Fernanda Durán
La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzabal, reconoció que, a pesar de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, persisten fallas en la implementación de este derecho en hospitales públicos de San Luis Potosí, particularmente por negativas en la prestación del servicio, situación que obliga al Poder Legislativo a dar seguimiento a las leyes que aprueba para que se traduzcan en políticas públicas efectivas.
En entrevista, la diputada subrayó que la labor del Congreso no concluye con la aprobación de una reforma, sino que debe extenderse a su cumplimiento.
“Cuando aprobamos una ley, después hay que darle seguimiento a lo que se va a convertir en una política pública, porque tenemos que ver que se implemente”, afirmó, al referirse a la interrupción legal del embarazo como un derecho ya reconocido en la legislación local.
Azuara Yarzabal señaló que las denuncias hechas por organizaciones civiles y colectivas feministas sobre la negativa de atención en hospitales públicos serán atendidas desde el ámbito legislativo, además de destacar el papel de estos colectivos como mecanismos de alerta frente a omisiones institucionales.
“Qué bueno que haya este tipo de asociaciones, de organizaciones, para que ellas mismas nos puedan a nosotros estar avisando, estar informando de que en tal o cual hospital las cosas no están funcionando”, expresó.
La legisladora adelantó que el Congreso exigirá explicaciones a las instituciones responsables de la prestación del servicio, incluido IMSS-Bienestar, cuando se detecten irregularidades.
“Esto es un derecho y tenemos que hacerlo efectivo (…) las beneficiarias que lo soliciten sean atendidas conforme a su derecho”, sostuvo, al insistir en que no puede haber discrecionalidad en la atención.
Como parte del seguimiento, Azuara Yarzabal informó que se prevé establecer contacto directo con las direcciones de los hospitales donde existan reportes de rechazo a usuarias.
“Vamos incluso a reunirnos con el director del hospital y hacerles saber y ver que han sido rechazadas algunas personas”, declaró, al enfatizar que las políticas públicas aprobadas por el Congreso “son para exigir” y no pueden quedar en el papel.
Las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Salud se dan luego de que la colectiva ILE advirtiera que, pese a la despenalización, varios hospitales públicos continúan sin brindar el servicio o carecen de personal suficiente no objetor de conciencia.
De acuerdo con información oficial de los Servicios de Salud del Estado, sólo nueve hospitales y unidades médicas reportan brindar la interrupción legal del embarazo, entre ellos únicamente un hospital del ISSSTE, lo que, según la colectiva, deja sin acceso real a mujeres y personas gestantes en al menos nueve municipios.
Entre los casos señalados, la colectiva documentó que el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, identificado por IMSS-Bienestar como unidad que otorga el servicio, en la práctica lo niega y canaliza a las usuarias al Hospital del Niño y la Mujer debido a la alta proporción de personal objetor de conciencia.
También se expuso que en el Hospital General de Ciudad Valles, de 17 profesionales de la salud, 10 se declararon objetores, una proporción que se replica en otros centros; en conjunto, de 87 puestos médicos identificados en las unidades que reportan brindar el servicio, casi uno de cada tres corresponde a personal objetor.
El contexto de estas observaciones se enmarca en el proceso legislativo reciente sobre derechos reproductivos en el estado. La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas fue aprobada en noviembre de 2024, en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un año después, en noviembre de 2025, el Congreso avaló una reforma adicional al artículo 150 del Código Penal con la que se ampliaron las causales de despenalización para incluir casos de estupro, negación de servicios dentro del plazo legal, pobreza extrema y malformaciones fetales, lo que refuerza el marco legal, pero sigue pendiente el reto de su aplicación efectiva en el sistema de salud.
