Desiree Madrid
Un juez federal concedió una suspensión provisional que ordena detener el nombramiento de la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego de que el aspirante José Édgar Durón Puente promoviera un juicio de amparo contra su exclusión del proceso.
La suspensión otorgada el pasado lunes 9 de diciembre, forma parte del juicio de amparo 1848/2025-VII y, de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado Sexto de Distrito, la Universidad deberá suspender la designación de la dirección de Derecho hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
La resolución judicial precisa que la medida cautelar se concede respecto de la exclusión de la parte quejosa del proceso para elegir a la Dirección de la Facultad de Derecho, consignada en el acta de sesión extraordinaria del 17 de noviembre de 2025.
En ese marco, el juez ordena expresamente que no se nombre director o directora hasta que se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva; la medida surtirá efecto de inmediato y sin que los promoventes deban otorgar garantía, conforme a lo señalado en el expediente.
Durón Puente forma parte del grupo de académicos y maestros inconformes con el proceso para la elección de la nueva dirección, el cual también integran María Suhey Tristán Rodríguez, Elia Edith Argüelles Barrientos, Xochithl Rangel Romero, Violeta Mendezcarlo Silva, Salvador Hernández Peña y Pedro Vladimir Ibáñez García.
La medida adquiere mayor relevancia porque la última terna que fue enviada para su votación al Consejo Directivo Universitario, ya había sido rechazada en un primer momento por el Cuerpo colegiado.
La terna que volvió a enviarse está integrada por Luz María Lastras Martínez, Georgina González Cázares y Jesús Javier Delgado Sam; fue la misma lista que había sido remitida originalmente el 20 de noviembre y que generó protestas y cuestionamientos en la Facultad.
En este conflicto al rededor de la elección, se han sumado señalamientos sobre la forma en que se integró la terna: durante la primera sesión, los consejeros y grupos estudiantiles denunciaron irregularidades, entre ellas la posible participación simultánea de aspirantes en órganos encargados de evaluar expedientes, lo que terminó por suspender la votación y devolver los expedientes al Consejo Técnico para una nueva revisión.
Asimismo, la publicación que documentó la repetición de la terna llamó la atención sobre otro episodio paralelo: la entrega al Consejo Directivo de un oficio de apoyo a la terna que contenía firmas duplicadas y posibles irregularidades en la lista de respaldos, lo cual alimentó aún más la polarización dentro del plantel y las dudas sobre la legitimidad del proceso.
Ese contexto es parte de la disputa que ahora tiene un freno judicial.
Los promoventes sostienen que su exclusión del procedimiento vulnera derechos académicos y normativos que protegen la participación en elecciones internas, por lo que solicitaron el amparo para preservar sus derechos mientras se determina el fondo del asunto.
Desde la óptica administrativa universitaria, la Universidad alega que la terna proviene del Consejo Técnico y que, si cumple requisitos, puede ser presentada ante el Consejo Directivo; esa tensión institucional es la que ahora queda en pausa por mandato judicial.
Con la suspensión provisional vigente, la UASLP queda impedida de nombrar a la persona que dirigirá a la Facultad de Derecho, lo que prolonga un periodo de incertidumbre institucional en un plantel que vive un proceso de cuestionamiento por denuncias de violencia académica y demandas de transparencia.
El siguiente paso será la resolución sobre la suspensión definitiva: si se concede, la paralización podría extenderse y forzar a la universidad a reconfigurar la ruta de selección; si se niega, la UASLP podría retomar el camino para someter la terna a votación.
