Estela Ambriz Delgado
La crisis hídrica que ya es permanente en la ciudad, no puede comprenderse como un simple problema de escasez, falta de pozos o infraestructura, pues en realidad se trata de un problema estructural, ligado a una profunda desigualdad social. Se requiere una gestión responsable e integral del agua, basada en criterios de justicia social, participación ciudadana efectiva y vinculante, transparencia, sostenibilidad y políticas públicas que aseguren un acceso equitativo.
El investigador del Colegio de San Luis (Colsan), y presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García, abordó la situación hídrica en la zona metropolitana en cuanto a las barreras invisibles que agravan la crisis, a fin de comprender el problema del agua de una manera más amplia en el contexto potosino, y con el objetivo de difundir avances de los resultados de investigación desde las ciencias sociales.
Enfatizó que esta no puede comprenderse como un simple problema de escasez, falta de pozos o infraestructura, como suele transmitirse al grueso de la población, pues en realidad se trata de una crisis estructural que es sostenida por lo que denomina barreras invisibles o poco perceptibles, que son procesos que impiden garantizar un acceso equitativo, seguro, sostenible y digno al agua.
Apuntó que durante años el discurso dominante ha reducido la crisis hídrica a un fenómeno de sequías asociadas al cambio climático o al supuesto mal uso del recurso por parte de un sector de la ciudadanía, y aunque estos factores si influyen, no constituyen las causas estructurales del problema, que suelen omitirse en el debate público.
Entre estas se encuentran el acaparamiento de agua por sectores privados minoritarios, la creciente mercantilización del recurso, un modelo urbano degradante que es alimentado por la especulación inmobiliaria, y un modelo económico insostenible basado en actividades de extracción en una región semiárida como esta, con recursos limitados.
A ello se suma la deficiencia de las gestiones institucionales, que frecuentemente son cooptadas por intereses alineados con estos procesos.
“Las ciencias multidisciplinarias, en conjunto con los saberes ciudadanos de sectores urbanos y rurales, comunidades y de pueblos originarios, nos han permitido demostrar que la crisis hídrica no es solamente escasez, sino una escasez diferenciada. La falta de agua no afecta a todos por igual, porque en el fondo lo que existe es un profundo problema de desigualdad en lo que debería ser un bien común para todos”.
Quintero García indicó que recordar y reconocer esto permite transformar el paradigma de que la crisis no deriva solamente de la escasez, sino de un conjunto de problemas vinculados entre sí, cuyo eje principal es la desigualdad en el acceso al agua y que es causada por este acaparamiento.
Sobreexplotación y degradación ambiental
Señaló que esto además produce una degradación ambiental derivada de la sobreexplotación de los acuíferos y cuerpos de agua superficiales, así como de la ruptura de los ciclos hidrológicos naturales; la evidencia en este sentido es contundente.
Se calcula que el acuífero presenta un déficit de uno a dos, es decir, que se extrae el doble de lo que el acuífero se puede recargar naturalmente. El problema es que estos procesos también han sido impactados por parte de la industria inmobiliaria, porque se han impermeabilizado zonas de recarga, causando que cada sea menos lo que se recarga.
Hizo mención de que la zona metropolitana presenta una asignación desmedida de derechos de agua para particulares, de los cuales no existe monitorización, seguimiento ni regularización. El 91 por ciento de los pozos registrados están bajo control privado, mientras que el nueve restante son con los que se abastece a población y de manera desigual.
“No hay seguimiento, se desconoce cuánta agua extraen de qué zonas, con qué calidad y para qué fines. De lo poco que se ha revelado, una parte importante presenta desvíos de usos, es decir, pozos registrados como agrícolas, que no pagan, en plena zona metropolitana, y en realidad funcionan con fines industriales y comerciales”.
El investigador reveló que se estima la existencia de entre 300 y 350 pozos clandestinos, los cuales se utilizan para el mercado negro de agua, que opera sin controles de extracción ni de calidad, cobra altos costos, y genera riesgos públicos en la salud.
Mientras que grandes zonas del sur, norte, y oriente de la ciudad, padecen tandeos irregulares y abasto insuficiente. En estas áreas en donde se concentran sectores de asentamientos vulnerables, deben recurrir al mercado privado irregular y pagar precios elevados por un servicio que debería ser gratuito.
“En contraste, existen sectores residenciales en zona poniente y en zonas industriales y comerciales, que no enfrentan tandeos ni escasez incluso en temporada de sequías. Aunque en algunos casos albergan equipamientos, infraestructura de altos requerimientos hídricos, lo cual evidencia una distribución profundamente desigual”.
Quintero García indicó que las soluciones que suelen ser planteadas por parte de las gestiones son insostenibles y están basadas únicamente desde enfoques de infraestructura, que en varias ocasiones terminan siendo contraproducentes.
Como ejemplo de ello mencionó la perforación de más pozos que, si bien es una buena medida emergente y factible a corto plazo, resulta en la aceleración también del abatimiento del acuífero a mediano y largo plazo, sumado a que abre la posibilidad de que se mantenga una extracción permanente desde estas fuentes.
Otra medida que se suele implementar es la construcción de más presas y trasvases que, además de ser contraproducentes como el caso de El Realito, también genera graves daños externos ambientales y sociales en ecosistemas, en la biodiversidad y en diversas comunidades.
El presidente del CHE apuntó que este tipo de propuestas no solucionan el problema de abasto y terminan por beneficiar nuevamente a sectores industriales, inmobiliarios o estratos de alto nivel socioeconómico; mientras que las mayorías, particularmente los sectores en condiciones vulnerables, se mantienen igual a lo largo del tiempo.
Mientras, el lanzamiento de campañas sobre el cobro del agua por parte de gestiones dirigido únicamente a la población que, irónicamente, es la que carece del recurso y se le abastece de manera limitada, omite a los grandes acaparadores, contaminadores y deudores que tienen un abasto continuo.
Asimismo, el reparto de cisternas o de accesorios ahorradores en los sectores sociales afectados, lo cual no aporta a la solución del problema y contribuye a ocultar las causas estructurales de los responsables directos, así como omitir la responsabilidad de atender dichas causas, sancionar los daños y perjuicios, y de paso se capitaliza electoralmente.
Quintero García consideró que este contexto demuestra justamente que la crisis hídrica en San Luis Potosí no se explica sólo por la sequía o por el agotamiento físico del agua, sino también por diversos factores que han pasado desapercibidos.
La investigación identifica cinco obstáculos centrales que agravan esta crisis hídrica. Primero, la desigualdad en el acceso, la fragmentación de las instituciones encargadas de la gestión del agua; la difusión y consolidación de la cultura del privilegio en el acceso al agua; la baja participación ciudadana y un modelo urbano industrial que ha ocupado zonas claves de recarga.
Precisó que el abastecimiento de agua de más del 75 por ciento de la población, proviene del acuífero sobreexplotado.
Falta de coordinación y políticas públicas
El investigador refirió que la desigualdad en la distribución del agua no solo refleja diferencias económicas, sino que también condiciona la calidad de vida, la salud y la seguridad de miles de familias.
Además de que las instituciones trabajan por separado, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la Comisión Estatal del Agua (CEA) o Interapas tienen sus propias acciones. Cada una va por líneas distintas, no hay coordinación y eso también obstaculiza una gestión eficiente del recurso.
“Existe esta cultura del privilegio también, que normaliza el consumo desigual y por último la participación ciudadana débil y mecanismos poco confiables; porque si bien estudio nos demuestra que la ciudadanía está interesada en participar en las gestiones, no existen las condiciones ni los mecanismos propicios para que esto se pueda dar.
Por todo ello, la crisis no se resolverá únicamente con más obras hidráulicas, perforaciones adicionales o proselitismos electorales. Se requiere un cambio profundo, una gestión responsable e integral de del agua, basada en criterios de justicia social, participación ciudadana efectiva y vinculante; sin conflictos de interés, transparencia, sostenibilidad y políticas públicas que aseguren un acceso equitativo para todas y para todos”.
Reiteró que la evidencia es clara y arroja que la desigualdad en el acceso es real y la fragmentación institucional debilita las respuestas a esta a esta desigualdad.
“Confiamos en que este esfuerzo en conjunto entre instituciones académicas y algunas gubernamentales, organizaciones civiles, la ciudadanía en general, medios de comunicación, permita visibilizar la magnitud del problema y promover las soluciones colectivas que sean duraderas y efectivas, en beneficio de la población hoy y de los ecosistemas y la biodiversidad”.
