Fernanda Durán
En el mismo día en que el Congreso del Estado votará un presupuesto que mantiene en 320 millones de pesos la aportación estatal para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) —muy por debajo de los 506 millones planteados originalmente por el Ejecutivo—, el rector Alejandro Zermeño Guerra reiteró que la universidad no negocia su financiamiento con los legisladores, pues este se determina exclusivamente mediante el convenio Federación–Estado.
Recordó que incluso en esta legislatura la institución ha entregado oficios, planteamientos y solicitudes formales para avanzar en una autonomía financiera que fije un porcentaje estable del presupuesto estatal para la educación superior.
En entrevista realizada este jueves, Zermeño confirmó que recientemente se reunió con el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, pero que el presupuesto no fue tema de conversación.
“Sí tuve la reunión (…) pero no hablamos nada del presupuesto, hablamos de otras cosas, de proyectos de crecimiento de la universidad”, precisó.
Añadió que esperan reunirse con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para revisar iniciativas de expansión institucional, pero no la asignación estatal, pues eso no corresponde a la universidad.
El rector reiteró que el presupuesto universitario proviene de dos fuentes: una asignación federal distribuida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y una aportación estatal determinada en un convenio de colaboración entre ambos niveles de gobierno. Por ello, “nosotros, como universidad, no intervenimos, nosotros no pedimos presupuestos al Congreso, porque no es nuestra labor”.
Subrayó que la relación presupuestal de la UASLP no pasa por negociaciones legislativas, sino por acuerdos directos entre el Ejecutivo estatal y la Federación.
“El convenio es entre el Ejecutivo del Estado y la Federación, y el beneficiado en este caso es la universidad, pero nosotros no podemos ponerle condiciones en ese convenio”.
Zermeño recordó que la autonomía universitaria fue concebida para impedir que la institución dependiera de coyunturas o presiones políticas, al citar el antecedente histórico del entonces gobernador Rafael Nieto, administración en la cual se estableció la autonomía.
“El objeto de darle autonomía a la universidad era para alejarla de los vaivenes políticos (…) para no depender de cuestiones de actores políticos”.
Al ser cuestionado sobre la invitación del Congreso para comparecer, reiteró que la universidad no está obligada.
“Obligados no, y yo he platicado con muchas señoras y señores diputados que hemos coincidido en eventos, incluso han acudido aquí a platicar a la institución, y hemos platicado muy bien. El presupuesto, de verdad, no es que nosotros tengamos que ir a pedirlo. Los señores diputados, yo no les voy a decir cómo hagan su trabajo, ellos saben cómo hacerlo”.
A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el Gobierno del Estado no firme el convenio o retrase la aportación como ocurrió en años recientes, Zermeño respondió que “posible sí es, por supuesto, pero deseable no”.
Explicó que el convenio marco de 2016 establece el objetivo de que las aportaciones estatales y federales a las universidades públicas sean equivalentes —un peso del estado por cada peso de la federación—, una meta que ya cumplen algunas entidades. Esa corresponsabilidad financiera es parte de lo que la UASLP ha planteado reiteradamente al Congreso como base para una autonomía financiera real.
El rector detalló que la universidad ha enviado en tres ocasiones un planteamiento formal al Congreso del Estado para definir un porcentaje fijo del presupuesto estatal destinado a la educación superior.
Recordó que en la legislatura pasada hubo acercamientos para avanzar en el tema, incluso una iniciativa formal por parte de un diputado, pero en la actual no ha existido un proceso similar, a pesar de que la propuesta continúa en manos de las y los legisladores.
“En esta ocasión no se ha tenido el acercamiento aunque ya lo tienen los señores diputados en sus escritorios, esta solicitud que hace la universidad”.
También señaló que el propio gobernador había mostrado disposición para analizar un esquema de esta naturaleza, que abarcaría no solo a la universidad sino también a la Normal del Estado y a los institutos tecnológicos. Sin embargo, la falta de acuerdos ha impedido que la propuesta avance.
Aunque el convenio federal–estatal ha pasado casi una década sin cumplirse plenamente, Zermeño indicó que en el ejercicio más reciente la aportación estatal llegó a acercarse al 19 por ciento, un porcentaje mayor al de años previos. El reto persiste, pero la tendencia muestra avances.
En paralelo a la discusión presupuestal, la universidad mantiene como prioridad ampliar su presencia territorial; la institución busca incorporar más municipios a su oferta educativa y fortalecer la cobertura en las regiones donde ya opera. Este enfoque ha formado parte de las conversaciones sostenidas con el Ejecutivo estatal, con la expectativa de continuar ese diálogo con el próximo gobernador.
El rector contextualizó que la Federación ha planteado un incremento nacional de un millón de estudiantes en educación superior antes de que concluya el sexenio; alcanzar esa meta implicaría crear cada año una capacidad equivalente a diez universidades grandes.
Según expuso, el objetivo nacional aún no ha logrado su primera meta anual, lo que refuerza la necesidad de mayores inversiones en expansión educativa.
