Por Victoriano Martínez
Una cosa es dar cuenta de la historia de un personaje que es capaz de imponer sus caprichos en los juegos de poder en la administración pública y otra muy distinta la del ejército de serviles que corresponden mal a la confianza que se supone se puso en ellos a través de una elección popular o un nombramiento indirecto para representar a la población.
Al gobernador Ricardo Gallardo Cardona no le basta su abusivo y perverso concepto que tiene sobre el ejercicio de gobierno para imponerse, sino que necesariamente requiere un séquito de personajes viles en extremo que, oficiosos, por consigna y aun contra sus convicciones, pero siempre por la aspiración a un beneficio particular, le siguen el juego.
El desquite presupuestal contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que recicla lo ocurrido en los últimos cuatro años, describe que cuenta más el servilismo de los diputados que el más mínimo respeto a la dignidad del cargo que ostentan como representantes populares. Independencia de poderes anulada.
Un servilismo que alcanza a los integrantes de organismos autónomos que, como los consejeros electorales, incapaces de dotar de valor a su autonomía instrumentalizan al propio Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para los intereses transexenales de la pandilla en el poder.
La descripción cronológica que hace Fernanda Durán en su columna Ojo de Agua, sobre el verdadero origen de la propuesta del CEEPAC para proponer una reforma electoral que obligue a que en 2027 sólo haya candidatas a la gubernatura resulta reveladora.
21 de noviembre: Paloma Blanco López, presidenta del Ceepac, reporta que sólo tienen observaciones técnicas sobre la elección. “Eso es lo que hay hasta ahorita, observaciones; no hemos trabajado en una iniciativa como tal, si bien ya hay facultades en la ley que nos dan esa posibilidad, no tenemos un documento que haya sido consensuado por el Consejo General aún”.
27 de noviembre: los consejeros electorales se reúnen con los diputados para revisar su presupuesto para 2026. Como se trató de una sesión en privado, no se conocieron los acuerdos, pero los hechos posteriores los revelan.
5 de diciembre: el CEEPAC presenta una iniciativa de reformas a la Ley Electoral, contra lo expuesto menos de dos semanas antes, en la que, por mera casualidad, coincide con la intención del proyecto transexenal de la gallardía: allanar el camino a la postulación de Ruth González Silva a la gubernatura.
11 de diciembre: los diputados aprueban el presupuesto para 2026 que incluye un aumento de 25 millones de pesos al CEEPAC, a la vez que completan la maniobra –seguramente pactada el 27 de noviembre– al aprobar en comisiones las reformas propuestas por el organismo electoral.
Todo listo para que el próximo domingo o lunes la obligatoriedad de que la próxima elección de gubernatura sea sólo para mujeres, y se consume la maniobra de los serviles diputados y consejeros electorales.
Ni los diputados asumen la independencia de poderes como una obligada condición de contrapesos democrática, ni los consejeros electorales su autonomía para anteponer su pertenencia a un organismo ciudadano, guiados por una abyecta actitud como si de ella dependiera mantenerse en un cargo que no están dispuestos a ejercer, pero del que no quieren perder sus privilegios legítimos… e ilegítimos.
