Fernanda Durán
En comisiones unidas y sin debate de fondo, el Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen de la iniciativa enviada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que plantea adelantar al 15 de noviembre de 2026 el inicio del proceso electoral, sustituir los debates distritales por debates en municipios grandes y obligar a que en 2027 las candidaturas a la gubernatura sean exclusivamente para mujeres.
La votación se dio en una sesión exprés de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, marcada por nueve votos a favor, una abstención de Morena, con Carlos Arreola; y votos en contra del PAN con Rubén Guajardo y de las diputadas morenistas Nancy Jeanine García y Gabriela López Torres, en contraste con el respaldo cerrado del PVEM, que calificó la reforma como un “hecho histórico”.
Tras pasar lista y declarar el quórum, las comisiones unidas dieron entrada al turno 2547, relativo a la iniciativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para reformar la Constitución del Estado y la Ley Electoral.
El secretario técnico explicó que el proyecto reordena la organización del proceso electoral para que inicie el 15 de noviembre del año previo, garantiza remuneración a integrantes de comités distritales y municipales, crea un procedimiento sumario para la revocación de nombramientos, busca evitar retrasos en materiales y documentación electoral y racionalizar costos, incluso eliminando la entrega física de la Ley Electoral a las personas presidentas de casilla.
En materia de partidos y finanzas, el dictamen delimita la devolución de prerrogativas al 25 por ciento mensual, precisa atribuciones de la Unidad de Fiscalización, ordena la entrega de franquicias postales bajo estándares federales y obliga a informes mensuales sobre el uso de recursos en organismos descentralizados.
En comunicación política, sustituye los debates distritales por debates obligatorios, al menos, en los cinco municipios con mayor lista nominal. En quejas y denuncias, incorpora notificaciones por estrados y la autorización de terceros para recibir notificaciones, además de fortalecer diligencias para mejor proveer.
El eje central del dictamen es la paridad de género. El secretario técnico recordó que la propuesta del Ceepac busca “establecer una regulación constitucional expresa para garantizar la aplicación del principio de paridad en la gubernatura del Estado”, un cargo unipersonal que nunca ha sido ocupado por una mujer.
También recoge el diagnóstico de que 19 municipios jamás han tenido una presidenta municipal y que, en 2024, apenas el 25 por ciento de las alcaldías están encabezadas por mujeres, por debajo del promedio nacional, lo que evidencia una barrera estructural y un “sesgo” que favorece liderazgos masculinos.
Las comisiones fundamentaron el dictamen en los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de México, en la cláusula de “paridad en todo” y en instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y la CEDAW. Se retomaron criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que avalan acciones afirmativas para revertir desigualdades históricas y la obligación de eliminar prácticas discriminatorias.
Con ese marco, el análisis concluye que las reformas son “constitucionalmente procedentes”, necesarias, proporcionales y que fortalecen la democracia local al corregir “rezagos históricos” en la gubernatura y las presidencias municipales.
Tras la exposición técnica, el diputado presidente de la comisión preguntó si alguien deseaba hacer uso de la voz; al no registrarse intervenciones, se procedió de inmediato a la votación. En Puntos Constitucionales, el secretario registró cinco votos a favor y una abstención. En Régimen Interno y Asuntos Electorales, se contabilizaron cuatro votos a favor y dos en contra, entre ellos el de la diputada de Morena, Nancy Jeanine García Martínez, y el del presidente de la comisión, el panista Rubén Guajardo Barrera.
En entrevista, el diputado morenista Carlos Arreola Mallol, presidente de Puntos Constitucionales, explicó su abstención.
Aseguró que su grupo está “totalmente a favor de la progresividad de los derechos humanos, totalmente a favor de la paridad” y de que se conquisten nuevos espacios para las mujeres, pero aún no tienen una definición interna.
“No hemos tenido un contacto directo todavía con nuestra dirigencia, yo voy a votar como me lo indique mi presidenta Rita (…) por eso estimamos prudente en este momento abstenernos”.
Subrayó además que la reforma es amplia e incluye no solo la paridad, sino el adelanto del proceso electoral y la remuneración a consejerías, aspectos que Morena también quiere revisar.
Desde el PVEM, el coordinador parlamentario y secretario de la comisión, Héctor Serrano Cortés, defendió la aprobación y celebró la dimensión política del dictamen.
“Este fue un hecho histórico, y cuando digo que es histórico es porque va a quedar en los anales de la historia, que hoy las mujeres se han encumbrado durante generaciones, en San Luis Potosí, nunca gobernó una mujer”, afirmó.
Calificó de “impresionantemente absurdo y grosero” que los partidos hablen de “cuotas de género” al entregar espacios a mujeres.
“Las mujeres no son cuotas, de nada ni de nadie”, que quienes votaron a favor “hemos acreditado quiénes somos” y el sentido del voto dejará ver quién realmente respalda la igualdad sustantiva y quién solo mantiene un discurso “trillado”.
Consultado sobre el riesgo de simulaciones o de nuevos casos como el de Venado gobernado por el PVEM —donde un hombre, José Reyes Martínez Rojas, se registró como mujer para cumplir con la cuota—, Serrano insistió en que siempre habrá intentos de aprovechar los resquicios de la ley, pero que eso no justifica frenar reformas.
“Sabemos que está prohibido robar y hay quien roba. Sabemos que está prohibido y penado el cometer un delito de extorsión, y hay quien extorsiona. Y parte de la probabilidad a la que estamos obligados todos los servidores públicos tiene que ver con saber que somos confiables y tenemos una obligación, no sólo moral, sino además de conducta institucional”.
También defendió que la iniciativa provenga del Ceepac: recordó que el órgano electoral tiene facultad legal para presentar iniciativas y que su propuesta se sustenta en criterios jurisdiccionales e internacionales.
“¿Por qué vamos a aletargar lo que es un derecho ganado por las mujeres? Es tiempo de mujeres”.
En contraste, la diputada Nancy Jeanine García explicó su voto en contra. “Mi voto fue en contra por una cuestión, a ver, primero muy personal, creo que considero que no es necesario una ley en ese sentido de paridad”, dijo.
Añadió que su postura no implica oponerse a los derechos políticos de las mujeres, sino cuestionar la oportunidad y el procedimiento, además de que la paridad ya está reconocida en disposiciones nacionales y locales y se trabaja en una reforma electoral federal.
“Me pareció que no era necesaria y que esto era la idea de esperar la armonización con la reforma electoral que viene federal”.
También criticó la premura del trámite: no hubo mesas de trabajo, ni deliberación previa en comisiones.
“Todo lo que lleva prisa es como por algo, ¿no? Buscamos los espacios, pero que sea de una manera digna, con legitimidad, con debate, con argumentos”, apuntó.
García defendió que disentir no implica romper con la 4T ni con su bancada. “Discernir o tener una opinión diferente no significa traición, no significa rompimiento (…) justamente es la pluralidad de las izquierdas”, sostuvo, al rechazar que la división de votos entre legisladores afines a la coalición de gobierno deba leerse como fractura.
A pregunta expresa, reiteró que apoyaría la inclusión de un candado contra el nepotismo, en línea con lo planteado por la diputada Gabriela López. No obstante, ese candado no fue incorporado en el dictamen aprobado.
Desde el PAN, el coordinador parlamentario Rubén Guajardo Barrera justificó que no se abriera discusión en la comisión que preside.
“Como presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, no quise poner a debate en la Comisión, pero en el Pleno, cuando se vote este dictamen, habrá un posicionamiento muy claro del grupo parlamentario del PAN”, adelantó, reservando los argumentos para la sesión del domingo.
Cuestionado sobre la cláusula de no nepotismo, respondió que “ese es un tema de Morena, no es del PAN”, y acusó incongruencia al señalar que “Morena aparte lo aplica cuando quiere”, ejemplificando con casos en la Ciudad de México.
Cuestionado sobre si el rechazo del PAN en tribuna tendría alguna incidencia real, dado el bloque mayoritario que podría sacar adelante la reforma, Guajardo recordó que la correlación de fuerzas en el Congreso limita los márgenes de maniobra de la oposición y abrió la puerta a una eventual acción de inconstitucionalidad, aunque esa decisión no correspondería al Congreso del Estado, sino a las dirigencias nacionales.
“No estoy diciendo que el Partido Acción Nacional vaya a presentar la acción de inconstitucionalidad (…) va a ser una decisión que van a tomar en el Comité Ejecutivo Nacional”, explicó, al detallar que solo los partidos con registro nacional pueden promover este tipo de recursos y que las dirigencias estatales funcionan únicamente como representaciones políticas.
Con la aprobación del dictamen en comisiones unidas, la reforma electoral impulsada por el Ceepac quedó lista para discutirse en el Pleno, previsiblemente el domingo.
En Puntos Constitucionales participaron Carlos Artemio Arreola Mallol, Crisógono Pérez López, Héctor Serrano Cortés, y las vocales Roxanna Hernández Ramírez, Jessica Gabriela López Torres, Sara Rocha Medina y Dulcelina Sánchez de Lira.
En Régimen Interno y Asuntos Electorales estuvieron Rubén Guajardo Barrera como presidente, César Arturo Lara Rocha, Luis Fernando Gámez Macías, y como vocales Diana Ruelas Gaitán, Dulcelina Sánchez de Lira y Nancy Jeanine García Martínez.
