Guardia Civil Estatal con atribuciones para enfrentar delitos de carácter federal.
Antes de ese año, señaló, la entonces Policía Estatal no tenía autorización para intervenir en ese tipo de delitos, lo que limitaba la coordinación y la capacidad de respuesta. Con la nueva estructura, se busca que los agentes cuenten con herramientas legales y operativas para actuar en situaciones que anteriormente quedaban fuera de su ámbito de intervención.
Durante la entrevista, Gallardo comparó la situación de seguridad estatal con administraciones anteriores para ilustrar los cambios que se han generado tras la transformación de la corporación.
Recordó que en el último mes del gobierno de Juan Manuel Carreras se registraron 89 homicidios, mientras que durante los periodos más altos del sexenio de Fernando Toranzo la cifra mensual alcanzó 180 casos.
En contraste, aseguró que el mes anterior se contabilizaron nueve homicidios en la entidad. De acuerdo con su interpretación, esta disminución forma parte de los resultados atribuibles a la depuración de elementos y al combate directo de delitos federales.
Gallardo también señaló que la mejora en las condiciones laborales ha sido un factor que ha fortalecido la permanencia y el desempeño de los policías activos. Anteriormente, un elemento ganaba alrededor de 11 mil pesos mensuales, mientras que actualmente el salario base mínimo es de 17 mil, con posibilidades de superar los 20 mil pesos.
Añadió que se han incorporado prestaciones como seguros de vida mayores al millón de pesos, acceso a servicios médicos, apoyo para vivienda en caso de que un agente fallezca en cumplimiento de su deber y el derecho a una pensión, beneficios que no estaban contemplados previamente.
El gobernador sostuvo que estos cambios han permitido que la Guardia Civil Estatal enfrente de manera directa a los grupos delincuenciales, a diferencia de administraciones anteriores que “le sacaban la vuelta” a ciertos delitos por considerarse federales; hoy la corporación interviene sin restricciones operativas.
Aseguró también que San Luis Potosí se ha mantenido en los últimos meses dentro del quinto o sexto lugar nacional entre los estados con menor incidencia delictiva, según su propio seguimiento, aunque no ofreció detalles sobre la metodología ni sobre las estadísticas específicas en las que basa esta afirmación.
